domingo, 5 de febrero de 2017

DE NUEVO NOTICIAS GLOBOS-SONDAS, AHORA IVA INTERRUPTUS

DE NUEVO NOTICIAS GLOBOS-SONDAS, AHORA IVA INTERRUPTUS
Uno, a estas alturas, respecto a polemicas creadas sobre la problematica del Turno de Oficio, la labor prestada por los abogados, la intervención de las instituciones, de los juzgados, de los respectivos gobiernos, en planteamientos diversos, sobre verdaderas soluciones en favor del ciudadano y del colectivo de letrados y procuradores que nos dedicamos a estos quehaceres, se siente muy incredulo, y es consciente, que cualquier avance, por pequeño que sea, cuesta y va a costar lo suyo su consecución.
Ahora bien, que levanten los unos y los otros,bulos, patrañas, y enredos, en este caso, parece que la beligerancia, ahora,  va entre Ministerios de Hacienda y Justicia, viejas polemicas de distracción, para que los letrados de a pie, los grandes reformistas, los abogados de trabajo indiviudal, los conseguidaores de derechos, por la presentación de decenas de demandas ante los Juzgados , en defensa de los derechos de los ciudadanos, de los más indefensos, de los necesitados, me parece ridiculo, en intento de distracción, esperemos que frustado de nuevo, como ocurre constantemente y ha ocurrido, para no adelantar, en temas puntales que afectar a los derechos de los abogados de oficio.
Señores del Gobierno, les decimos, con el debido respeto, que la polemica respecto al pago de IVA, en las facturas emitdas en el turno de oficio, nos importa un bledo, en la medida, que no pueden pretender, con sus sesudos dictamenes sin sentidos,, que la carga de la prueba recaiga sobre los abogados, cuando lo que en todo caso, monten o desmonten, va a afectar a un IVA QUE DEBE ABONAR EL ESTADO o las COMUNIDADES AUTONOMAS y que se aplicara sobre unos baremos, que no vamos a dejar de reivindicar, que son anticuados, irracionales, simplistas, insuficientes, y poco adecuados, PORQUE NOS LOS TENGAN QUE ABONAR CON IVA, si ustedes deciden hacerlo así, finalmente, o tendremos que poner una medalla al MInisterio de Justicia, porque el Ministerio de Hacienda no lo consiga.
Francamente ridiculo, que se pierda el tiempo en estas cuestiones, cuando se precisa de trabajo, esfuerzo y voluntad de cambio, en cuestiones más importantes, en beneficio de todos, incluso de la credibilidad de Vds. tambien. Así que dejense de memeces, y ponganse a esforzarse en conseguir mejoras, y en desarrollar altermantivas para que todo funcione mejor, y no torpedear a los abogados de oficio.
Esta cuestión como otras, me recuerda viejas historias, que se sacan del baul de los recuerdos, cuando interesa, como la vieja leyenda de la privatización del turno de oficio, otra milonga, que nos hacen tragar, cuando dejan de ser conscientes Ministerio y CCAA, que los letrados deben realizar su trabajo en unas condiciones laborales de dignidad y respeto.

jueves, 22 de diciembre de 2016

Leída noticia. Se abre el debate, y se admiten todo tipo de comentarios, antes de llegar a conclusiones generales, por lo pronto estamos por examinar los nuevos baremos aplicables para el 2017, que se publicaran BOA, este viernes.
Se deberá comprobar, si el aumento anunciado de un nuevo letrado para las guardias penales en Zaragoza, se confirma, o se esta contabilizando como del servicio de guardia, el abogado asignado a la oficina de victimas. Pronto lo sabremos. por lo pronto, estudiaremos las nuevas ordenes publicadas.

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)El Gobierno autonómico ha mejorado las condiciones de los…
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miércoles, 14 de diciembre de 2016

EN ARAGON, TARDE Y MAL

Enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat
Las Corts aumentan en un millón la partida para abogados y procuradores por asistencia jurídica gratuita
14/12/2016
La Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts ha aprobado este martes una enmienda de Podemos --que ha sido consensuada por todos los grupos-- al proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017 para aumentar en un millón de euros la cantidad destinada a los colegios de abog...ados y procuradores para el funcionamiento del servicio de orientación y asistencia jurídica gratuita. La partida contaba con una cuantía inicial de 27,5 millones para los colegios de abogados y de 4,3 millones para los de procuradores.
AUMENTOS ECONOMICOS, COMO LOS PRODUCIDOS EN LA CCAA VALENCIANA, DE UN MILLON DE EUROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SOJ, REDUNDAN EN UN SERVICIO AL CIUDADANO, QUE NO PUEDE DARSE EN ARAGON, AL REALIZAR UN RECORTE, QUE IMPIDE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOJ EN ZARAGOZA DE FORMA NORMALIZADA.
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA, NO PUEDEN FUNCIONAR, LA SOLUCION EN VALENCIA HA SIDO CLARA, VIA PRESUPUESTARIA, SEÑORES DIPUTADOS ARAGONESES, AUMENTEN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA, PARA PODER DAR SOLUCION A LOS PERSONAS MAS NECESITADAS, EN VEZ DE APLICAR DECRETOS, QUE RECORTAN SUS DERECHOS.

