El diputado autonómico de Compromís por Castelló, Josep Maria Pañella, ha declarado que "el funcionamiento de los abogados del turno de oficio no es el resultado de ningún capricho del legislador, sino que constituye una pieza clave de nuestro sistema judicial, la única que garantiza una justicia igualitaria para todos, sin discriminación por razón de su capacidad económica. Así lo consagra una Constitución que, cuando le conviene, el PP convierte en sacrosanta, pero que, en casos como éste, prefiere olvidar completamente”
En este sentido, Pañella considera que "haber permitido que se llegue a la situación actual, con trescientos abogados castellonenses del turno de oficio con medio año sin cobrar, constituye pe parte del Consell del PP un grave atentado contra la igualdad jurídica de la ciudadanía. Sólo el correcto funcionamiento de este servicio, pensado para que las personas con pocos recursos puedan disfrutar de un eficaz sistema de protección jurídica, garantiza de verdad la igualdad de todos ante la ley. Y ese correcto funcionamiento no puede ser real si los profesionales de la ley se encuentran inmersos en la lógica situación de malestar que les genera el impago durante seis meses de la prestación debida a sus servicios profesionales."
El diputado de Compromís ha declarado que "ya he perdido la cuenta de las veces que le he preguntado al conseller de Justicia por estos pagos atrasados; pero, por supuesto, lo he vuelto a hacer. Le he exigido que nos explique por qué estos profesionales no cobran por el ejercicio de sus servicios jurídicos y qué piensa hacer para solucionarlo. Y sé que, una vez más, el consejero me responderá con evasivas y palabras vacías, sin querer entrar nunca en el nudo de la cuestión. Porque, o son incapaces, o obran con mala fe. O son incapaces de pagar, por malísima gestión económica que han llevado a cabo, o obran con mala fe, marginando de forma deliberada estos servicios a la hora de elegir las prioridades para pagar las deudas, buscando marginalizar a las personas sin recursos para disuadirlas de ir ante la justicia. Y, sinceramente, ya no sé qué es más grave”
miércoles, 24 de octubre de 2012
jueves, 18 de octubre de 2012
OBJETIVOS MAXIMOS QUE SE PROPONEN, PARA SU ESTUDIO, ELABORACION Y DEBATE, A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, Y DE LA SECCION DEL TURNO DE OFICIO DE REICAZ, por parte de Alberto Verón Izquierdo, como Vicepresidente de la Sección.
1.- Promulgación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio que regule la materia y sustituya a la vigente de 1.996, que deberá tener rango de Ley Orgánica y no de Ordinaria por afectar a derechos fundamentales.
2.- Constitución de una Mesa de Concertación en la que intervengan todos los agentes corporativos y de la Administración central y/o autonómica con legitimación en este proceso, entre los cuales estarán las asociaciones, agrupaciones, y secciones del Turno de Oficio que deben estar siempre presente como interlocutor válido en la triple relación poderes públicos-entes corporativos-Abogados del Turno de Oficio, a fin de negociar el conjunto de reivindicaciones que la Abogacía española reclama,
3.- Retribución a mes vencido de la totalidad de las actuaciones profesionales realizadas por los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita en dichos servicios y en el Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J.) conforme al 100 % de lo establecido en los Criterios Orientadores de Honorarios Profesionales de cada Colegio vigentes a partir del 1 de Enero del 2.013 ó, en cualquier caso, conforme a los que continúen siendo de aplicación cuando menos a efectos de Tasación de Costas o lo que sean los valores medios de mercado en cada momento, ajustándose en este caso a la terminología utilizada por la Comisión Nacional de la Competencia; retribuciones que, en cualquier caso, incluirán los gastos y desplazamientos y valorarán las horas y/o días de disponibilidad de los Letrados y no podrán ser denominadas “indemnizaciones”, ni “compensaciones”, ni “subvenciones” ni mediante la utilización de eufemismos análogos, sino simple y llanamente como “honorarios”.
4.- Reconocimiento expreso e incorporación inmediata de los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita al Sistema Nacional de la Seguridad Social en materia de cobertura sanitaria, con iguales derechos y en idénticas condiciones que cualquier otro trabajador, sea éste por cuenta propia o ajena o, en general, cualquier residente en España.
5.- Revisión de los actuales criterios de concesión al justiciable del Beneficio de Justicia Gratuita de forma que se adecúen a una real y verdadera insuficiencia de ingresos.
6.- Reconocimiento del servicio público prestado por los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita en favor de la Administración de Justicia y de los justiciables más desfavorecidos económicamente a los efectos de su valoración en convocatorias públicas y concursos-oposición para pruebas de acceso a la función pública, en base a los años de servicio prestados por cada Letrado, las especialidades en las que haya estado inscrito, y el número de expedientes gestionados.
7.- Reorganización general del Turno de Oficio Penal
a) Cada jornada de Guardia del Letrado supondrá una retribución con carácter fijo en concepto de “disponibilidad” del profesional, más otro variable en función del número de asistencias y actuaciones que preste a lo largo de esa Guardia, desde la primera de ellas inclusive.
b) De igual modo, cada jornada de Guardia del Letrado computará como 3 días de cotización efectiva a la Seguridad Social: si cada trabajador cotiza un día en su historial laboral por cada 8 horas trabajadas, una Guardia de 24 horas equivale a 3 días efectivos de cotización.
