martes, 15 de abril de 2014

LAS ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE OFICIO, PLATEAN ANTES LOS GRUPOS POLITICOS, ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA


AL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA (La Izquierda Plural)
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


D. ÁNGEL FRANCISCO LLAMAS LUENGO, actuando en nombre de la
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO Y
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA” (C.E.A.T.);


D. TEODORO MOTA TRUNCER, actuando en nombre de la
“ASOCIACIÓN LIBRE DE ABOGADOS” (ALA);

Dª. VIRGINIA INÉS PARRA VILLEGAS, actuando en nombre de la
“ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ABOGADOS DE EXTRANJERIA DE
MADRID"  ( APAEM); y

D. ANTONIO AGÚNDEZ LÓPEZ, actuando en nombre de la
“ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO”
(ALTODO); 
 

comparecen y, señalando como domicilio a efectos de notificaciones el

despacho profesional de D. ANTONIO AGÚNDEZ LÓPEZ, sito en Madrid, C/
Marquesa de Silvela, nº 13, Bajo-F (CP 28026).
 D I C E N :
1º) Que las CUATRO ASOCIACIONES PROFESIONALES que

representan tienen entre sus fines, entre otros, la protección de los
intereses de los abogados inscritos en el Turno de Oficio de distintos
Ilustres Colegios de Abogados del territorio español, así como la
promoción del derecho de defensa jurídica de todos los ciudadanos.

2º) Que habiéndose iniciado la tramitación parlamentaria del
PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, el texto
presentado a la Cámara no sólo limita y dificulta gravemente el
básico derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos, pilar de
todos los derechos, sino que además introduce un cambio de sistema
 
que supone el futuro desmantelamiento de un servicio público, el
de la prestación de la Asistencia Jurídica Gratuita a través de los
Colegios de Abogados, de calidad contrastada año tras año.
3º) Que las Asociaciones abajo firmantes les solicitan sean tenidas
en cuenta por su Grupo y se les haga partícipes en los procesos
consultivos y de diálogo que se mantengan en referencia a todas

las cuestiones relacionadas con la Justicia, y especialmente en
materia de la Asistencia letrada al Detenido, Turno de Oficio y regulación
del servicio público de Asistencia Jurídica Gratuita.
Por todo ello,

SOLICITAMOS AL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA

(La Izquierda Plural): Tenga por realizadas las anteriores manifestaciones, y
previa deliberación sobre su oportunidad, proponga en tiempo y forma
 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD con solicitud de devolución al Gobierno de
España del citado PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA

GRATUITA, para la elaboración de un texto consensuado con los órganos
institucionales de la Abogacía y las Asociaciones profesionales de Abogados
del Turno de Oficio, que garantice la prestación del servicio público y la
salvaguarda del Derecho Fundamental a una tutela judicial efectiva consagrado
en el Art. 24 de la Constitución Española; teniendo asimismo a las
 
Asociaciones abajo firmantes como interlocutores en futuros procesos
consultivos o de diálogo que se inicien en materia de Justicia.


Madrid, a 8 de abril de 2014.

 
Dª VIRGINIA I. PARRA VILLEGAS D. TEODORO MOTA TRUNCER
Presidenta APAEM Comisión del Turno de Oficio ALA
D. ÁNGEL FCO. LLAMAS LUENGO D. ANTONIO AGÚNDEZ LÓPEZ
Presidente C.E.A.T. Presidente ALTODO


SUSCRIBEN LA PRESENTE
PETICIÓN:

www.abogadosdelturnodeoficio.es www.apaem.es ala.org.es www.altodo.org

jueves, 10 de abril de 2014

EL DECANO DE BARCELONA ARRECIA LA CRITICA Y CONTRIBUYE AL " NO" AL PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA

