NUEVA POLÉMICA POR EL SERVICIO ARAGONÉS DE LA MUJER
La consejería de Derechos Sociales saca a concurso el servicio por el criterio de Intervención. Los abogados renuncian a asumir solo las guardias y ofrecerán esta asistencia, gratis, en el Colegio.
El Gobierno de Aragón sigue haciendo amigos entre los abogados aragoneses. Tras la polémica --aún viva, aunque aletargada-- por el recorte del 40% del presupuesto en justicia gratuita, el foco se ha desplazado ahora al Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (SAM). Tras 20 años de creación y prestación por parte de los colegios de abogados, la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, que dirige Mariví Broto, ha planteado sacarlo a concurso. Algo que para los letrados no solo es innecesario, sino que hará que empeore su prestación.
El SAM es actualmente un requerimiento de la ley aragonesa de violencia de género del 2007, que complementa al turno de oficio de violencia. Esta rama del servicio, bajo el control del Instituto Aragonés de la Mujer, incluye desde ese año dos variantes, en lo que a los letrados se refiere: la asistencia de guardia y la asesoría jurídica, con visitas personalizadas de las víctimas que pueden contar con el consejo legal experto.
Según explicaron fuentes de este departamento de la DGA, hasta ahora ambos servicios se ofrecían en un paquete conjunto, mediante un contrato negociado con los colegios de abogados de las tres provincias. "El año pasado --indicaron las mismas fuentes--, la Intervención ya puso problemas porque los contratos debían someterse a la libre concurrencia. Pero no se hizo. Este año han insistido desde este organismo, a través de una recomendación de la Junta Consultiva de Contratación en el mismo sentido. A pesar de esto, lo que se ha conseguido es mantener el contrato negociado en el caso de las guardias, pero las asistencias se sacarán a concurso", añadieron desde la consejería de Broto.
Este logro de mantener las guardias en manos de los abogados lo ven de manera muy distinta ellos mismos. Según recuerda el coordinador del SAM en Zaragoza, Antonio Muñoz, las asistencias son la parte "rentable" del servicio, en la que el Ejecutivo autonómico socialista le puede interesar ganar algo con la "privatización".
Según expone el responsable de este servicio, un letrado en Teruel cobra por ejemplo 0,37 euros por hora de guardia, mientras una hora de asesoría en Zaragoza se puede cotizar a 40 euros. Por ello, critican que se pueda desoír a la Intervención en lo que sale barato, pero sea forzoso seguir su criterio en la otra asistencia.
PROBLEMA
El problema, aseguran desde este colegio profesional, no es estrictamente de dinero. De hecho, tras una reunión mantenida anteayer han decidido que volverán a asumir el servicio, gratis, desde el Colegio de Abogados de Zaragoza. Allí nació, de la mano de una asociación de mujeres abogadas, antes de que el Gobierno de Aragón decidiese incorporar y financiar la idea. Los letrados seguirán prestando el servicio hasta mayo, pero entonces se plantarán contra lo que entienden como un nuevo desaire. "Lo que nos sale barato que se lo queden los abogados", ironizaba Muñoz.
El decano del colegio de abogados de Zaragoza, Antonio Morán, aunque aún no daba por segura la medida, criticaba la posibilidad porque "los letrados son expertos y bien relacionados con el resto de los implicados en este ámbito, como los servicios sociales, sanitarios o las fuerzas de seguridad". Además, opinó que, con una aportación anual de unos 125.000 euros por parte de la DGA, no se explica la necesidad del concurso.
Según explicaron fuentes de este departamento de la DGA, hasta ahora ambos servicios se ofrecían en un paquete conjunto, mediante un contrato negociado con los colegios de abogados de las tres provincias. "El año pasado --indicaron las mismas fuentes--, la Intervención ya puso problemas porque los contratos debían someterse a la libre concurrencia. Pero no se hizo. Este año han insistido desde este organismo, a través de una recomendación de la Junta Consultiva de Contratación en el mismo sentido. A pesar de esto, lo que se ha conseguido es mantener el contrato negociado en el caso de las guardias, pero las asistencias se sacarán a concurso", añadieron desde la consejería de Broto.
Este logro de mantener las guardias en manos de los abogados lo ven de manera muy distinta ellos mismos. Según recuerda el coordinador del SAM en Zaragoza, Antonio Muñoz, las asistencias son la parte "rentable" del servicio, en la que el Ejecutivo autonómico socialista le puede interesar ganar algo con la "privatización".
Según expone el responsable de este servicio, un letrado en Teruel cobra por ejemplo 0,37 euros por hora de guardia, mientras una hora de asesoría en Zaragoza se puede cotizar a 40 euros. Por ello, critican que se pueda desoír a la Intervención en lo que sale barato, pero sea forzoso seguir su criterio en la otra asistencia.
PROBLEMA
El problema, aseguran desde este colegio profesional, no es estrictamente de dinero. De hecho, tras una reunión mantenida anteayer han decidido que volverán a asumir el servicio, gratis, desde el Colegio de Abogados de Zaragoza. Allí nació, de la mano de una asociación de mujeres abogadas, antes de que el Gobierno de Aragón decidiese incorporar y financiar la idea. Los letrados seguirán prestando el servicio hasta mayo, pero entonces se plantarán contra lo que entienden como un nuevo desaire. "Lo que nos sale barato que se lo queden los abogados", ironizaba Muñoz.
El decano del colegio de abogados de Zaragoza, Antonio Morán, aunque aún no daba por segura la medida, criticaba la posibilidad porque "los letrados son expertos y bien relacionados con el resto de los implicados en este ámbito, como los servicios sociales, sanitarios o las fuerzas de seguridad". Además, opinó que, con una aportación anual de unos 125.000 euros por parte de la DGA, no se explica la necesidad del concurso.
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