El decano del Colegio Provincial de Alicante asegura que el Consell carece de «voluntad política» para mejorar la situación de precariedad.
«Ninguna de las manifestaciones hechas por el conseller nos satisface». Respaldado por toda su Junta, el decano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante (Icali), Fernando Candela Martínez, se mostró ayer contundente con respecto a las actuaciones de la Conselleria de Justicia, que encabeza Serafín Castellano, en torno al turno de oficio que prestan los letrados de forma gratuita para los usuarios en la Comunitat. La valenciana es la autonomía española en la que a la administración le sale más barato pagar a un togado que actúa de oficio, situación que la Generalitat «no tiene voluntad política» para mejorar, denunció el decano alicantino.
Poco más de euro y medio, en concreto 1,67 euros la hora, es lo que paga el Consell por el turno de oficio a un letrado de Alicante, Valencia o Castellón. Una cantidad irrisoria, sostienen desde el organismo colegial, que se desprende del presupuesto de 18,5 millones de euros con el que cuenta la Generalitat desde que aprobó la Orden 2/2012. Un 'tijeretazo' que rebajó la asignación económica en casi un 30% de golpe y además exigía que el servicio mantuviese los estándares de calidad.
El montante asignado dista de otras comunidades como la de Andalucía, con más de 40 millones de euros de presupuesto y que, sin embargo, se encuentra lejos todavía de regiones como Madrid o Barcelona. «Entendemos que la razón de ser de los recortes de la Generalitat es la crisis», manifestó el decano de Alicante, pero se preguntó si en la Comunitat Valenciana «hay tres veces más crisis que en otras autonomías» y señaló que «habría que saber por qué sucede eso». Por ello, y a la espera de que la situación mejore, los letrados alicantinos mantendrán la actitud que han tenido hasta ahora de beligerancia, pues cabe recordar que se han convocado concentraciones e, incluso, una jornada de paro del turno de oficio por «lo precario» de su remuneración.
Desde el año 2005, la Generalitat mantuvo un presupuesto congelado de 26 millones de euros hasta el 2012, ejercicio en el que se ejecutó el recorte de la Administración autonómica. Sin embargo, los letrados obtuvieron un compromiso de pago sin demora que tampoco se cumple. A día de hoy, el retraso acumulado es de medio año, el correspondiente al último trimestre de 2013 y el primero de este año. Aseguran los abogados que no se han recibido quejas de los usuarios, pese a que son ellos mismos quienes costean viajes, fotocopias y tiempo empleado.
No obstante, antes de adoptar cualquier medida, aguardarán a los acuerdos que apruebe el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, del que forman parte los ocho organismos colegiales de la Comunitat, la mitad de la provincia de Alicante, entre los que se encuentran los de Alicante, Alcoy, Elche y Orihuela. «Esperamos -señaló Candela- que esta vez lo que se acuerde sea por unanimidad».
«Hartos de palabrería»
A la indignación del Icali por el trato ofrecido por la Conselleria de Justicia, se sumó en el día de ayer el enfado de la Agrupación de los Jóvenes Abogados de Alicante (AJA).
Su presidente, el letrado Carlos Frigola Espinosa, fue más que tajante y pidió al conseller que pase «de las buenas palabras» y adquiera «compromisos que se materialicen en actuaciones». Lamentó el togado que hasta el momento las promesas «no se han cumplido».
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