viernes, 28 de febrero de 2014

EL SINDICATO DE SECRETARIOS JUDICALES, EN CONTRA DEL PROYECTO DE JUSTICIA GRATUITA

El Sindicato de Secretarios Judiciales avisa de que la nueva justicia gratuita abre la puerta a considerarla inviable

Pide al Ministerio de Justicia que detalle los ingresos obtenidos por las tasas y cómo los invertirá en la Justicia Gratuita
   MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
  El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha advertido de que el proyecto de ley de Justicia Gratuita abre la puerta a considerar este servicio "económicamente inviable" al vincularlo con la suficiencia de recursos presupuestarios y pone a la ciudadanía "bajo sospecha". Además, ha exigido al Ministerio de Justicia que detalle cómo se vinculará a las tasas.
   La asociación ha criticado que el proyecto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, recurre al "abuso ciudadano" como una excusa para recortar una vez más los servicios públicos, sin ofrecer ningún dato que cuantifique los posibles abusos. "El Ministerio de Justicia vuelve a acusar a la ciudadanía de colapsar el sistema·, ha añadido sobre la necesidad de que el ciudadano justifique la necesidad de su solicitud en caso de recurrir a la justicia gratuita tres veces al año.

   Ha reprobado la "vinculación" entre la Justicia Gratuita y las tasas judiciales, mientras que ha apuntado que el Ministerio de Justicia no ha explicado cómo han revertido los ingresos obtenidos con estos gravámenes en este servicio. Para el SISEJ, las tasas han abierto una "brecha social inflanqueable" entre los litigantes que pueden asumir su coste y los que renuncian a acudir a los tribunales por culpa de su elevado importe.
   En este punto, ha denunciado las tasas impuestas a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social   para recurrir sentencias por despidos, modificaciones laborales, incapacidades, reclamaciones de cantidad, sanciones y demás asuntos en el orden Social.

USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS

   El sindicato ha calificado también de "cínico" que se informe de las "bondades" de la mediación sin garantizar que será pública y gratuita y ha precisado que el solicitante deberá satisfacer los gastos de la sesión informativa inicial si no se le reconoce el derecho a justicia gratuita. "Con ello se deriva a la persona en situación de solicitar este derecho a un sistema de pago desde la primera sesión", ha añadido.
   Por todo ello, SISEJ ha abogado por un "uso racional y eficiente de los recursos públicos" al considerar que los problemas de la Justicia son de carácter organizativo y ha reclamado que el Ministerio de publicidad a los ingresos derivados del pago de las tasas y cómo los invertirá en el sistema de Justicia Gratuita.
   "Frente a un discurso generalizado de falta de medios que no cuestiona la anquilosada, ineficaz y estéril estructura de la justicia, que está dando cobertura a la ofensivaprivatizadora y limitadora de derechos en Justicia del tándem Rajoy/Gallardón, apostamos por incidir en una nueva configuración de la Administración de justicia que optimice recursos personales y materiales en una Administración Pública, eficaz, homogénea y accesible a la ciudadanía", ha concluido en un comunicado.

viernes, 21 de febrero de 2014

LA ABOGACIA CATALANA CONSIDERA " INJUSTO" EL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA

El Consejo de la Abogacía Catalana ha considerado injusto el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita anunciado este viernes por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, al considerar que se trata de "otro servicio público que quedará dañado por el Estado.
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El Consejo de la Abogacía Catalana ha considerado injusto el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita anunciado este viernes por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, al considerar que se trata de "otro servicio público que quedará dañado por el Estado".
En un comunicado, el consejo ha criticado que el proyecto cubre con fondos públicos a personas que tienen suficientes recursos económicos y, al mismo tiempo, no garantiza la financiación adecuada para el mantenimiento del sistema.
Los abogados catalanes han lamentado también la invasión de competencias autonómicas y han asegurado que el proyecto mantiene una duplicidad en la tramitación que supone un gasto público innecesario y representa una "burocratización" del turno de oficio.
(Europa Press)
                             