Oriol Rusca lleva al Congreso su lucha contra el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita promovido por Gallardón

 
la foto (2)El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, ha entregado hoy a los partidos catalanes con representación parlamentaria sus enmiendas al proyecto de Ley de Justicia Gratuita, aprobado el pasado 21 de febrero por el Consejo de Ministros. Durante toda la mañana se ha reunido con los diputados Joan Coscubiela (ICV), Dolors Montserrat (PP), Jordi Jané (CiU), Alex Sáez (PSOE) y la senadora Ester Capella (ERC), para explicar el gran retroceso que sufrirá el actual sistema de Justicia Gratuita y Turno de Oficio en el caso de que el Congreso apruebe la norma tal como está redactada en estos momentos. “Se puede poner en peligro un servicio público que actualmente funciona bien y que permite acceder a los ciudadanos sin recursos a la Justicia”, ha señalado el decano del ICAB a las puertas del Congreso, tras los encuentros con los distintos políticos. Además, Rusca ha afirmado que sus críticas al proyecto promovido por Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido muy “favorablemente” acogidas por los diputados.
Para el ICAB resulta intolerable que el proyecto de justicia gratuita considere un abuso del sistema ‘por parte de los ciudadanos’ la necesidad de tener que recurrir tres veces en un año al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
Además, el Colegio ha denunciado que el proyecto de justicia gratuita conlleva un incremento de los trámites que se deben hacer para solicitar el beneficio de la Justicia gratuita, por tanto, más burocratización y gasto público innecesario, dado que el 95% de las resoluciones de la abogacía catalana son ratificadas por la Administración, por lo que mantener este sistema supone una doble estructura que dilata inútilmente el reconocimiento definitivo del derecho a justicia gratuita. Por este motivo, Rusca ha criticado que con esta medida no se busca la calidad del servicio así como la falta de sensibilidad del Ministerio de Justicia hacia un servicio público esencial como es el Turno de Oficio prestado por letrados con alta formación y experiencia.
El ICAB también ha lamentado la insuficiencia de recursos destinados al ámbito de la Justicia, y muy especialmente para sufragar el coste del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido. Rusca ha mostrado una vez más el rechazo de la abogacía a que la ley de tasas judiciales sirva para contribuir al pago de la justicia gratuita. Además los datos del propio ministerio demuestran que esta medida recaudatoria no ha alcanzado la cifra prevista, ni que se estén utilizando las tasas para garantizar el servicio.
El proyecto de ley de justicia gratuita tampoco resuelve las problemáticas actuales de los abogados adscritos al TO. La homogeneización a la baja de los módulos de pago, los pagos impuntuales, la falta de traductores que permitan la comunicación cliente -abogado para todo el proceso, o que se limite la libertad e independencia del criterio del abogado en el ejercicio de sus funciones son algunos de los principales aspectos que el Colegio de Abogados de Barcelona quiere resolver durante la tramitación de la nueva ley de justicia gratuita. Por este motivo, Rusca ha considerado  injusto que en la redacción de la Ley no se haya tenido en cuenta la opinión de los abogados que prestan el servicio, lo que muestra el desprecio hacia el trabajo del abogado de oficio, ya que la no resolución de estas situaciones va en detrimento del servicio al ciudadano que ve malversado su acceso a la justicia.
El decano de los abogados de Barcelona también ha aprovechado las reuniones mantenidas hoy con los diferentes partidos políticos para reivindicar la erradicación del proyecto de ley de Colegios y Servicios profesionales, así como el de jurisdicción voluntaria. Las dos iniciativas legislativas no sólo perjudican al colectivo de los letrados, sino también a los ciudadanos que verán mermado el servicio que se les presta.
Rusca también tiene previsto reunirse próximamente con la Comisión de Justicia del Congreso, con los senadores catalanes y realizará otras visitas institucionales, como por ejemplo con la presidenta del Parlamento catalán o la Defensora del Pueblo.

domingo, 6 de abril de 2014

El PAR reclama financiación para el turno de oficio

Presenta una iniciativa en las Cortes de Aragón

El vicepresidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz en las Cortes de Aragón, Alfredo Boné, ha presentado una iniciativa para "seguir garantizando el acceso a la tutela de la justicia gratuita y del abogado del turno de oficio a todos los ciudadanos, mediante umbrales socioeconómicos adecuados para la actual coyuntura socioeconómica".

La pregunta, lógica y razonable, seria la siguiente: ¿  No sería congruente, con lo solicitado, que para una mayor o alguna credibilidad a su iniciativa, SE PROCEDIERA AL PAGO DEL AÑO QUE SE ADEUDA EN ESTE MOMENTO A LOS ABOGADOS DE OFICIO, POR PARTE DE LA DGA.
Un año Sr. Boné, de atrasos en Aragón, la Comunidad Autónoma, que más TIEMPO TARDA EN ESTE MOMENTO EN PAGAR A LOS ABOGADOS DE OFICIO.