jueves, 17 de noviembre de 2016

FRACASO DEL GOBIERNO DE LAMBAN, EN LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE JUSTICIA GRATUITA

Núm. 222 Boletín Oficial de Aragón 17/11/2016
29894
I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
DECRETO 161/2016, de 8 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 110/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Constitución Española, en su artículo 24, reconoce el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva y, como vertiente de acceso a la jurisdicción, en su artículo 119 establece que
la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes
acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
La asistencia jurídica gratuita, regulada mediante la Ley 1/1996, de 10 de enero, configura
este derecho a través de una actividad prestacional de carácter social, encaminada a la provisión
de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo en condiciones
de igualdad y con independencia de los recursos económicos de los ciudadanos, de
modo que los más desprotegidos puedan proveerse de los profesionales necesarios y ver
adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos.
La prestación de asistencia jurídica gratuita se caracteriza, en síntesis, porque el beneficiario
al que se le reconoce este derecho recibe la prestación de unos servicios cuyo efectivo
ejercicio está reservado en exclusiva a los profesionales ejercientes miembros de los correspondientes
Colegios de Abogados y Procuradores, responsables de su gestión, y siendo retribuidos
sus colegiados por sus actuaciones profesionales mediante la concesión de una
subvención con cargo a la Administración competente.
Mediante Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, se produjo, con efectos de 1 de
enero de 2008, el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de provisión de medios personales, materiales y
económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Entre las funciones asumidas
se incluye “el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión
de las indemnizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por
Abogado y representación por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos
judiciales con competencia en la Comunidad Autónoma de Aragón y a la asistencia
letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté situado en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón”.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
996/2003, de 25 de julio, delimitan aquellos preceptos de carácter básico y de general aplicación
en todo el territorio nacional, correspondiendo a las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas en materia de Administración de Justicia regular aquellos aspectos de la
prestación de asistencia jurídica gratuita que le son propios, de conformidad con la disposición
adicional primera de dicha Ley.
En ejercicio de estas atribuciones, mediante Decreto 110/2014, de 8 de julio, se aprobó por
el Gobierno de Aragón el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, con entrada en vigor el 1 de enero de 2015, estructurado en siete capítulos
dedicados a establecer las disposiciones generales, comunes y de carácter global; las
Comisiones provinciales de asistencia jurídica gratuita y sus normas de funcionamiento; la
creación del Consejo Asesor de asistencia jurídica gratuita de Aragón; la regulación del procedimiento
del reconocimiento o denegación del derecho; la regulación de la organización de
los servicios de asistencia jurídica gratuita, en que se contemplan las obligaciones colegiales
y profesionales; las reglas que rigen la compensación económica por los servicios de asistencia
jurídica gratuita, en cuanto a su objeto, devengo, justificación y pago; y, finalmente, las
disposiciones relativas a la asistencia pericial gratuita.
Tras el desarrollo de la Ley 1/1996 por la Comunidad Autónoma de Aragón mediante el
Decreto 110/2014 antes citado, se aprobó la modificación de parte de esta Ley mediante la
Disposición final tercera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, afectando dicha reforma a preceptos básicos y de aplicación
general recogidos en el Reglamento de Asistencia Jurídica de Aragón, lo que obliga a
llevar a cabo diversas modificaciones, algunas de mera técnica normativa para mejorar la
redacción vigente, y otras para acomodar el texto reglamentario a dicha reforma y permitir la
efectividad de determinadas intervenciones y previsiones ya recogidas en nuestro ordenamiento.
Del análisis de la reforma de la Ley 1/1996 resulta que ésta afecta al Reglamento citado
en los artículos 4 y 5 del Capítulo II, “Normas de organización y funcionamiento de las Comisiones
Provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita”, y a los artículos 19, 25, 26 y 27 del Capítulo
III, que regula el “Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita.
A propuesta del Instituto Aragonés de la Mujer, se incorpora en el trámite de audiencia una
modificación del artículo 10, añadiéndose un nuevo apartado 5 sobre el establecimiento de
medidas de coordinación con los Colegios de Abogados en la prestación de los servicios del
turno de guardia para la asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de género.
Por otro lado, la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón en, sesión celebrada el 18
de abril de 2016, con motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 149/16, sobre participación
de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma en los expedientes de solicitud
de justicia gratuita, acordó instar al Gobierno de Aragón a realizar las modificaciones necesarias
del Decreto 110/2014, para incorporar el informe de dichos servicios sociales en la elaboración
de los expedientes, modificándose inicialmente en cumplimiento de dicho acuerdo el
artículo 6 del Reglamento. A la vista del informe emitido por el Consejo General del Poder
Judicial la modificación se incorpora al artículo 16 del Reglamento.
Además de la reforma legislativa y de la Proposición no de Ley aprobada por las Cortes,
resulta que en la aplicación práctica de los preceptos relativos a la determinación y justificación
de la subvención a los Colegios Profesionales, como compensación económica por la
prestación de los servicios, se ha venido planteando la necesidad de agilizar el procedimiento
mediante la modificación de alguno de los preceptos del Capítulo V del Reglamento, regulador
de la “Subvención por los servicios y actuaciones profesionales de abogados y procuradores
en la prestación de asistencia jurídica gratuita”, a fin de solucionar los problemas surgidos
a lo largo del ejercicio 2015.
Ante la necesidad de modificación indicada, y con la finalidad de simplificar y dar mayor
claridad al texto, para su mejor comprensión y gestión, se considera conveniente proceder a
dar nueva redacción al artículo 51, sobre la subvención por turno de guardia y su justificación,
artículo 52, regulador de los gastos de funcionamiento e infraestructura, y a los artículos 56 y
57, relativos a la justificación de las asistencias y su pago, del referido Reglamento ahora
modificado.
Asimismo, en el Capítulo VI, sobre “Asistencia pericial gratuita”, se introducen modificaciones
tendentes a la incorporación de los preceptos que la regulan en la Ley 1/1996, para
facilitar su aplicación, añadiéndose un nuevo apartado 3 en el artículo 64, relativo a los Peritos
privados, en el que se incorpora la regulación de las actuaciones que debe realizar el perito
privado, exigiéndose la aprobación previa de los costes de la actuación pericial por la Dirección
General competente en materia de Justicia, así como la obligación de aportación por el
profesional de los documentos que acrediten el reconocimiento del derecho asistencia jurídica
gratuita de quien la instó y el pronunciamiento del órgano judicial sobre las costas generadas
por el proceso.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 47 y 48 de la Ley 2/2009, de 11 de
mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, en ejercicio de las competencias atribuidas
por el Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, el expediente se ha sometido a trámite de audiencia
mediante traslado al Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y los
Colegios de Abogados y Procuradores de Zaragoza, Huesca y Teruel, y vistos los informes y
alegaciones presentadas, incorporado al texto las observaciones correspondientes según los
informes obrantes en el expediente.
Por lo que antecede, a propuesta del Consejero de Presidencia, oído el Consejo General
del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores,
de acuerdo con el Dictamen favorable del Consejo Consultivo de Aragón número
229/20l6, de fecha 18 de octubre de 2016, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en
su reunión del día 8 de noviembre de 2016,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 110/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón:
El Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto 110/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, queda modificado
como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:
“1. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita son órganos colegiados mixtos en los
que participan, junto con representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, los representantes de los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, para
el ejercicio de las competencias y funciones previstas en la normativa estatal reguladora de la
asistencia jurídica gratuita y en este Reglamento”.
Dos. Se modifica el Apartado 1 del Artículo 5, que queda redactado del siguiente modo:
“1. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Zaragoza, Huesca y Teruel estarán
integradas por los siguientes miembros:
a) Un funcionario de la Dirección General competente en materia de Administración de
Justicia, designado por su titular.
b) Un Letrado de la Dirección General de Servicios Jurídicos, designado por su titular.
c) Un representante del Colegio de Abogados correspondiente, designado por su Decano.
d) Un representante del Colegio de Procuradores correspondiente, designado por su Decano”.
Tres. Se añade un apartado 5 al artículo 10, con la siguiente redacción:
“5: En cumplimiento de la obligación de coordinación que impone el artículo 19 de la Ley
Orgánica 1/2004 y con el fin de garantizar la adecuada asistencia a la mujeres victimas de
violencia de género, los Colegios Profesionales estarán obligados a facilitar a la Dirección
General competente en materia de Justicia, mensualmente, la relación actualizada de abogados
ejercientes adscritos al turno de violencia de genero con sus correspondientes datos
de contacto y fechas concretas en que se encuentra de guardia cada abogado”.
Cuatro. Se añade un apartado 4 al artículo 16, con la siguiente redacción:
4. A petición de los Colegios de Abogados, los servicios sociales de la Comunidad Autónoma
informarán en la elaboración de los expedientes de solicitud del derechos de Asistencia
Jurídica Gratuita, con la finalidad de que ninguna persona susceptible de la prestación vea
denegada la solicitud de tal derecho, por falta de acreditación de su situación económica o,
de igual manera, por ausencia de cualquier otro requisito reglamentario.
Cinco. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 17, en los siguientes términos:
2. Si el Colegio de Abogados considera acreditado, con la solicitud y la documentación
justificativa, que el interesado cumple los requisitos legalmente establecidos para obtener el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, procederá a la designación provisional de abogado
en el plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud por
el citado colegio o en su caso, de la subsanación de los defectos. No obstante lo anterior en
los casos en que la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita se realice por una victima de delitos
constitutivos de cualquier forma de violencia contra la mujer incluida en el ámbito de
aplicación de la Ley 4/2007, bien a través del servicio de guardia de AJG de emergencia previsto
en el artículo 17 de dicha ley bien conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Ley
4/2015, de estatuto de la victima del delito, el colegio de abogados designará provisionalmente
de forma inmediata abogado a la victima para la primera actuación judicial posterior a
la presentación de la denuncia.
Seis. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 19, que queda redactado del siguiente
modo:
“Artículo 19. Designación provisional por requerimiento del órgano judicial o administrativo.
1. Si, conforme a la legislación procesal o administrativa, el órgano judicial que esté conociendo
del proceso o el órgano administrativo que tramitara el expediente estimare que, por
las circunstancias o la urgencia del caso, fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos
de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos
económicos siempre que ello fuera exigible para obtener el derecho de asistencia jurídica
gratuita, dictará una resolución motivada requiriendo de los Colegios profesionales el
nombramiento provisional de abogado y procurador, cuando las designaciones no hubieran
sido realizadas con anterioridad”.
Siete. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25, que quedan redactados del siguiente
modo:

“1. La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de
asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho,
darán lugar, en todo caso, previa audiencia del interesado, a su revocación por parte de la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante resolución motivada, que, a estos fines,
tendrá potestades de revisión de oficio.
2. La revocación contemplada en el párrafo anterior llevará consigo la obligación del pago
de todos los honorarios o derechos devengados por los profesionales intervinientes desde la
concesión del derecho, así como de la cantidad equivalente al coste de las demás prestaciones
obtenidas en razón de dicha concesión, sin perjuicio de las responsabilidades de otro
orden que, en su caso, correspondan”.
3. Si el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por el beneficiario de la
asistencia jurídica gratuita apreciase abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en
su ejercicio, en la resolución que ponga fin al proceso declarará la existencia del mismo, revocará
el derecho de justicia gratuita y le condenará a abonar los gastos y costas procesales
devengadas a su instancia, en los términos del apartado anterior. Dicha revocación se pondrá
en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente a fin de que
por la Administración pública competente se obtenga el reembolso, en su caso por la vía de
apremio, de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido como consecuencia del reconocimiento
de su derecho a litigar gratuitamente.
Ocho. Se modifica el artículo 26, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 26. Impugnación de la resolución.
1. Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las resoluciones
que, de modo definitivo, reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la asistencia
jurídica gratuita.
Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de abogado, habrá de
realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días hábiles desde la notificación
de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para
interponerla, ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, conforme al
cómputo de plazos por días establecidos por la normativa básica del procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas. Éste remitirá el escrito de impugnación, junto
con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de ésta, al
juzgado o tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se
hubiera iniciado.
2. Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que alude el párrafo
anterior, el Letrado del Juzgado o Tribunal competente requerirá a las partes y al Letrado
de la Comunidad Autónoma, para que en el plazo de cinco días hábiles presenten por escrito
las alegaciones y pruebas que estimen oportunas.
El juez o tribunal podrá acordar mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, la
celebración de una comparecencia si la impugnación no pudiere resolverse con los documentos
y pruebas aportados. El Letrado de la Administración de Justicia señalará día y hora
para que tenga lugar dentro de los diez días siguientes.
3. Recibidas las alegaciones o finalizada la comparecencia, en su caso, el juez o tribunal
resolverá sin más trámites mediante auto en el plazo de cinco días, manteniendo o revocando
la resolución impugnada, con imposición de una sanción pecuniaria de 30 a 300 euros a quien
hubiere promovido la impugnación de manera temeraria o con abuso de derecho.
Contra el auto dictado por el juez o el tribunal no cabrá recurso alguno”.
Nueve. Se modifican los apartados 1, 2 y 6 del artículo 27, que quedan redactados del siguiente
modo:
“1. Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a
favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien
lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la
defensa y representación de aquélla.
2. Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien
hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera
legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las
de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere
a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del
Código Civil.
Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos
por todos los conceptos superen la cantidad establecida en la normativa estatal reguladora de
la asistencia jurídica gratuita, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y
condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. Les
corresponderá a las Comisiones Provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita la declaración de
si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto la normativa estatal citada,
pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 26 de este
Reglamento.
….
6. El Letrado de la Administración de Justicia comunicará a la Comisión de asistencia jurídica
gratuita las resoluciones que pongan fin a los procesos en los que alguna de las partes
tuviera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita”.
Diez. Se modifica el artículo 51, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 51. Compensación económica por turno de guardia. Justificación y tramitación
del pago.
1. La indemnización correspondiente a la prestación de los servicios de asistencia al detenido,
preso o investigado y a la mujer víctima de violencia de género, por la participación en
los turnos de guardia, diaria en las capitales de provincia y semanal en el resto de partidos
judiciales, se devengará una vez finalizada la intervención profesional.
2. El número de integrantes del servicio de guardia con derecho a indemnización será el
determinado por el Departamento competente en materia de Justicia, según el procedimiento
establecido en el artículo 37, apartado 4 de este Reglamento.
3. La indemnización correspondiente a la participación en el turno de guardia se calculará
de acuerdo con el Catálogo de Referencia y Bases de Compensación económica aprobados
mediante orden del titular del Departamento competente en materia de Justicia, y con los
módulos, servicios y actuaciones especificados en el mismo, según lo establecido en el artículo
50, apartado 3.
4. La liquidación y justificación de los servicios prestados en el turno de guardia se realizará
mensualmente, aportándose por los Colegios de Abogados a la Dirección General competente
en materia de Administración de Justicia, en los quince primeros días de cada mes,
certificación de los servicios prestados durante el mes anterior, haciéndose constar que dichos
servicios han sido previamente constatados por dichos Colegios.
5. La certificación deberá contener una relación de las guardias realizadas en el mes inmediatamente
anterior, con identificación del colegiado que ha prestado el servicio en el correspondiente
turno de guardia y la fecha de realización, el Partido Judicial donde se ha prestado
el servicio, y, en los turnos especializados, el tipo de asistencia prestada.
6. Recibidas las certificaciones, por la Dirección General competente en materia de asistencia
jurídica gratuita se procederá a la autorización del gasto que proceda, tras la fase de
fiscalización previa, tramitándose posteriormente para su pago a los Colegios de Abogados.
En el caso de que los Colegios de Abogados no aporten la certificación establecida en el
apartado anterior o ésta sea incompleta, se procederá a la suspensión de la autorización del
gasto de la certificación correspondiente hasta su subsanación.
7. Las cantidades abonadas para atender las finalidades referidas en el presente artículo
deberán ingresarse en cuentas separadas por los Colegios de Abogados bajo la denominación
“Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita”.
Once. Se modifica el artículo 52, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 52. Compensación económica por gastos de funcionamiento e infraestructura.
Libramiento y forma de pago.
1. Será objeto de compensación económica a los Colegios de Abogados y Procuradores
el coste que genere el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita,
los de asesoramiento y orientación previos al proceso y de calificación provisional de las
pretensiones solicitadas que efectúen aquellos.
2. El importe máximo anual a asignar por este concepto a los Colegios de Abogados será
el que resulte de aplicar al total devengado por la realización de los turnos de guardia regulados
en el artículo 51 y por las actuaciones profesionales de la asistencia jurídica gratuita
prevista en el artículo 53, un porcentaje variable en función de los tramos que a continuación
se indican. El resultado de aplicar los porcentajes a los tramos será la cantidad total a percibir
por cada Colegio.
Primer tramo, hasta cien mil euros, se le aplicará el quince por ciento.
Al segundo tramo, desde cien mil y un euros hasta doscientos mil euros, se le aplicará un
doce por ciento.
Al tercer tramo, desde doscientos mil y un euros hasta cuatrocientos mil euros, se le aplicará
un diez por ciento.
A partir de la cantidad de cuatrocientos mil y un euros, se aplicará un ocho por ciento.
3. El importe máximo a asignar, por este concepto a los Colegios de Procuradores será el
que resulte de aplicar al total devengado por las actuaciones profesionales de la asistencia
jurídica gratuita prevista en el artículo 54, un dos por ciento.
4. Como anticipo de dichos pagos, en el último trimestre de cada ejercicio, mediante orden
del Departamento competente en materia de justicia, se determinará la cantidad anual a percibir
por los Colegios de Abogados y de Procuradores por este concepto para el siguiente
ejercicio, a cuenta de la posterior liquidación, cantidad que en ningún caso podrá superar el
50% de lo devengado en el último ejercicio liquidado en concepto de turno de guardia y actuaciones
de asistencia jurídica gratuita tras aplicar a los tramos resultantes los porcentajes
antes expresados”.
Doce. Se añade un nuevo artículo 52.bis, con la siguiente redacción:
“Artículo 52 bis. Documentos acreditativos de la certificación y justificación de la compensación
por gastos de funcionamiento e infraestructura.
1. Mediante orden del Departamento competente en materia de justicia gratuita, en el
plazo de un mes a contar desde la presentación de la justificación trimestral por cada Colegio,
y una vez verificadas las justificaciones mensuales de turno de guardia y las certificaciones
trimestrales por actuaciones de asistencia jurídica gratuita, se resolverá la cuantía que corresponde
abonar en concepto de compensación por gastos de funcionamiento, de acuerdo con
la regulación contenida en el artículo anterior.
Para la fijación de dicha cuantía trimestral, los porcentajes previstos en el artículo 52.2 se
aplicarán sobre un importe equivalente a la cuarta parte de la cuantía de los tramos anuales
allí fijados.
2. Una vez realizadas las comprobaciones correspondientes, y acordada la cuantía trimestral
que corresponde abonar a cada Colegio, por el órgano competente se tramitará la autorización
del gasto que proceda, descontado los anticipos a cuenta devengados en la fecha de
la liquidación, tramitándose posteriormente para su pago a los Colegios, previo cumplimiento
del trámite de fiscalización previa.
3. Dentro del primer trimestre de cada año, los Colegios de Abogados y Procuradores,
justificarán la subvención concedida en el año anterior mediante certificación que acredite la
realización de la actividad, junto con la relación clasificada y detallada de gastos y la acreditación
de su pago, desglosados por los distintos conceptos que lo integran y acompañada de
la siguiente documentación:
a) Nóminas y documentos acreditativos del pago de las cuotas a la seguridad social del
personal del Colegio adscrito en exclusiva al servicio de asistencia jurídica gratuita, así
como el contrato y el alta en la seguridad social en el caso de nuevas incorporaciones
de personal, si su adscripción fuera parcial, se indicará el prorrateo correspondiente.
b) Facturas de gasto por los suministros de los servicios de electricidad, agua, gas, telefonía
y correo correspondientes a las sedes colegiales donde se presta la asistencia
jurídica gratuita siempre que sean destinados a servicios de asistencia jurídica gratuita.
c) Facturas relativas al mantenimiento de los equipos y aplicaciones informáticos destinados
a la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en sede colegial.
d) Certificación del importe total facturado a la sede colegial por los servicios de suministro,
mantenimiento de equipos informáticos, material de oficina y gastos de mantenimiento
y limpieza de la sede.
4. Así mismo, como parte de la justificación se acompañará memoria sobre el funcionamiento
de los servicios de orientación jurídica, turno de guardia y asistencia jurídica gratuita
prestada, disfunciones detectadas, quejas y sanciones tramitadas y aquellos extremos que se
establezcan en la orden de concesión de la subvención.
5. En el caso de que los Colegios no aporten la documentación establecida en el artículo
anterior para la justificación de la subvención anual o la correspondiente a cada trimestre, o
ésta sea incompleta, se procederá a la suspensión de la autorización del gasto de la cuantía
acordada hasta su subsanación.
6. Las cantidades abonadas para atender las finalidades referidas en el presente artículo
deberán ingresarse en cuentas separadas por los Colegios respectivos bajo la denominación
“Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita”.
Trece. Se modifican los apartados 1, 4 y 6 del artículo 55, y se añade un nuevo apartado
7, que quedan redactados del siguiente modo:

“1. La justificación de las actuaciones profesionales de abogados y procuradores se realizará
mediante la presentación en el modelo normalizado de autoliquidación electrónica, establecido
mediante orden del titular del Departamento competente en materia de Justicia, oídos
los Colegios de Abogados y Procuradores de Aragón, acompañado de la documentación
complementaria que en la misma se determine.
4. En la justificación de la subvención que corresponda, será preciso que cada actuación
aparezca identificada con el tipo de procedimiento y su numeración conforme venga establecida
en la resolución judicial, órgano judicial en el que se produjo la asistencia jurídica gratuita,
el NIG del mismo y el NEPAJG. De no constar dicha numeración, la actuación no se
considerará suficientemente justificada. En todo caso, la ausencia del NIG en cada expediente
o actuación a abonar impedirá el efectivo pago de dicha actuación.
6. A efectos de su verificación, los profesionales harán constar en su liquidación, los
pronunciamientos en costas que se han producido y las posibles indemnizaciones o beneficios
obtenidos por la persona que tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica
gratuita o la mejora de la capacidad económica sobrevenida durante la tramitación del procedimiento.
7. La falta o insuficiencia de la documentación justificativa implicará la denegación del
pago de la indemnización por parte del Colegio Profesional”.
Catorce. Se modifica el artículo 56, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 56. Justificación por los Colegios Profesionales por actuaciones profesionales de
defensa y representación.
1. Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, los Colegios de
Abogados y de Procuradores en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón
remitirán al Departamento competente en materia de Justicia su respectiva certificación normalizada
en formato electrónico, que contenga los datos del apartado 4 del artículo 55, y
clase de actuaciones realizadas por cada colegiado a lo largo del trimestre anterior, junto con
la justificación del coste económico total asociado a los mismos.
Las certificaciones correspondientes a los servicios de profesionales de defensa y representación
deberán ser expedidas de acuerdo con los modelos normalizados establecidos
mediante orden del titular del Departamento competente, y deberán contar con el visto bueno
del Decano de cada Colegio.
2. Dichas certificaciones dejarán constancia, de forma separada, de los reintegros económicos
generados durante el trimestre y que en su caso proceda efectuar de fondos públicos
previamente percibidos, correspondientes a intervenciones de abogados y procuradores designados
en expedientes de justicia gratuita en los supuestos de revocación del derecho y en
aquellos en los que proceda el reintegro económico, según lo dispuesto en el presente Reglamento”.
Quince. Se modifica el artículo 57, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 57. Tramitación del pago de las compensaciones económicas por actuaciones
profesionales de defensa y representación.
1. Verificadas las certificaciones por actuaciones profesionales, por la Dirección General
competente en materia de Justicia conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se resolverá
por el órgano competente la autorización del gasto que proceda, tras el trámite de fiscalización
previa, tramitándose posteriormente para su pago a los Colegios de Abogados y de
Procuradores.
En el caso de que los Colegios no aporten la certificación establecida en el artículo anterior
o ésta sea incompleta se procederá a la suspensión de la autorización del gasto de la certificación
correspondiente hasta su subsanación.
2. Las cantidades abonadas para atender las finalidades referidas en el presente artículo
deberán ingresarse en cuentas separadas por los Colegios de Abogados y Colegios de Procuradores
de los Tribunales, bajo la denominación “Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
3. El titular del Departamento competente en materia de Justicia, podrá acordar la realización
de anticipos mensuales de pago, por doceavas partes, sin que la suma de éstos pueda
superar el límite anual del 50% del importe efectivo de la compensación económica por asistencia
de defensa y representación del último ejercicio en el que conste liquidada la anualidad
completa, exceptuándose dicho anticipo de la obligación de constituir garantía.
4. De la justificación trimestral presentada por los Colegios se deducirán por compensación
las cantidades percibidas en concepto de anticipo correspondientes al ejercicio presupuestario
al que se refieran dichas justificaciones”.

