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ANTE LA CELEBRACION DEL III CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO (III CAT´14)
Queridos compañeros:
Los próximos días 7 y 8 de Marzo vamos a celebrar, en la universitaria ciudad de Alcalá de Henares, el III Congreso Nacional de Abogados del Turno de Oficio (III CAT´14) que organiza la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuíta (CEAT) con la inestimable colaboración de los compañeros que forman parte de la Asociación alcalaína ACATO, miembro cofundador de aquélla. Cita importante para cualquier Abogado, pero imprescindible para quien además desempeñe el Turno de Oficio y/o la Asistencia Jurídica Gratuíta en cualquier lugar de España.
Desde los tiempos tan entrañables como ciertamente duros e ingratos del I CAT´09, celebrado en Gijón, mucho camino hemos hecho al andar, que diría el poeta, y muchas cosas han sucedido en nuestra profesión. Lo que en aquel momento se dio en llamar “el espíritu de Gijón” continúa vigente hoy en día, y fruto de ese encomio desinteresado, idealista y casi utópico, fue la elaboración de los Estatutos de lo que hoy es la Confederación y el posicionamiento claro y diáfano de la CEAT como bastión irreductible de la defensa a ultranza, sin concesiones a la galería, de los intereses profesionales de todos los Abogados de España y especialmente de quienes servimos al Estado en la previsión constitucional de su artículo 119.
Se han convertido en cita tradicional nuestros sucesivos Congresos Nacionales; después del primero en Gijón, en el año 2.011 fue en Córdoba y ahora, en Alcalá de Henares. Ponentes de la categoría profesional, intelectual y mediática como Javier Gómez Bermúdez (Magistrado de la Audiencia Nacional) o Javier Nart (insigne compañero de Barcelona) han sido sólo algunos de los más preclaros ejemplos de la elevada calidad técnica de los participantes en ediciones anteriores al aportar su experiencia, elocuencia y sugerencias ante los gravísimos e irresolutos problemas que adolece la Abogacía de Oficio. Oír del Juez Gómez Bermúdez que es inaceptable la prestación económica abonada por el Estado a los compañeros que actuaron de Oficio en el juicio del 11-M, ó a nuestro compañero Javier Nart que la estructura de la Justicia Gratuíta en España “es un Rolls-Royce sin gasolina”, aludiendo a la excelente planificación teórica junto a la denigrante retribución económica que percibimos, no tiene precio. Y el III CAT´14 de Alcalá no se quedará atrás en absoluto pese a los desprecios y las huídas cobardes de quienes rehúsan dar la cara y exponer sus argumentos… caso de que los tengan…, para defender su gestión.
Hasta Agosto del 2.010, y tras ímprobas reclamaciones de nuestra Confederación al CGAE, a los Colegios, al Gobierno, al Defensor del Pueblo, ante los medios de comunicación…, por fin se consiguió que el Abogado de Oficio, teóricamente, pase a disfrutar también de la Sanidad pública. Y decimos teóricamente porque se impuso un baldón humillante, injusto y que me atrevo a calificar no sólo de ilegal sino inconstitucional, el cual consiste en limitar esa cobertura de la Sanidad pública a Letrados cuyos ingresos brutos no superen la cantidad de 100.000 euros anuales. Ignorando que la Sanidad se sostiene por medio de impuestos y quien tenga la fortuna de ingresar (que no es lo mismo que ganar, ojo…) más de 100.000 euros anuales, contribuirá más y mejor al fisco que el que gane menos. Bueno, pues nuestros representantes corporativos, tras recordar en una línea este hecho indudable, llevan año y medio sin abrir la boca al respecto, sin exigir con contundencia verbal e incluso con la procesal que las leyes nos otorgan y que a ellos obliga dados los cargos institucionales que ocupan en la profesión, la inmediata derogación de ese límite económico y lograr que todo Abogado de España, independientemente de cuál sea su cuenta de resultados, disfrute de la Sanidad igual que hace cualquier otro ciudadano español o incluso extranjero residente en nuestro país. Ni una sola palabra.
