Los abogados de Valencia crean la Plataforma por un Turno de Oficio Digno
Letrados y Letradas del Colegio De Abogados de Valencia (ICAV) han constituido la Plataforma por un Turno de Oficio Digno, independiente al ICAV, para dar a conocer la problemática que para el ciudadano conllevan los recortes en la asistencia jurídica gratuita. Al mismo tiempo desde la Plataforma defienden y exigen unas condiciones de trabajo dignas para los Letrados y Letradas del turno de Oficio. La plataforma está abierta al resto de profesionales de la Justicia y al conjunto de la ciudadanía como usuaria de ella.
Los ojos de Hipatia ha tenido el placer de entrevistarse con la portavoz de la plataforma, la abogada Silvia García Arrue, para saber en qué situación se encuentran los abogados del turno de oficio y, las consecuencias de los recortes en la asistencia jurídica gratuita.
La plataforma rechaza la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que puede acabar con un servicio fundamental para la ciudadanía y con la figura del abogado de oficio. La plataforma entiende que las medidas llevadas a cabo por el ICAV, han sido “insuficientes e ineficaces hasta ahora”, en una situación de empeoramiento extremo de las condiciones “en que desempeñamos nuestro trabajo los Letrados y Letradas del Turno de Oficio, que deriva en un empeoramiento innecesario del servicio y por tanto repercute en el usuario del mismo que es el ciudadano”, aclara Silvia García Arrue, portavoz de la Plataforma. “En la situación actual en la que nos encontramos, los Letrados que pertenecemos al turno de Oficio venimos sufriendo retrasos muy graves en el abono de nuestros servicios desde hace más de dos años, lo que se ha visto agravado cuando en el año 2012 hubo una importante rebaja sobre unos honorarios que ya estaban congelados desde el 2.005”.
Desde la Plataforma consideran que el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, para aquellos que no poseen medios económicos para defender sus derechos, es un derecho constitucional que corresponde sufragar al Estado. Sin embargo, con la Reforma la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita proyectada por el Gobierno, se pretende minorar y desestructurar un servicio público esencial, reduciéndolo al mínimo y desincentivando su uso, a través de medidas como: el abono de honorarios por informarse de si tiene o no derecho a justicia gratuita; la reducción de los umbrales de renta que permiten acceder al servicio público, atacando especialmente a trabajadores y trabajadoras autónomos; el pago de tasas judiciales por parte de trabajadores/as en recursos por despidos, salarios pendientes o reclamación de pensiones; la exclusión del sistema judicial de personas extranjeras “irregulares”; se dificultan los trámites y la presentación de recursos o, la limitación a tres pleitos en un año (salvo temas penales) de solicitar justicia gratuita, medida directamente inconstitucional, entre otras.
Por otra parte, la Reforma de la Ley ataca igualmente a abogadas y abogados del Turno: introduce sanciones desproporcionadas y más burocracia, e incluso, permite que se trabaje sin llegar a cobrar si se deniega después el derecho al ciudadano a la justicia gratuita. La plataforma entiende que la futura Ley busca “eliminar la figura del abogado de oficio a la vista de todas las novedades de esta reforma, por lo que se constituye en defensa de las condiciones de trabajo, de remuneración de los servicios prestados, y la dignidad de quienes trabajan como letrados y letradas del Turno, así como en defensa de un derecho constitucional fundamental, como es el derecho a la justicia gratuita del ciudadano”, arguye García Arrue.
La Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita está ahora debatiéndose, tramitándose en el Parlamento. Por desgracia, hay un déficit de comunicación importante entre los Colegios de Abogados y los propios letrados de turno de oficio, cuanto menos en Valencia, desconociéndose por los propios abogados de turno de oficio qué actuaciones se están realizando desde sus Colegios y representantes en defensa de los derechos de los ciudadanos y de los propios colegiados que prestan el servicio.
Por todo ello, y como puntualiza García Arrue: “la Plataforma se constituye a fin de emprender de inmediato, acciones de rechazo ante la propuesta de modificación de la Ley por parte del Gobierno, concentraciones a las que invitamos a ciudadanos y profesionales de todo el ámbito jurídico, así como de toma de responsabilidades por sus acciones u omisiones para con nosotros por parte de los respectivos colegios profesionales que deberían ampararnos”.
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