ABOGADOS VALENCIANOS, SE REVELAN FRENTE AL PELIGRO DE DISMINUCION DE LA CALIDAD EL TURNO DE OFICIO

Los abogados ven peligrar la calidad del turno de oficio por el recorte del 35% en sus honorarios

El recurso interpuesto por los colegios profesionales de la Comunidad contra la orden de baremos de 2012 se resolverá en abril

20.02.2014 | 01:03
Representantes del turno de oficio y de los colegios de abogados, ayer en Elche.
Representantes del turno de oficio y de los colegios de abogados, ayer en Elche.
El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), que incluye a los ocho colegios profesionales de la Comunidad, se reunió ayer en Elche para abordar lo que, según consideran los letrados, es una situación que pone en riesgo el mantenimiento del servicio público de asistencia jurídica gratuita. Los abogados del turno de oficio (cerca de 3.000 en la Comunidad y unos 250 en Elche) están cobrando desde hace dos años un 35% menos, además de que perciben sus honorarios con retraso. En la actualidad, la Conselleria de Justicia les debe el tercer trimestre de 2013 (que debía haberse cobrado el 1 de diciembre), lo que supone casi 3,5 millones de euros atrasados.
Al margen de los retrasos, lo que mantiene en pie de guerra a los colegios de abogados en contra de la Conselleria de Justicia es la orden 2/2012, que fijó los precios que la administración pagaría por los servicios de turno de oficio, que se prestan cada año a más de 200.000 valencianos que no tienen recursos para costearse un abogado. El secretario técnico y letrado asesor del CVCA, José Andújar, manifestó que «la orden se aprobó con el rechazo casi unánime de los letrados básicamente como una imposición y de media ha reducido un 35% las retribuciones globales de los abogados, por lo que el Consejo por unanimidad decidió interponer un recurso contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y ahora se ha fijado para el 8 de abril la deliberación y fallo, por lo que esperamos conocer la sentencia a finales de abril».
La decana del Colegio de Abogados de Elche, María del Carmen Pérez, valoró ayer que «el rechazo a esa reducción (de los baremos por los que se les paga) fue unánime porque llegaba después de que estuvieran congelados desde 2005; en 2012 no solo no los actualizaron sino que los rebajan un 35%, lo que es un verdadero atropello que no contó con el consenso del colectivo de abogados».
La coordinadora de la Comisión del Turno de Oficio del CVCA, Ángela García, manifestó ayer que «estamos hablando de un servicio público y cualquier restricción y limitación de la partida que cubre ese derecho de defensa es tanto como limitar el derecho de defensa, por lo que efectivamente supone una restricción de los derechos de los ciudadanos».
En su recurso, el CVCA solicita que se retomen los baremos de 2005 y que se apliquen con carácter retroactivo en los últimos dos años, y argumenta motivos formales y de fondo, entre ellos que no se elaboró una memoria económica como exige la ley o que los baremos para cada tipo de trámite o de servicio se han fijado de una forma aparentemente arbitraria, sin tener en cuenta que según la ley las retribuciones a los abogados de oficio tienen que alcanzar para «indemnizar» el coste en el que han incurrido los letrados al aceptar, por decirlo de alguna forma, representar a un ciudadano de forma gratuita. No solo las cantidades fijadas no cubren los costes, sino que según Andújar se da la circunstancia de que en algunos procedimientos los letrados acaban trabajando para ganar un euro la hora, después de poner a disposición sus despachos y teniendo en cuenta todos sus gastos, incluida la cuota de autónomos.
«Sangrante»
La presidenta del turno de oficio en Elche, María Pilar Peña, concretó que por actuaciones de extranjería se pagan 40 euros, por una demanda social por ejemplo por un despido 80 euros o por unas diligencias preliminares en jurisdicción civil 12 euros. «Esas cantidades son sangrantes y no compensan el trabajo que hacemos», aseguró, aunque puntualizó que «hace dos años que sufrimos esta bajada y creo que por parte de la generalidad de los abogados se actúa igual que antes, procuramos que no se perjudique a los ciudadanos pero a nosotros sí que nos perjudica y mucho, porque hacemos mucho más trabajo de oficio ganando menos y a pesar de eso seguimos esforzándonos por dar un buen servicio», aseguró.
Ángela García añadió a este respecto que «se está trabajando gratis y esta función social de la justicia gratuita la cumple la abogacía y no la Conselleria», cuando en realidad es la administración la que debe asegurar que todos los ciudadanos sin ingresos puedan disponer de abogado.