Dieciséis. Se modifica el artículo 59, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 59. Memoria-Informe anual.
1. Los Colegios Profesionales, dentro de los cuatro primeros meses de cada año, presentarán
ante el Departamento competente en materia de Justicia una memoria anual sobre los
servicios prestados en materia de asistencia jurídica gratuita y la justificación de la aplicación
de la subvención percibida durante el ejercicio inmediatamente anterior.
2. La Memoria deberá contener los datos relativos al aumento o disminuciones de solicitudes
de asistencia jurídica gratuita, concesiones, disfunciones apreciadas y aplicación en la
prestación de los servicios de los requisitos exigidos”.
Diecisiete. Se modifica el artículo 60, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 60. Contenido de la justificación anual.
1. Junto con la Memoria-Informe del artículo anterior, los Colegios de Abogados y Procuradores
deberán presentar una justificación anual correspondiente a la liquidación de las justificaciones
trimestrales formuladas con arreglo a los preceptos correspondientes del presente
Reglamento en el artículo 51 en relación con el turno de guardia, en el artículo 52 por
los gastos de funcionamiento e infraestructura, y en el artículo 53 las actuaciones profesionales
de defensa y representación a los beneficiarios de justicia gratuita.
2. Además de la justificación anual y las trimestrales relacionadas en el apartado anterior,
los Colegios tienen la obligación de justificar detalladamente, en la forma que exija la Administración
competente, el destino de las subvenciones concedidas, aportando cuantos datos
sean requeridos para su comprobación”.
Dieciocho. Se modifica el artículo 62, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 62. Contenido de la prestación.
1. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita eximirá a sus titulares de
la obligación de abonar los gastos derivados de las actuaciones periciales practicadas a lo
largo del proceso para el que solicitó dicho derecho.
2. La asistencia pericial gratuita se llevará a cabo por las personas y entidades mencionadas
en el apartado sexto, del artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita.
3. El Departamento competente en materia de Justicia abonará el pago de los honorarios
devengados por los profesionales en la prestación de asistencia pericial en relación con la
prestación de asistencia jurídica gratuita, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre costas a
favor del titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
b) Cuando, venciendo en el pleito el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y no
existiendo en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios obtenidos
por aquél en el procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas
causadas en su defensa.
4. En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en
costas el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, quedará éste obligado a abonar
las peritaciones realizadas por técnicos privados, si dentro de los tres años siguientes a la
terminación del proceso, viniere a mejor fortuna, tal y como se define en el artículo 27.2 del
presente Reglamento.
Para hacer efectiva dicha obligación, será de aplicación el procedimiento administrativo de
apremio”.
Diecinueve. Se modifica el artículo 63, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 63. Peritos pertenecientes a la Administración autonómica.
1. Cuando la asistencia pericial gratuita a que se refiere el artículo 6 de la Ley 1/1996 deba
ejercerse por funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de la Administración
autonómica, corresponderá al Departamento competente en materia de Justicia, previo
requerimiento del Órgano Jurisdiccional que esté conociendo del proceso en que se haya
admitido la prueba pericial propuesta por la parte beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita,
facilitar la persona u organismo que reúna los conocimientos que la pericia precise.
2. El personal dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma no tendrá
derecho a percibir honorarios por su actuación como perito judicial, sin perjuicio del derecho
a percibir las indemnizaciones de servicio que procedan”.
Veinte. Se modifica el artículo 64, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 64. Peritos privados.