Empiece por hacer efectiva, su propuesta en el Territorio, y quizás, si tuviera abonado, como la Comunidad  Cántabra, todas las retribuciones de sus abogados del turno de oficio, podríamos        " empezar" a creerlo, mientras no se esfuerce..... de verdad, no merece la pena, y disminuye su credibilidad Sr. Boné.

Asociación Zaragoza. Turno de Oficio ( ZATURNO)

jueves, 3 de abril de 2014

MAS OBSTACULOS A LA JUSTICIA GRATUITA

La recaudación de las tasas judiciales de 2013 no fue destinada a la financiación de la justicia
Más obstáculos a la justicia gratuita
El Ministerio de Justicia aprueba una normativa que deja en el aire la financiación del turno de oficio y baja el umbral de acceso.
Redacción
02/04/14 · 8:00
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El pasado 25 de marzo finalizó el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de Ley de Justicia Gratuita, un nuevo texto que regula el trabajo de los letrados del turno de oficio y que ha encendido la alarma entre estos profesionales.
Aunque desde el Ministerio de Justicia han proclamado cómo, con la nueva normativa, este servicio jurídico será accesible para más gente, organizaciones de letrados del turno de oficio lo han desmentido. “Esto dicen al ciudadano, pero en realidad estos beneficios no existen porque están enmascarados por resquicios legales”, explica Al­berto Verón, Vicepresidente de la Confederación Española de Aboga­dos del Turno de Oficio (CEAT).
Según señala Verón, antes se utilizaba el salario mínimo interprofesional, pero ahora han puesto el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para marcar el umbral de acceso, lo que supondrá una subida del umbral de sólo 80 euros para familias de más de dos miembros y una bajada de los 14.910 euros anuales a los 12.780 euros para familias de un solo miembro.
A la reducción del umbral de acceso se le añade un aumento de la burocracia ligada al sistema de justicia gratuita, que pasará por confirmar el abogado de turno de oficio por parte de la persona asistida cada vez que se presente un recurso, el cobro de la consulta previa si finalmente el usuario no tiene derecho al servicio de justicia gratuita, o el cobro posterior si la persona asistida pasa a tener una mejor situación económica. “La reforma argumenta que es para evitar el fraude de ley y acusa a los ciudadanos de hacer un uso fraudulento de este servicio público, como en el caso de la sanidad”, subraya Luz Elena Jara, miem­bro de la Asocia­ción Libre de Abogados (ALA), quien señala cómo el nuevo texto convierte a los letrados de turno de oficio en “recaudadores para la Administración”.
Población sin acceso
A pesar de que desde el Ministerio de Justicia ha hecho énfasis en el aumento de colectivos que tendrán acceso a este servicio, entre los que cuenta a las víctimas del terrorismo, violencia de género y de accidentes con secuelas permanentes, independientemente de su renta, Verón señala que, en la práctica, la puesta en marcha de la nueva normativa va a dejar abandonados a muchos colectivos, uno de ellos las citadas víctimas de violencia de género. “Si no se alcanza una sentencia condenatoria, a la hora de pedir medidas cautelares van a quedarse sin acceso al servicio de justicia gratuita, y en un 60% de los casos hay retirada de denuncias, por las condiciones personales, por coacciones o miedo”. El colectivo de migrantes en situación irregular es otro de los que se quedará sin apoyo legal a raíz del texto, ya que, según subraya Verón, “se les va a pedir unos requisitos de documentación que no tienen”.
Otra novedad del proyecto de ley es la inclusión de sanciones dirigidas expresamente a los letrados de turno de oficio. “Ahora piden al Colegio de Abogados que controle las resoluciones favorables y desfavorables, si hay quejas, y que de todo eso se informe al Ministerio de Justicia”, explica Jara, que subraya la desconfianza de la Administración hacia este colectivo de abogados. A ello va unido, según Verón, una rebaja del 30% en los módulos de pago a los letrados.
“Lo primero es que no existe presupuesto para la justicia gratuita, no se ha asignado un presupuesto”, explica Jara. Según señala esta letrada de ALA, para el año 2014 se ha aprobado un presupuesto de 31 millones de euros, y sólo en Madrid se han gastado 40 millones. “Somos 5.000 letrados en diferentes turnos en las jurisdicciones Penal, Civil, Mercantil, Social... Y obviamente, si no se establece un presupuesto adecuado, difícilmente se podrá ejecutar una reforma. Sin dinero no hay justicia, y eso es lo que está ocurriendo actualmente”. No son los únicos que apuntan hacia el abandono económico de este servicio. El Consejo General del Poder Judicial también subrayó en su informe al anteproyecto de ley “la omisión de capital importancia” que suponía que no se concretaran los recursos económicos del servicio de justicia gratuita.