miércoles, 19 de febrero de 2014

LA ABOGACIA DEL TURNO DE OFICIO SE CONVOCA EN SU III CONGRESO ESTATAL



Estimados compañeros:


     Tras la celebración del “II CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO” en Córdoba hace casi tres años con el importante apoyo recibido, los abogados que prestamos el Turno de Oficio hemos continuado con los mismos problemas (la mayor parte de ellos más agravados si cabe), a los que se han venido añadiendo los derivados de las nuevas leyes ya aprobadas o de iniciativas legislativas que están por venir (como la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la futura Ley de Servicios Profesionales).



     Los abogados adscritos al Turno de Oficio somos los primeros que comprobamos que la prestación del servicio con las precarias condiciones y grandes limitaciones existentes, así como con la nueva normativa aprobada (como la conocida “Ley de Tasas”) o la referida en camino, no sólo ataca al profesional sino que pone en peligro el derecho fundamental de todos a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado por nuestra Constitución y que es uno de los más importantes avances de las sociedades democráticas modernas recogido en los principales pactos sobre derechos humanos.



     En apenas tres años se producirá el cuarto centenario del fallecimiento del insigne teólogo, filósofo y jurista español D. FRANCISCO SUÁREZ, uno de los padres del moderno Derecho Internacional y catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares. Y pese al tiempo transcurrido desde que fueron enunciados y desarrollados, parece que nunca pierden actualidad muchos de sus principios y conceptos jurídicos. Como, por ejemplo, que es esencial a la ley que dicte lo que es justo, y que una ley justa presenta tres condiciones: que se promulgue para el bien común, que se promulgue entre todos aquellos sobre los que el legislador tenga autoridad y que distribuya las cargas de manera equitativa. O también, que la delegación del poder político no significará una renuncia del pueblo a sus derechos naturales, por lo que el gobernante no podrá actuar contra el pueblo bajo ningún concepto.



     Es por ello que se ha convertido en una obligación ineludible por parte de la CONFEDERACIÓN la organización del “III CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO” en la ciudad de Alcalá de Henares los próximos días 7 y 8 de marzo, al cual os invitamos, a fin de unirnos para tratar todos los problemas que se nos presentan, buscar las soluciones y plantear nuestras justas reivindicaciones ante todos los organismos e instancias, para lo cual contamos con el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, así como con el aliento y la calurosa acogida tanto de la abogacía alcalaína como de la madrileña en su conjunto, y todo ello a desarrollar en el marco inmejorable de la ciudad complutense declarada Patrimonio de la Humanidad, que comprende la Universidad de Alcalá y su Facultad de Derecho elegida como sede.



     No se puede terminar esta invitación sin hacer una referencia a otro ilustre alcalaíno, el conocido “Príncipe de los Ingenios” de lasFoto Plaza de Cervantes Letras Españolas, D. MIGUEL DE CERVANTES, para animar a todos a vuestra participación así como a aportar vuestras ideas para que los Abogados del Turno de Oficio no seamos considerados “Quijotes luchando contra molinos de viento”, sino unos profesionales unidos, concienciados frente a los problemas en su asunción y búsqueda de las soluciones y reivindicaciones, y con los pies en el terreno como garantes de los derechos de todos.



     Os esperamos.