1. Para que proceda, conforme con la normativa estatal reguladora de la asistencia jurídica
gratuita, la asistencia pericial gratuita prestada por profesionales técnicos privados, se requerirá:
a) Inexistencia de profesionales técnicos en la materia de que se trate dependientes de
los Órganos Jurisdiccionales o de las Administraciones Públicas.
b) Resolución motivada de la persona titular del Órgano Judicial competente por la que se
estime pertinente la concreta actuación pericial. De acuerdo con la normativa estatal
reguladora de la asistencia jurídica gratuita, el Juez o Tribunal podrá acordar en resolución
motivada que la asistencia pericial especializada gratuita se lleve a cabo por
profesionales técnicos privados cuando deba prestarse a menores y personas con discapacidad
psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato, atendidas las circunstancias
del caso y el interés superior del menor o de la persona con discapacidad, pudiendo
prestarse de forma inmediata.
2. El titular del Departamento competente en materia de Justicia determinará la cuantía
económica, forma de pago de la retribución a profesionales técnicos privados por la realización
de pruebas periciales en proceso de los que se haya obtenido el reconocimiento del derecho
a la asistencia jurídica gratuita, así como la forma de provisión de este servicio.
3. Antes de la realización de la prueba pericial, el técnico privado remitirá a la Dirección
General competente en materia de Justicia, para su aprobación, una previsión del coste económico
de aquélla, que incluirá necesariamente los extremos siguientes:
a) Tiempo previsto para la realización de la pericia y valoración del coste por hora.
b) Gastos necesarios para su realización.
c) Copia de la resolución judicial que dio lugar a la realización de la prueba.
La previsión inicial del coste quedará automáticamente aprobada si en el plazo de
veinte días hábiles, desde la fecha de recepción por la Dirección General no se formula
ningún reparo a su cuantificación.
4. La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del coste económico, aprobada conforme
a lo dispuesto en el apartado anterior. Para su devengo, el profesional aportará, además,
documentos que acrediten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de
quien instó la prueba pericial y pronunciamiento del órgano judicial sobre las costas generadas
por el proceso”.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
establecido en la presente norma.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2017.
Zaragoza, 8 de noviembre de 2016.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

lunes, 24 de octubre de 2016

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID APRUEBA UNA NUEVA REGULACION DEL TURNO DE OFICIO



La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, ha aprobado unas  nuevas Normas Reguladoras de Turno de Oficio, que incluyen la creación, de turnos especializados en Asistencia a víctimas de delitos, Atención a víctimas con discapacidad y Asistencia a víctimas de discriminación por diversidad sexual y de género.

Estos servicios, que tienen un carácter pionero en nuestro país, se prestarán por abogados que tengan una alta especialización y sensibilización con la problemática que les afecta, para lo que ya se han iniciado cursos especializados obligatorios en estas materias.

Las nuevas normas entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2017.