Tasas y justicia gratuita
El Ministerio de Justicia no ha destinado un solo euro de las tasas a la justicia gratuita. Por el contrario, se ha reducido el servicio”, denuncia Jara. Según datos aportados a DIAGONAL por el Ministerio de Justicia, durante 2013 se recaudaron casi 316.490 euros, una cifra considerable pero muy lejos de los 300 millones que esperaban recaudar durante el pasado año, y que iban a estar vinculados a la financiación de la justicia gratuita. Tampoco esto último se ha llevado a la práctica.
“La recaudación de las tasas judiciales son ingresos de la Hacienda Pública sin afectación concreta a una finalidad y se destinan a financiar el conjunto de los gastos del Estado”, ha confirmado a este periódico el departamento de prensa del Ministerio de Justicia, desde donde se afirma que fue en la reunión sectorial del pasado 13 de diciembre cuando el Ministerio se comprometió a desviar estos fondos a las comunidades autónomas para que hagan frente a los “sobrecostes” que, según sostienen desde el Ministerio, conllevará la nueva normativa.
“La afrenta que hace Gallardón a este colectivo es totalmente malintencionada, porque lo que pretende es precisamente acabar con el turno de oficio”. Jara recuerda cómo, en 2008, la Comunidad de Madrid ya trató de privatizar el Servicio de Orientación Jurídica para Mayores mediante un convenio con el grupo Legálitas, pero el acuerdo fue paralizado gracias a las movilizaciones de los letrados del turno de oficio. “Nos costó mucho esfuerzo detener eso”, señala Jara.
Realizar paros de 15 minutos, la suspensión del servicio, protestas diarias en Plaza de Castilla y la constitución de una plataforma con otras asociaciones, como se ha hecho ya en Reino Unido frente a los recortes en justicia gratuita, son algunas de las propuestas de acción que se expresaron, el pasado 25 de marzo, en una asamblea informativa sobre el proyecto de ley de Justicia Gratuita a la que asistieron 200 letrados y que fue convocada por CEAT, Altodo Madrid, ALA y la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM).

martes, 1 de abril de 2014

FINALMENTE EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA RECHAZA EL PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA, QUE YA HABIA SIDO RECHAZADO, POR DECANOS EN PARTICULAR​, ASOCIACION​ES DEL TURNO DE OFICIO Y LETRADOS INDIVIDUAL​ES

La Abogacía rechaza el proyecto de Ley de Justicia Gratuita por su perjuicio a ciudadanos y abogados adscritos al Turno de Oficio

