Según informa el Consejo en un comunicado, se ha acordado también recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que avala la Orden 2/2012 del Consell en lo relativo a la posibilidad de ajustar las retribuciones de los abogados de oficio a "las cambiantes situaciones económicas y sociales" y "someterse a la disponibilidad presupuestaria".
Asimismo, estudiará la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la referida orden por "vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos" y presentará una queja a al Defensora del Pueblo por la diferencia de baremos dentro del territorio nacional.
El Consejo recomienda a los colegios de abogados que no designen letrados de oficio para aquellas actuaciones en las que su actuación no sea preceptiva conforme a la legislación.
También que en las solicitudes de designación por auto motivado se exija que se motive la necesidad de la designación letrada, se justifique la disposición de fondos públicos y, en consecuencia, se recomienda a los colegios que no se designe letrado de oficio en caso contrario.
Se recomienda a los letrados de oficio que no se hagan cargo de gasto alguno, como fotocopias, que no les esté expresamente conferido y retribuido.
Por otra parte, se reclama a la Conselleri la plena implantación del expediente electrónico y se le insta para que garantice el derecho de defensa y la continuidad del sistema público de justicia gratuita, asumiendo el coste real del servicio.
Asimismo, estudiará la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la referida orden por "vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos" y presentará una queja a al Defensora del Pueblo por la diferencia de baremos dentro del territorio nacional.
El Consejo recomienda a los colegios de abogados que no designen letrados de oficio para aquellas actuaciones en las que su actuación no sea preceptiva conforme a la legislación.
También que en las solicitudes de designación por auto motivado se exija que se motive la necesidad de la designación letrada, se justifique la disposición de fondos públicos y, en consecuencia, se recomienda a los colegios que no se designe letrado de oficio en caso contrario.
Se recomienda a los letrados de oficio que no se hagan cargo de gasto alguno, como fotocopias, que no les esté expresamente conferido y retribuido.
Por otra parte, se reclama a la Conselleri la plena implantación del expediente electrónico y se le insta para que garantice el derecho de defensa y la continuidad del sistema público de justicia gratuita, asumiendo el coste real del servicio.
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