Evolución de la regulación del Turno  de Oficio

La actual Junta de Gobierno del ICAM, tiene como uno de sus principales objetivos mejorar todo lo concerniente al Turno de Oficio, tanto en lo que se refiere a la excelencia del servicio, como a las condiciones en que lo prestan los profesionales designados. Por ello, ya en 2013 introdujo importantes novedades en esta materia. Al año siguiente, la realidad social hizo necesaria una nueva actualización de estas normas (28 de octubre de 2014).

Ahora, las importantes modificaciones legislativas introducidas durante el último año, así como el uso de las nuevas tecnologías en la actividad diaria de los letrados como consecuencia de la implantación de LEXNET, hacen necesaria una nueva actualización de las mismas.

Adaptación a las novedades legislativas de 2015

Con este fin se sustituyen todas las referencias que afectaban a los juicios de faltas y se adaptan las normas a las modificaciones legislativas introducidas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Turnos especializados en colectivos vulnerables

Al mismo tiempo se crean unos turnos especializados de letrados que, tras recibir la formación debida, permitan la atención y asesoramiento a colectivos que son cada vez más vulnerables, haciendo efectiva su defensa a través de profesionales altamente especializados y sensibilizados con la problemática que les afecta.

Con este objetivo se crea un turno para la asistencia a víctimas de delitos, con especial atención a las víctimas de delitos de odio, un turno para la atención a víctimas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que han sido objeto de abuso o maltrato y como consecuencia de la promulgación de la Ley 2/16 de 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, así como la Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género, ambas de la Comunidad de Madrid, se crea un turno especial para la defensa de asuntos cuyo origen directo o indirecto esté relacionado con la necesidad de protección a estas víctimas.

Por último se incorpora a las normas las novedades que afectan a la forma de justificar actuaciones a efectos de pago, por parte de los letrados que prestan los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Agrupación de materias del Turno de Oficio

De esta forma, la agrupación de materias del Turno de Oficio del ICAM queda como sigue:

PENAL

Turno General

Turno Especial

Turno de Delitos Leves

Asistencia Letrada al Detenido

Turno de Vigilancia Penitenciaria

Turno de Casación

Turno Audiencia Nacional

Turno del Jurado

Turno de Menores

Turno Constitucional

CIVIL

Turno General

Turno Especial

Turno de Casación

Turno de Familia

Turno de Menores

Turno Mercantil

Turno Hipotecario

Turno Constitucional

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Turno General

Turno Especial

Turno de Extranjería y Protección

Internacional

Turno de Casación

Turno Constitucional

SOCIAL

Turno General

Turno de Casación

Turno Constitucional

VIOLENCIA DE GÉNERO

Turno General

Turno Especial

Turno de Casación

Turno Constitucional

PROTECCIÓN A VICTIMAS DE DELITOS Y DE ODIO

Turno General

Turno Especial

Turno de Casación

Turno Constitucional

PROTECCION A VICTÍMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS

Turno Especial

Turno de Casación

Turno Constitucional

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE DISCRIMINACION POR DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

Turno General

Turno Especial

Turno de Casación

Turno Constitucional

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O ENFERMEDAD MENTAL

Turno General

Turno Especial

Turno de Casación

Turno Constitucionallitos, Atenci&oac

sábado, 24 de septiembre de 2016

Ledesma plantea regular por ley la orientación jurídica

El portavoz de Justicia del PP ha señalado que la iniciativa también tiene como objetivo "evitar que se tenga que ir a los tribunales".

Europa Press. ZaragozaActualizada 22/09/2016 a las 19:54
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El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha planteado este jueves regular el asesoramiento y la orientación jurídica a colectivos como inmigrantes, mujeres víctimas de la violencia machista y presos para dar "estabilidad" a estos servicios, que prestan desde hace décadas los colegios de abogados.
Ha registrado la proposición de Ley de Garantía Jurídica Universal Aragonesa, con la que el PP quiere completar la asistencia jurídica gratuita.

La iniciativa legislativa pretende asegurar la financiación pública y que sean los colegios de abogados los que los presten, ha dicho Ledesma, subrayando que "se ha demostrado con el tiempo que los abogados son los mejores profesionales para prestar estos servicios", mejor que si se privatizaran. El Grupo Popular de las Cortes se reunirá con los colectivos profesionales implicados para pedirles que aporten cualquier mejora.

En rueda de prensa, Fernando Ledesma ha señalado que la iniciativa también tiene como objetivo "evitar que se tenga que ir a los tribunalescomo única alternativa para restablecer los derechos" y ha llamado la atención sobre las necesidades de asistencia jurídica de colectivos como los inmigrantes y su riesgo de exclusión social. Ha observado que "reciben muchos documentos" que requieren asistencia letrada. 


El parlamentario del PP ha enmarcado esta proposición de ley en el carácter social del Estado, añadiendo que en el caso de los inmigrantes "la integración es la mejor arma para luchar contra la xenofobia". Ha rechazado la privatización del asesoramiento jurídico.

Ha recordado que las mujeres víctimas de violencia de género necesitan, asimismo, asesoramiento previo a los tribunales. Ha alertado de que estos servicios, que prestan los colegios de abogados, no pueden estar "al albur del momento político" ni de "los recortes que puede haber o no", o de la privatización.

Ha lamentado que el servicio de orientación penitenciaria no recibe actualmente subvención pública, aunque "no por eso los abogados han dejado de prestar ese servicio". Al estar privados de libertad, los presos no pueden acceder al asesoramiento jurídico tradicional.

sábado, 17 de septiembre de 2016

SE DEBEN IGUALAR LOS BAREMOS EN TODOS LOS TERRITORIOS DE ESPAÑA.
SE DEBEN ADECUAR LOS BAREMOS A LAS MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.
SE DEBEN ABONAR LAS ACTUACIONES JUDICIALES, RECURSOS , COMPARECENCIAS, QUE HASTA LA FECHA, ESTAN SIENDO IGNORADOS POR LA ADMINISTRACION.
y ante todo, y sobre todo, NINGUNA ACTUACION SIN RETRIBUCION, HASTA CUANDO SE VA A CONSENTIR, QUE NO SE ABONE NUESTRO TRABAJO, SI EL USUARIO DEL SERVICIO, NO TIENE DERECHO A JUSTICIA GRATUITA, Y NO NOS PAGA NADIE, EL TIEMPO EMPLEADO EN ATENDER AL CLIENTE, PORQUE EL LETRADO DE TURNO DE OFICIO, DEBE DE PERSEGUIR A SU CLIENTE?.

