Córdoba
Contra la nueva justicia gratuita
Día 27/02/2014
El proyecto de ley aprobado el pasado viernes no convencer a los abogados, que consideran que va a supone un serio menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos y piden una reforma dialogada
El rechazo de la abogacía al nuevo proyecto de Ley de Justicia Gratuita ha sido unánime. Para los letrados, los defectos de la nueva norma son variados y suponen a todas luces un menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos. Desde su punto de vista, tal y como aseveró el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, supondrá una burocratización excesiva del servicio, lo que llevará aparejado un incremento innecesario de costes económicos. Asegura que menosprecia la labor de los letrados del turno de oficio, ya que la «pretensión centralizadora» del proyecto podría conllevar una rebaja del 30 por ciento de los módulo de pago en comunidades autónomas con competencias en Justicia. «Entra dentro de la tónica del Ministerio de Justicia, que propone la legislación sin tener en cuenta la opinión de los prácticos», apuntó Garrido.
Uno de los puntos más criticados de la ley es la supresión de la obligación de residencia del abogado del turno de oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados. «Así no se puede dar un buen servicio», dijo el decano cordobés.
De este modo, el proyecto exige al letrado del turno de oficio el «requisito indispensable de que, con independencia de su lugar de residencia o establecimiento, pueda personarse en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo».
Los letrados cuestionan, igualmente, que se vincule el proyecto a la ley de tasas por cuanto la justicia gratuita es un derecho constitucional y, como tal, ha de sufragarse por las Administraciones Públicas competentes. Afirman que la ley de tasas, una norma con amplio rechazo social, político y judicial, está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad (Canarias, Aragón, Cataluña, Andalucía y PSOE) y de varias cuestiones de inconstitucionalidad.
Los abogados también aseguran que los nuevos importes establecidos para el acceso a la justicia gratuita «son engañosos». Antes de la reforma se requería un umbral de 12.780 euros anuales, mientras que ahora se incrementa a 14.910 euros. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del intervalo es de apenas 80 euros mensuales.
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