LA JUSTICIA GRATUITA EN ARAGON, SERVICIO PUBLICO ATASCADO Y CON MAL FUNCIONAMIENTO

NINGÚN FUTURO MEJORABLE, PARA EL TURNO DE OFICIO, CON LA NUEVA BAREMACION PARA ESTE AÑO.
DEMOSTRANDO EL DESCONOCIMIENTO ABSOLUTO DE LA TAREA DESARROLLADA POR LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO, O EN SU CASO UNA MALA FE, EN LA REGLAMENTACION ELABORADA, PARA EMPEORAR EL SERVICIO QUE RECIBEN LOS CIUDADANOS.

NUESTRA ASOCIACION , SOLICITA LA INMEDIATA DIMISION DE LA DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR, POR SU MANIFIESTA INCOMPETENCIA DESARROLLADA DESDE SU NOMBRAMIENTO, POR EL GOBIERNO ACTUAL DE LA DGA.

PONIENDO EN CONOCIMIENTO DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO, la reglamentación efectuada hasta la fecha en materia de justicia gratuita, en Aragón, asi como el desarrollo efectuado en la baremación efectuada, de las actuaciones que los abogados deben de desarrollar, manifestando su Presidencia y Junta Directiva, su máxima repulsa, a todo el desarrollo reglamentario efectuado, mostrando la solidaridad con los penurias que sufren los compañeros del turno de oficio, en el desarrollo de su trabajo, en la Comunidad Autonóma Aragonesa, que va empeorando año tras año, sin contemplar en el futuro, las mejoras necesarias, que han sido reclamadas, y no aceptadas por la ya citada Directora General de Justicía e Interior, Sra. Julvez.

Según se ha detallado, el reglamento "sigue sin asumir el pago de nuestro trabajo, no se establecen los procesos administrativos necesarios, se ha eliminado el pago de la orden de protección para violencia de género y se ha reducido la cuantía para juicios rápidos, demandas de juicios ordinarios o procedimientos de familia".

La regulación de los baremos, no contempla una parte muy importante de los trabajos que deben de realizarse, por los abogados del turno de oficio, y ello, sin duda, redunda en perjuicios para los ciudadanos, tales como, en materia de recursos, y ejecuciones de sentencia. No estableciendo una solución o respuesta positiva, a la situacion de impago del trabajo realizado por los abogados, cuando la administración no demuestra su situación económica, para la obtención del derecho a litigar.
Situación que el Gobierno de Aragón, se niega a solucionar, y que empeora, la situación en que se encuentra el servicio público de justicia gratuita en Aragón.

Exigimos por tanto, una solución a los problemas, que no tienen un coste elevado, tratandose más de una voluntad politica, que se niega a dar respuestas, que de un temas presupuestario.