Como tampoco se dice nada, y se hace menos, para evitar al fin que el coste de la Justicia Gratuíta en España siga recayendo, como pasa desde hace más de 30 años de democracia, sobre las dolientes economías privadas de los Abogados que desempeñan ese servicio público. Dicen, de cara a la galería, que el Turno de Oficio está mal pagado, para sonreír a renglón seguido de cara a la cámara, dar la mano al político de turno, y esperar que el tiempo traiga alguna prebenda o reconocimiento del tipo que sea para premiar servicios prestados por la docilidad y mansedumbre con el poderoso de todo signo político en detrimento de los Abogados.
Desde nuestras alturas corporativas se tiene más en la boca y en el espíritu la defensa incondicional de los intereses del justiciable que los del Abogado. Un justiciable que ya tiene la defensa de las Organizaciones de Consumidores, y que no le paga al Sr. Carnicer ni una Coca-Cola, frente a unos Abogados que somos los que nos vemos obligados –esa es la palabra adecuada, “obligados” si queremos ejercer- a sostener económicamente con nuestros cada día más escasos dineros la costosa burocracia del Consejo General de la Abogacía Española y de 83 pequeños Reinos de Taifas que no quieren soltar su bocado porque han hecho de su existencia la razón de vivir de muchos, que dicen acudir a las elecciones a servir a lo público (sic), cuando lo que realmente ocurre es que medran para servirse de lo público.
¿Hasta cuándo nuestra indolencia? ¿Hasta cuándo seguir consintiendo que sean los propios Colegios de Abogados quienes hagan de esquiroles a romper una huelga del Turno en cuanto en algún sitio los compañeros cesan voluntariamente en su prestación de servicios profesionales como medida de presión contra la Administración que nos paga como a esclavos el trabajo de hombres libres? ¿Hasta cuándo vamos a seguir consintiendo que nos ninguneen como a los “siervos de la gleba del siglo XXI”? ¿Por qué callar si una Consejera de Justicia de una Comunidad Autónoma nos llama “peseteros” o si otro homólogo de otra Comunidad Autónoma dice que el Turno de Oficio le está saliendo “muy caro”? ¿Por qué quienes por las poltronas que ocupan deben salir como jabatos en defensa de nuestra dignidad profesional y luchar a brazo partido con la Administración para que nos paguen a criterio de mercado (los Abogados también somos humanos y nos afecta la crisis económica, como a todo el mundo), callan y otorgan cobardemente mientras en las fotos ríen y siguen sonriendo con el Poder?
Todas las reformas procesales que habidas en España desde la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2.000 tienden directa o indirectamente a robar cuota de mercado a los Abogados: juicios monitorios, arbitraje, mediación (con la ley actual un Ingeniero Aeronáutico o un Veterinario puede ser mediador)… El actual Ministro de Justicia ha cedido ante las presiones del Consejo de Colegios de Notarios de España y les prometió darles las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo y sin hijos menores a precios irresistibles para los Abogados…; ahí vemos, por enésima ocasión, la diferencia entre ocupar un puesto de defensa de sus colegiados y ejercerlo fiel y lealmente, y no hacerlo y dedicarse a otros menesteres menos loables como la defensa del justiciable mientras nosotros y no el justiciable somos quienes pagamos su coche oficial o sus aviones en Business.
En el último año se ha visto la repercusión de la Ley de Tasas en la profesión y el mazazo, para algunos compañeros, definitivo, que supuso la entrada en vigor de la Ley de Robin Hood, pero sin darle luego el dinero a los pobres, que es la Ley de Tasas. La actitud de los órganos corporativos de la profesión fue en todo momento sangrar una vez más por el justiciable, por la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución, por la merma en derechos fundamentales y en el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos… Pero ni una palabra recordando e incidiendo que esa disminución de la judicialidad en los Tribunales ante el Tasazo implica un tiro de gracia en la economía del 90 % de los Despachos de Abogados españoles, que nos quedamos sin trabajo. Mas faltamos a la verdad si decimos que no han recordado nuestros próceres corporativos ni una sola palabra sobre la materia. Sí que lo han hecho, para sentar la idea, falsa de toda falsedad, de que “en absoluto” la Abogacía española (sic) se opone a la Ley de Tasas por corporativismo y por defender su cuota de clientela, sino por su defensa del ciudadano... Como dijera el responsable de la defensa del Cuartel del Simancas, en Gijón, en 1.936, “disparad sobre nosotros, el Enemigo está dentro”.