  • Rueda de prensa de la vicepresidenta 1ª de la Abogacía Española y decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, el vicepresidente 2º y decano de Barcelona, Oriol Rusca, y el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Javier Lara
La vicepresidenta 1ª del Consejo General de la Abogacía Española y decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, el vicepresidente 2º y decano de Barcelona, Oriol Rusca, y el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo y vicepresidente de la Abogacía, Francisco Javier Lara, han mostrado durante una rueda de prensa su rechazo al proyecto de Ley de Justicia Gratuita, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados.
Gumpert, Rusca y Lara han informado sobre las graves consecuencias que la aprobación del actual proyecto de Ley de Justicia Gratuita tendrá para los ciudadanos y los abogados adscritos al Turno de Oficio. Se está ultimando el Plan de Acción que el Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados realizarán sobre este asunto.
El presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Francisco Javier Lara, ha destacado que la Justicia Gratuita “es un servicio de calidad, basado en el contacto personal, la cercanía y la proximidad del abogado con el ciudadano. Este principio se romperá con la aprobación del proyecto de Ley, produciéndose una merma en la calidad del servicio. Debe continuar siendo un servicio público esencial con cargo a los presupuestos generales del Estado”.
Lara ha recordado que con el proyecto de Ley, el Servicio de Orientación Jurídica dejará de ser gratuito para el ciudadano, a quien se le devolverá el importe cobrado sólo si obtiene el beneficio de Justicia Gratuita.
PERJUICIOS AL CIUDADANO
Gumpert, Rusca y Lara han destacado que los nuevos importes establecidos por el proyecto de Ley para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos. Perjudican a las unidades familiares con una sola persona ya que antes de la reforma se requería un umbral de 14.910 euros anuales, mientras que ahora se reduce a 12.780 euros. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales.
El proyecto de Ley no resuelve los problemas reales de los ciudadanos, sino que perjudica la actual prestación de este servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana. Además quiebra el criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a Justicia Gratuita al extender este derecho a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas), al margen de sus recursos económicos. En un contexto de recortes generalizados, ampliar este reconocimiento puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos y abocar a graves situaciones de viabilidad económica del Servicio de Justicia Gratuita.
TERRITORIALIDAD Y MÁS BUROCRACIA
El suprimir la obligación de residencia o establecimiento del abogado del Turno de Oficio en el lugar de asistencia al beneficiario de Justicia Gratuita imposibilita la atención inmediata y cercana a los ciudadanos, según la Abogacía. Será de imposible materialización el cumplimiento del plazo de asistencia letrada en tres horas cuando un abogado de Cádiz pueda atender a un ciudadano en Santander, especialmente en la asistencia a detenidos en dependencias policiales o en juzgado, teniéndose que abrir un nuevo período de tres horas, mientras el detenido espera la atención letrada. Esta medida dificultará además enormemente el control deontológico de los Colegios de Abogados al tener que sancionar las conductas negligentes de letrados que no están adscritos a su demarcación territorial.
Se burocratiza en exceso la Justicia Gratuita generando costes innecesarios al requerir la ratificación del beneficiario y justificación del mantenimiento del derecho para presentar recursos, al prever la revisión periódica de la concesión del beneficio como mínimo cada cuatro años y al imponer a los abogados obligaciones informativas y de traslado de resoluciones, cuyo incumplimiento conlleva la imposición de sanciones desproporcionadas.
Por otro lado, el proyecto de ley prevé un mecanismo de ratificación por el beneficiario de Justicia Gratuita que vulnera el derecho de defensa que obliga al abogado a interponer acciones y recursos en beneficio de los intereses encomendados. Además, se complicará significativamente la gestión administrativa de los Colegios de Abogados al tener que tramitar un nuevo expediente transcurrido un año desde la concesión del derecho, incrementando la burocracia y los gastos administrativos. La norma en trámite parlamentario abre una posibilidad indeseada de dilaciones procesales.
GARANTÍA DEL COBRO POR EL ABOGADO Y FINANCIACIÓN PÚBLICA
El proyecto de Ley ni respeta ni dignifica el trabajo de los abogados del Turno de Oficio al no actualizar los baremos de retribución del servicio de acuerdo con la importante labor social que desempeñan ni garantiza el cobro de todas las actuaciones que lleve a cabo el letrado ni asegura el pago puntual por las diferentes Administraciones de Justicia.
La norma en tramitación supone una invasión de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago del Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia. Además, el proyecto prevé que los abogados asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido.
El texto aprobado por el Gobierno no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita y sigue vinculando las tasas judiciales a la Justicia Gratuita, cuando es un hecho notorio que lo recaudado no se ha destinado a un Servicio que garantiza la defensa de los derechos fundamentales. Las tasas judiciales han demostrado el fracaso de la recaudación y el triunfo de la disuasión, con una reducción de los asuntos judiciales que llega hasta el 40% en la jurisdicción contencioso-administrativa.
RECHAZO A LA SOSPECHA SOBRE EL CIUDADANO
Se establece una sospecha hacia los  ciudadanos que soliciten tres veces año el beneficio de Justicia Gratuita, salvo en el orden penal, que serán investigados específicamente.
La presunción de abuso por los ciudadanos y el engaño en el umbral de acceso recogidos en el proyecto de Ley de Justicia Gratuita sumados a la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana añaden más dificultades para el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus derechos fundamentales.