     ÁNGEL FRANCISCO LLAMAS LUENGO
     Secretario del Comité Ejecutivo de la
     CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
     ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO
     Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
 

miércoles, 5 de febrero de 2014

LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO CELEBRAMOS NUESTRO TERCER CONGRESO

 

informate

http://www.congresocat.com/categoria/index.php?id_categoria=1&id_subcategoria=10






ANTE LA CELEBRACION DEL III CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO (III CAT´14)

Queridos compañeros:

Los próximos días 7 y 8 de Marzo vamos a celebrar, en la universitaria ciudad de Alcalá de Henares, el III Congreso Nacional de Abogados del Turno de Oficio (III CAT´14) que organiza la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuíta (CEAT) con la inestimable colaboración de los compañeros que forman parte de la Asociación alcalaína ACATO, miembro cofundador de aquélla. Cita importante para cualquier Abogado, pero imprescindible para quien además desempeñe el Turno de Oficio y/o la Asistencia Jurídica Gratuíta en cualquier lugar de España.

Desde los tiempos tan entrañables como ciertamente duros e ingratos del I CAT´09, celebrado en Gijón, mucho camino hemos hecho al andar, que diría el poeta, y muchas cosas han sucedido en nuestra profesión. Lo que en aquel momento se dio en llamar “el espíritu de Gijón” continúa vigente hoy en día, y fruto de ese encomio desinteresado, idealista y casi utópico, fue la elaboración de los Estatutos de lo que hoy es la Confederación y el posicionamiento claro y diáfano de la CEAT como bastión irreductible de la defensa a ultranza, sin concesiones a la galería, de los intereses profesionales de todos los Abogados de España y especialmente de quienes servimos al Estado en la previsión constitucional de su artículo 119.

Se han convertido en cita tradicional nuestros sucesivos Congresos Nacionales; después del primero en Gijón, en el año 2.011 fue en Córdoba y ahora, en Alcalá de Henares. Ponentes de la categoría profesional, intelectual y mediática como Javier Gómez Bermúdez (Magistrado de la Audiencia Nacional) o Javier Nart (insigne compañero de Barcelona) han sido sólo algunos de los más preclaros ejemplos de la elevada calidad técnica de los participantes en ediciones anteriores al aportar su experiencia, elocuencia y sugerencias ante los gravísimos e irresolutos problemas que adolece la Abogacía de Oficio. Oír del Juez Gómez Bermúdez que es inaceptable la prestación económica abonada por el Estado a los compañeros que actuaron de Oficio en el juicio del 11-M, ó a nuestro compañero Javier Nart que la estructura de la Justicia Gratuíta en España “es un Rolls-Royce sin gasolina”, aludiendo a la excelente planificación teórica junto a la denigrante retribución económica que percibimos, no tiene precio. Y el III CAT´14 de Alcalá no se quedará atrás en absoluto pese a los desprecios y las huídas cobardes de quienes rehúsan dar la cara y exponer sus argumentos… caso de que los tengan…, para defender su gestión.

Hasta Agosto del 2.010, y tras ímprobas reclamaciones de nuestra Confederación al CGAE, a los Colegios, al Gobierno, al Defensor del Pueblo, ante los medios de comunicación…, por fin se consiguió que el Abogado de Oficio, teóricamente, pase a disfrutar también de la Sanidad pública. Y decimos teóricamente porque se impuso un baldón humillante, injusto y que me atrevo a calificar no sólo de ilegal sino inconstitucional, el cual consiste en limitar esa cobertura de la Sanidad pública a Letrados cuyos ingresos brutos no superen la cantidad de 100.000 euros anuales. Ignorando que la Sanidad se sostiene por medio de impuestos y quien tenga la fortuna de ingresar (que no es lo mismo que ganar, ojo…) más de 100.000 euros anuales, contribuirá más y mejor al fisco que el que gane menos. Bueno, pues nuestros representantes corporativos, tras recordar en una línea este hecho indudable, llevan año y medio sin abrir la boca al respecto, sin exigir con contundencia verbal e incluso con la procesal que las leyes nos otorgan y que a ellos obliga dados los cargos institucionales que ocupan en la profesión, la inmediata derogación de ese límite económico y lograr que todo Abogado de España, independientemente de cuál sea su cuenta de resultados, disfrute de la Sanidad igual que hace cualquier otro ciudadano español o incluso extranjero residente en nuestro país. Ni una sola palabra.