ASÍ VA EL TURNO ,

Publicado José Muelas Blog
Este último mes de agosto los abogados de oficio hemos vivido -con ira propia y vergüenza ajena- el bochornoso espectáculo de los retrasos en el pago de las retribuciones correspondientes a los servicios prestados en el turno de oficio. Comprobar cómo servicios prestados en enero se pagaban en Aragón (por ejemplo) ya bien entrado el mes de septiembre producía intensa ira y vergüenza. No mucho menores fueron los retrasos en comunidades como Madrid o el llamado «Territorio Común»1 de forma que, a 30 de agosto, la clasificación de administraciones malas pagadoras marchaba de la forma que se ve en la siguiente gráfica:
Situación del pago de los servicios prestados por los abogados del turno de oficio a 30 de agosto de 2016. Fuente: húsares de la Brigada #T
Estado de pagos del turno de oficio a 30 de agosto de 2016. (Fuente: húsares de la Brigada#T)
Llama la atención la diferencia existente entre comunidades como Cataluña o Cantabria —que pagan con toda puntualidad sus obligaciones— y comunidades como Aragón o Madrid que se retrasan hasta el noveno mes para pagar servicios que se les han prestado en los primeros meses del año. Incluso en el caso de estas dos últimas comunidades autónomas podemos distinguir categorías, pues, mientras el Consejero de Justicia de Madrid se disculpa por el retraso y compromete su voluntad de mejora, en Aragón no sólo se paga tarde y mal sino que ni siquiera se formula un atisbo de algo que se parezca a una disculpa.
Y si hiriente resulta la enorme diferencia existente entre las administraciones a la hora de cumplir con sus pagos mucho más hiriente resulta comprobar que los mismos servicios, dependiendo del lugar de España en que se presten, se retribuyen de formas tan dispares que, dependiendo de la comunidad autónoma en que uno ejerza puede cobrar el doble —o la mitad— de un compañero que ejerza en la comunidad autónoma vecina. Veámoslo con un ejemplo.
Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
La gráfica que les muestro corresponde a las retribuciones que cada administración paga a un abogado de oficio por defender un «Procedimiento Abreviado»2. Para quienes no sepan lo que es un «procedimiento abreviado» les diré que es el procedimiento a través del cual se instruyen la mayoría de los delitos cometidos en España3 y que, a pesar de su nombre, de «abreviado» no tiene nada, pues lo normal es que su tramitación se prolongue años, a veces muchos años. Para que se hagan una idea el proceso del «Prestige» era un «Procedimiento Abreviado» y sólo la instrucción del mismo ya tomó más de 10 (DIEZ) años.
Pues bien, volvamos al tema, la gráfica anterior nos muestra lo que cada administración pagará a un abogado de oficio por defender a un acusado en un asunto que puede llevar aparejadas condenas realmente duras y cuya tramitación va a durar muchos meses en el mejor de los casos y muchos años en el peor de ellos.
Como pueden comprobar, si uno tiene la suerte de trabajar como letrado de oficio en Cataluña, por todo ese proceso le abonarán unos 400€ y, además, se los abonarán con toda puntualidad en cuanto justifique los servicios prestados. Por el contrario, si uno tiene la mala suerte de ejercer como letrado del turno de oficio en la llamada «Zona Ministerio» por el mismo trabajo le pagarán la mitad (unos 200€) pero además se los pagarán tarde y muchos meses después de que usted haya justificado su trabajo.
Y ahora explíquenme ustedes por qué el trabajo de un abogado de Manresa o Figueres vale el doble que el de una abogada murciana o de Palma de Mallorca. Si alguien es capaz de darme alguna razón que justifique esa diferencia con gusto le escucharé.4
Sospecho, sin embargo, que ninguna razón de justicia se esconde tras estas diferencias retributivas ni tras estos retrasos diferenciales en el pago. Sospecho —sé— que tras estas diferencias retributivas y retrasos diferenciales no se esconden más que razones que, de ser contadas, avergonzarían a bastantes personas.
Es tiempo ya de acabar con esta farsa. Es tiempo ya de decir que los abogados del resto de España no merecemos peor trato que los abogados de Cataluña —por ejemplo— y que no se puede defender a gobiernos de administraciones ni comunidades autónomas que pagan mucho peor y mucho más tarde que —por ejemplo otra vez— Cataluña.
No se comprende por qué un abogado de Ascó (Cataluña) ha de cobrar unos 400 euros puntualmente por un procedimiento abreviado mientras uno de Caspe(Aragón), por el mismo trabajo, tan sólo cobrará unos 260 euros, eso sí, no puntualmente como su colega de Ascó, sino tarde —muy tarde— y mal —muy mal—. Caspe y Ascó distan tan sólo 50 kilómetros en línea recta pero, en lo que respecta a justicia gratuita, están a años luz de distancia. Si algún abogado de Caspe me dijese que esta situación le parece bien no me quedaría más opción que pensar que miente o que sirve al gobierno que mantiene esta inicua situación.
Diferencias retributivas y retrasos diferenciales son una injusticia más que nadie remediará si no empiezas tu mismo por ponerte en pie y dejar oír tu voz alto y claro. Adelante: es tu turno.

  1. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» es el conjunto de comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y en las que el turno de oficio es sufragado directamente desde el Ministerio de Justicia con cargo a los presupuestos generales del estado. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» está formada por las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla. ↩︎
  2. Fuente «Confederación Española de Abogados Jóvenes» (CEAJ) ↩︎
  3. Conforme al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.» ↩︎
  4. Para que dispongan de una visión mucho más completa de cuales son las diferencias retributivas entre territorios les acompaño la tabla y gráfica que sigue Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJHan de tener en cuenta que bastantes de las cifras contenidas en la tabla están sujetas a modificaciones en virtud de variadas circunstancias (por ejemplo es frecuente que si se realizan más de seis asistencias al detenido se doble la retribución, etc.) pero, en general, considero que la gráfica ilustra con bastante exactitud las diferencias retributivas existentes entre territorios. ↩︎