Este Anteproyecto revisa la Justicia Gratuita someramente e instaura la precariedad laboral y traslado de responsabilidad a los abogados; peor aún, los colegios deciden si se puede o no obtener justicia gratuita, convirtiéndose en jueces a la hora de decidir quién accede o no a la misma.
La cuestión de financiación económica de la misma es soslayada y queda sin resolver en perjuicio de los profesionales del Derecho y de los ciudadanos.
Es necesario garantizar libertad e independencia; preservar la dignidad del trabajador de oficio, los honorarios justos por el trabajo realizado, y la calidad del servicio prestado.
El anteproyecto adolece de desconocimiento y carga a los Colegios con competencias que no les corresponde, en perjuicio de los abogados, convirtiéndonos en auxiliares administrativos.
La valoración de su coste recae en los abogados, abocados a la miseria económica y laboral.
Si se quiere justicia gratuita para los que no tienen recursos habrá que establecer una organización de la Seguridad Social Judicial que garantice la remuneración de los profesionales del Derecho, y este anteproyecto no lo hace. Es retrógrado y nada prospectivo. Se burocratiza más, en vez de aplicar nuevas tecnologías al buen funcionamiento del Sistema.
De ser hombres buenos, hemos pasado a ser un "quien hizo la ley hizo la trampa". Depauperados, cuando somos uno de los pilares de la Oficina Judicial y de la Justicia; sufrimos el despojo de nuestras funciones, convertidos en profesionales de "paripé", de chaqueta, corbata y toga, corre pasillos del ya desprestigiado Sistema Judicial.
Grupos de abogados españoles están protestando en contra del proyecto de ley de justicia gratuita, argumentando que no es tal.
Uno de los argumentos en contra es que a los abogados se les obliga a trabajar gratis en caso de que a alguna persona se le deniegue el derecho de justicia gratuita.
“Se les obliga a trabajar gratis, no estando previsto en la ley mecanismos de desistimiento del abogado en caso de que al justiciable no le concedan el beneficio de justicia gratuita. Esta situación es especialmente grave en causas penales, en las que es obligatoria la defensa letrada desde el primer momento, pudiendo constituir un delito la no asunción de la misma”, según Jurismedia, el 14 de mayo.
A su vez a los abogados para cobrar por sus servicios al Estado regional se les ofrece un sistema bancario que les cobra intereses por recibir el dinero, ya que éste viene pagado oficialmente con retraso, y sin reembolso de estos gastos.
Las apelaciones son tantas que numerosos abogados se reunieron a protestar este fin de semana, si bien los reparos se anunciaron antes de ser aprobada el pasado 21 de febrero por el Consejo de Ministros. En la revista Abogacía Española publicaron 11 de las razones contra el proyecto.
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, Martín Aleñar, junto con varios abogados, diversos miembros de la Junta de Gobierno de la corporación colegial, hicieron eco a la protesta convocada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares (AJAIB) ante los Juzgados de Vía Alemania para exigir la retirada del proyecto de ley de Justicia Gratuita, informó Lawyexpress el 16 de mayo. Esto se repitió en diferentes ciudades del país.
Canyelles y los demás presentes concluyeron que “nos encontramos ante un propuesta de recorte de derechos”, que se resumen en “las carencias, lagunas, deficiencias y contradicciones de la propuesta de reforma, que impedirán que este servicio público funcione de forma eficiente y sea accesible para los ciudadanos que lo requieran”.
“La asistencia letrada al detenido o preso y la asistencia de abogado en todo tipo de procesos son instrumentos fundamentales para hacer posible la realización jurídica del derecho a la tutela judicial efectiva y de las garantías de la libertad personal consagradas en la constitución de 1978. El carácter gratuito de la asistencia letrada al detenido, en todo caso, y la asistencia de abogado, en los supuestos de justicia gratuita, son complementos indispensables de los derechos y garantías antes citados”, destaca el equipo de abogados de Baleares en su portal.
Los abogados plantan cara a la Ley de Justicia Gratuita y anuncian paros
M.G./Toledo
Una treintena de profesionales se concentra a las puertas del Palacio de Justicia en protesta por una futura normativa «que perjudicará la ciudadanía» y a los profesionales del turno de oficio
«Estamos en desacuerdo porque no se garantiza el derecho a una asistencia jurídica gratuita», explicó ayer el decano del Colegio de Abogados de Toledo, José Sánchez Recuero, dado que la normativa que se encuentra en tramitación parlamentaria «perjudicará a la ciudadanía» porque dificultará el acceso a la Justicia, ya que se ha elevado al 20% el límite de los ingresos por debajo del cual es posible solicitar la defensa de oficio.