Como tampoco se dice nada, y se hace menos, para evitar al fin que el coste de la Justicia Gratuíta en España siga recayendo, como pasa desde hace más de 30 años de democracia, sobre las dolientes economías privadas de los Abogados que desempeñan ese servicio público. Dicen, de cara a la galería, que el Turno de Oficio está mal pagado, para sonreír a renglón seguido de cara a la cámara, dar la mano al político de turno, y esperar que el tiempo traiga alguna prebenda o reconocimiento del tipo que sea para premiar servicios prestados por la docilidad y mansedumbre con el poderoso de todo signo político en detrimento de los Abogados.

Desde nuestras alturas corporativas se tiene más en la boca y en el espíritu la defensa incondicional de los intereses del justiciable que los del Abogado. Un justiciable que ya tiene la defensa de las Organizaciones de Consumidores, y que no le paga al Sr. Carnicer ni una Coca-Cola, frente a unos Abogados que somos los que nos vemos obligados –esa es la palabra adecuada, “obligados” si queremos ejercer- a sostener económicamente con nuestros cada día más escasos dineros la costosa burocracia del Consejo General de la Abogacía Española y de 83 pequeños Reinos de Taifas que no quieren soltar su bocado porque han hecho de su existencia la razón de vivir de muchos, que dicen acudir a las elecciones a servir a lo público (sic), cuando lo que realmente ocurre es que medran para servirse de lo público.

¿Hasta cuándo nuestra indolencia? ¿Hasta cuándo seguir consintiendo que sean los propios Colegios de Abogados quienes hagan de esquiroles a romper una huelga del Turno en cuanto en algún sitio los compañeros cesan voluntariamente en su prestación de servicios profesionales como medida de presión contra la Administración que nos paga como a esclavos el trabajo de hombres libres? ¿Hasta cuándo vamos a seguir consintiendo que nos ninguneen como a los “siervos de la gleba del siglo XXI”? ¿Por qué callar si una Consejera de Justicia de una Comunidad Autónoma nos llama “peseteros” o si otro homólogo de otra Comunidad Autónoma dice que el Turno de Oficio le está saliendo “muy caro”? ¿Por qué quienes por las poltronas que ocupan deben salir como jabatos en defensa de nuestra dignidad profesional y luchar a brazo partido con la Administración para que nos paguen a criterio de mercado (los Abogados también somos humanos y nos afecta la crisis económica, como a todo el mundo), callan y otorgan cobardemente mientras en las fotos ríen y siguen sonriendo con el Poder?

Todas las reformas procesales que habidas en España desde la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2.000 tienden directa o indirectamente a robar cuota de mercado a los Abogados: juicios monitorios, arbitraje, mediación (con la ley actual un Ingeniero Aeronáutico o un Veterinario puede ser mediador)… El actual Ministro de Justicia ha cedido ante las presiones del Consejo de Colegios de Notarios de España y les prometió darles las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo y sin hijos menores a precios irresistibles para los Abogados…; ahí vemos, por enésima ocasión, la diferencia entre ocupar un puesto de defensa de sus colegiados y ejercerlo fiel y lealmente, y no hacerlo y dedicarse a otros menesteres menos loables como la defensa del justiciable mientras nosotros y no el justiciable somos quienes pagamos su coche oficial o sus aviones en Business.