Eso sí: fotos sonrientes con el poder político, el económico y el institucional del Estado en su triple acepción de Estado central, autonómico y local, todas las del mundo. Porque como bien sabemos, el que se mueve no sale en la foto y acaso luego pierdan futuros trampolines para mejores poltronas si ahora se muestran “excesívamente” beligerantes en la defensa de la Abogacía y los intereses de quienes formamos parte de ese colectivo de más de 140.000 profesionales en toda España.
Por eso se hace imprescindible el concurso en la vida corporativa de la profesión de la CEAT. Por eso ha nacido la CEAT y las Asociaciones locales que alumbraron su nacimiento. Porque se torna en imprescindible que una voz DE ABOGADOS Y PARA ABOGADOS se oiga en el ámbito de la Justicia en España. Porque ya está bien de sostener organismos medievales con el dinero que no tenemos y que luego se encarguen de defender intereses bastardos que nos son ajenos y a veces son hasta antagónicos. Un Despacho de Abogados no es una ONG-Jurídica sino una actividad profesional que busca el lucro a través del trabajo; algo tan honesto y tan sincero como eso. No somos ni la OCU ni Caritas. Somos profesionales del Derecho y por eso queremos vivir del ejercicio del Derecho. Igual que un Juez, que un Fiscal, que un funcionario cualquiera de la Administración. No somos más, pero tampoco menos que ninguno de ellos. Y si quienes han de defender nuestros intereses renuncian vergonzosamente a hacerlo, tendremos que constituírnos en autodefensa y actuar por nosotros mismos para defender el Pan y la Justicia que nos corresponde a todos los que ejercemos esta profesión. Por eso está aquí la CEAT.
En nuestro inminente III Congreso Nacional trataremos temas de pujante interés y relevancia para todos nosotros: qué papel (ignominioso, ciertamente) desempeñan hoy los Colegios de Abogados y toda la estructura orgánica de nuestra profesión, y cuál debería asumir si quieren que permitamos su supervivencia con nuestro amor, nuestro respeto y sobre todo con nuestro dinero a modo de cuotas; un análisis exhaustivo de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuíta que pretende promulgar el actual Gobierno; la incidencia asesina que la Ley de Tasas ha tenido sobre nuestros Despachos, y cuáles puedan ser las herramientas legales a nuestro alcance, ciertamente imaginativas algunas, para combatir su aplicación y lograr su final erradicación del panorama legislativo español; y por último, un tema ciertamente nuevo y sugestivo: diseñar lo que debería ser el Estatuto del Abogado de Oficio, pues el CGAE ha tenido a bien redactar y apadrinar la Carta de Derechos del justiciable en materia de Justicia Gratuíta, pero no ha tenido la valentía de hacer lo propio, y con todo su ahínco, para publicar y promocionar un documento análogo que pusiera a los Abogados en el puesto de honor que ciertamente nos corresponde: pues bien, si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros, los confederados.
Y llegados a este punto, ¿todavía tienes dudas, querido compañero, para no acudir a Alcalá de Henares en Marzo y participar de nuestro Congreso, que es el tuyo?
Germán-Ramón Inclán Méndez
- Presidente CEAT -
Letras Españolas,
D. MIGUEL DE CERVANTES, para animar a todos a vuestra
participación así como a aportar vuestras ideas para que los Abogados del Turno
de Oficio no seamos considerados “Quijotes luchando contra molinos de viento”,
sino unos profesionales unidos, concienciados frente a los problemas en su
asunción y búsqueda de las soluciones y reivindicaciones, y con los pies en el
terreno como garantes de los derechos de todos.