El proyecto ha causado un gran revuelo entre los letrados del turno de oficio, en los colegios de abogadfos y en las asociaciones profesionales, que lo consideran «muy perjudicial» y entienden que el Gobierno se olvida de que la justicia gratuita es un servicio público y de que los colegios de abogados son los encargados del control deontológico y de las posibles sanciones a letrados del turno de oficio que incumplan o cometan negligencias. Si bien, con el nuevo texto se suprime la obligación de residencia del abogado en el ámbito de su domicilio profesional y del colegio de abogados, lo que añade, según Sánchez Recuero, importantes trabas en la tutela judicial efectiva.
Además, los abogados tampoco ven acertado, entre otras cosas, que se abra la puerta de la justicia gratuita a empresas sin contemplar los recursos económicos, con lo que se podría estar vulnerando uno de los principios de este servicio público.
Una treintena de abogados se concentró ayer porque teme que la nueva ley también perjudique a los abogados del turno de oficio, que podrían sufrir una rebaja en sus retribuciones, sin actualizar desde hace más de diez años, ya que se avecina una rebaja del 30%de los módulos de pago en función de las comunidades autónomas. Yaunque esta problemática no afectaría directamente a Castilla-La Mancha porque no tiene las competencias de Justicia trasferidas, los abogados también se oponen a esa centralización que recoge un anteproyecto que no ha contado con la opinión ni la colaboración del sector de la abogacía.
movilizaciones. La concentración de ayer en Toledo era la primera de las muchas que se avecinan. Los letrados seguirán saliendo a la calle a protestar y tienen en mente poner en práctica un calendario de paros para intensificar el pulso con el Ministerio de Justicia. Si bien, Sánchez Recuero asegura que habrá que estudiar bien la manera de hacerlo para perjudicar lo menos posible al ciudadano, ya que los días en los que se lleve a cabo el cese de actividad no habrá defensa jurídica. Pero aún es pronto para avanzar un calendario que debe consensuarse quizá con el resto de colegios de abogados, algunos de ellos muy activos en los últimos días.
En este sentido, el decano explicó que el de Madrid llevó a cabo un encierro el miércoles, una medida de presión importante, pero puede perjudicar al justiciable. Por tanto, en Toledo las protestas se intentarán encaminar por otras vías sin dejar de expresar el malestar de un sector que no encuentra lógica a una ley que nace sin diálogo y, por supuesto, sin consenso político, dado que los grupos parlamentarios presentaron enmiendas a la totalidad, ni profesional.
Abogados de Tenerife se encierran contra la ley de justicia gratuita
Colegios de abogados del país, entre ellos el de Santa Cruz de Tenerife, acogen este miércoles y jueves encierros de letrados para protestar contra el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, por considerar que dificultará el acceso de los ciudadanos a la justicia.
Los colegios de abogados de Madrid, Barcelona, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Alcalá de Henares (Madrid), Cartagena (Murcia), Granada y La Rioja acogerán jornadas de protesta auspiciadas por catorce asociaciones de letrados.
En una rueda de prensa, Antonio Agúndez, de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), ha denunciado que el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita es "contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia", lo que, en su opinión, es "grave, perjudicial y peligroso".
La jornada promoverá la reflexión sobre el proyecto de ley para dar a conocer la reforma del modelo del turno de oficio y supondrá una petición de "ayuda y socorro a la ciudadanía" en defensa de sus derechos fundamentales, ha indicado Agúndez. Teodoro Mota, de la Asociación Libre de Abogados (Ala), ha estimado que la reforma de la justicia gratuita, que está en tramitación parlamentaria, es "un paso más para dejar sin contenido la Constitución y los derechos y libertades de los ciudadanos".
Mota ha planteado "una enmienda a la totalidad" del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que deja sin derecho a la defensa a las capas menos favorecidas. La presidenta de la Asociación de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), Virginia Parra, ha señalado que los extranjeros, con los rechazos de fronteras, el drama de las vallas, los problemas de los centros de internamiento o la trata de mujeres, tienen una necesidad urgente de justicia gratuita.
Parra ha exigido una ley de asistencia jurídica gratuita que garantice el derecho de defensa de los extranjeros y que no obstaculice su acceso a la jurisdicción como ocurre con el proyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Javier Ospina, de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, ha manifestado que la reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los más desfavorecidos, perjudica al ciudadano y no atiende las necesidades de un Estado de un Derecho que debe garantizar el acceso a la Justicia de todos los colectivos.