En el último año se ha visto la repercusión de la Ley de Tasas en la profesión y el mazazo, para algunos compañeros, definitivo, que supuso la entrada en vigor de la Ley de Robin Hood, pero sin darle luego el dinero a los pobres, que es la Ley de Tasas. La actitud de los órganos corporativos de la profesión fue en todo momento sangrar una vez más por el justiciable, por la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución, por la merma en derechos fundamentales y en el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos… Pero ni una palabra recordando e incidiendo que esa disminución de la judicialidad en los Tribunales ante el Tasazo implica un tiro de gracia en la economía del 90 % de los Despachos de Abogados españoles, que nos quedamos sin trabajo. Mas faltamos a la verdad si decimos que no han recordado nuestros próceres corporativos ni una sola palabra sobre la materia. Sí que lo han hecho, para sentar la idea, falsa de toda falsedad, de que “en absoluto” la Abogacía española (sic) se opone a la Ley de Tasas por corporativismo y por defender su cuota de clientela, sino por su defensa del ciudadano... Como dijera el responsable de la defensa del Cuartel del Simancas, en Gijón, en 1.936, “disparad sobre nosotros, el Enemigo está dentro”.

Eso sí: fotos sonrientes con el poder político, el económico y el institucional del Estado en su triple acepción de Estado central, autonómico y local, todas las del mundo. Porque como bien sabemos, el que se mueve no sale en la foto y acaso luego pierdan futuros trampolines para mejores poltronas si ahora se muestran “excesívamente” beligerantes en la defensa de la Abogacía y los intereses de quienes formamos parte de ese colectivo de más de 140.000 profesionales en toda España.

Por eso se hace imprescindible el concurso en la vida corporativa de la profesión de la CEAT. Por eso ha nacido la CEAT y las Asociaciones locales que alumbraron su nacimiento. Porque se torna en imprescindible que una voz DE ABOGADOS Y PARA ABOGADOS se oiga en el ámbito de la Justicia en España. Porque ya está bien de sostener organismos medievales con el dinero que no tenemos y que luego se encarguen de defender intereses bastardos que nos son ajenos y a veces son hasta antagónicos. Un Despacho de Abogados no es una ONG-Jurídica sino una actividad profesional que busca el lucro a través del trabajo; algo tan honesto y tan sincero como eso. No somos ni la OCU ni Caritas. Somos profesionales del Derecho y por eso queremos vivir del ejercicio del Derecho. Igual que un Juez, que un Fiscal, que un funcionario cualquiera de la Administración. No somos más, pero tampoco menos que ninguno de ellos. Y si quienes han de defender nuestros intereses renuncian vergonzosamente a hacerlo, tendremos que constituírnos en autodefensa y actuar por nosotros mismos para defender el Pan y la Justicia que nos corresponde a todos los que ejercemos esta profesión. Por eso está aquí la CEAT.

En nuestro inminente III Congreso Nacional trataremos temas de pujante interés y relevancia para todos nosotros: qué papel (ignominioso, ciertamente) desempeñan hoy los Colegios de Abogados y toda la estructura orgánica de nuestra profesión, y cuál debería asumir si quieren que permitamos su supervivencia con nuestro amor, nuestro respeto y sobre todo con nuestro dinero a modo de cuotas; un análisis exhaustivo de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuíta que pretende promulgar el actual Gobierno; la incidencia asesina que la Ley de Tasas ha tenido sobre nuestros Despachos, y cuáles puedan ser las herramientas legales a nuestro alcance, ciertamente imaginativas algunas, para combatir su aplicación y lograr su final erradicación del panorama legislativo español; y por último, un tema ciertamente nuevo y sugestivo: diseñar lo que debería ser el Estatuto del Abogado de Oficio, pues el CGAE ha tenido a bien redactar y apadrinar la Carta de Derechos del justiciable en materia de Justicia Gratuíta, pero no ha tenido la valentía de hacer lo propio, y con todo su ahínco, para publicar y promocionar un documento análogo que pusiera a los Abogados en el puesto de honor que ciertamente nos corresponde: pues bien, si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros, los confederados.

Y llegados a este punto, ¿todavía tienes dudas, querido compañero, para no acudir a Alcalá de Henares en Marzo y participar de nuestro Congreso, que es el tuyo?
Germán-Ramón Inclán Méndez
- Presidente CEAT -