8.- Cobertura de los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita por medio de dos clases de Seguro con aquéllos como asegurados:
a) Seguro de Accidentes que cubra las lesiones corporales y los daños materiales que pudiera sufrir el Letrado en su persona y bienes en el ejercicio y desempeño de su función de servicio público (incluidos los desplazamientos “in itinere”), siendo considerada legalmente tal contingencia, a todos los efectos, como “accidente de trabajo”.
b) Seguro de Responsabilidad Civil que ampare la actuación del Letrado en la prestación de dicho servicio público.
9.- Eliminación total de la carga burocrática que aún pesa sobre los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita; en concreto, y con carácter enunciativo y a modo de ejemplo:
a) no tener que justificar su actuación profesional a fin de percibir sus honorarios por el desempeño de su servicio público.
b) no tener que recabar la situación económica del justiciable a efectos de determinar si tiene o no derecho a disfrutar del Beneficio de Justicia Gratuita.
10.- Asunción por parte de la Administración Pública competente del pago de los honorarios de los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita para el caso de denegación del Beneficio de Justicia Gratuita al justiciable solicitante, sin perjuicio del derecho de repetición que ostentará la Administración en todo caso frente a quien ha visto denegado dicho derecho por no reunir los requisitos legales para ello.
11.- Exigir a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita que en las resoluciones denegatorias del Beneficio de Justicia Gratuita figure, al menos y como requisito imprescindible de su fundamentación, la relación de ingresos, bienes y recursos tomados en consideración para adoptar dicha decisión denegatoria.
12.- Compensación con rango de complemento como Pensión No Contributiva a aquellos Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita con una antigüedad mínima de quince años de dedicación a dicho servicio y que al llegar a su jubilación no disfrutaren de pensión o ésta no alcanzase al menos el importe del Salario Mínimo Interprofesional. En ese caso, deberá recibir una prestación no contributiva cuyo importe dependerá de que sus ingresos al jubilarse, por todos los conceptos, no superen el SMI vigente al momento de la solicitud de la prestación. La cantidad a recibir mensualmente será la diferencia entre el SMI computado anualmente y la declaración de ingresos anuales del Abogado, prorrateada en doce meses. La finalidad de la prestación es lograr que ningún Abogado que haya prestado al menos quince años de servicio público al Turno de Oficio o Asistencia Jurídica Gratuita no disfrute de unos ingresos mínimos anuales iguales al menos al SMI.
La causa que fundamenta la finalidad de la prestación reside en que el Letrado asignado al Turno de Oficio, con antigüedad mínima de quince años, llegada la edad de su jubilación, no haya cotizado a la Seguridad Social ni a la Mutualidad General de la Abogacía, o lo haya hecho pero insuficientemente, y por ello no tenga derecho a pensión de jubilación o ésta sea inferior al SMI.
La justa reivindicación planteada evita situaciones lamentables de penuria económica de compañeros que después de haber dedicado quince años o más a la realización de funciones de carácter público, como es la defensa y asistencia jurídica a ciudadanos, encomendada por la Constitución Española, carezcan de unos ingresos mínimos para sobrevivir durante el período vital de jubilación a fin de conseguir que los compañeros en los que se dan las circunstancias relatadas tengan al menos un soporte económico vital mínimo que evite la mendicidad.
13.- Creación de una infraestructura material y física adecuada en todas las dependencias policiales y judiciales para la celebración de las entrevistas y la preparación de las actuaciones profesionales de los Letrados respecto de los justiciables cuya defensa jurídica les encomienda el Estado. La dignidad de la profesión y del Letrado actuante, como también y sobre todo el derecho a la intimidad y reserva del justiciable, demandan esta medida inaplazable en el tiempo.
14.- Gratuidad de los cursos de reciclaje de los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita que sean obligatorios para la prestación del servicio, promoviendo su impartición por vía telemática, así como la libre expedición de diplomas acreditativos al efecto.
15.- Homologación de los cursos de reciclaje de los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita que por su adscripción sean obligatorios a los efectos de puntuar en cuanto a mérito y capacidad en concursos y convocatorias de empleo público.
16.- Licencias gratuitas o a un precio simbólico para la utilización por los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita de las bases de datos de Legislación y Jurisprudencia facilitadas por las distintas Administraciones a Jueces y Fiscales.
17.- Establecimiento de redes Wi-Fi en todas las sedes judiciales, con libre acceso a las mismas por parte de los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita.
martes, 18 de septiembre de 2012
MESA REDONDA: “Derecho de huelga del Abogado del Turno de Oficio
Por ÁNGEL FRANCISCO LLAMAS LUENGO (Abogado ICAM e ICAAH)
Legalmente, el derecho de huelga se considera un derecho fundamental por la Constitución Española, reconociéndose como tal en el artículo 28.2 de la Constitución Española: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.”
Cada vez que los pilotos de IBERIA, los maquinistas de RENFE o los controladores aéreos, convocan una huelga los medios de comunicación suelen afirmar que no está regulado el derecho de huelga salvo por una normativa preconstitucional que es el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (B.O.E. de 9/marzo/1977).
La pregunta que surge con el título de la Mesa Redonda y que voy a intentar responder es obvia: ¿tenemos derecho de huelga los Abogados del Turno de Oficio?
I.- RESPUESTA LEGAL:
Dentro de la Sección 1ª (“De los derechos fundamentales y libertades públicas”), Capítulo II, Título Primero de la Constitución Española el artículo
28.2 reconoce como tal “el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.”
Asimismo, el artículo 4.1 del Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) reconoce que
“1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:
... e) Huelga...”
A su vez, el artículo 3 del Real Decreto-Ley 17/1977 establece en su punto 2 que están facultados para acordar la declaración de huelga los
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trabajadores, bien sea a través de sus representantes o directamente en el supuesto contemplado en dicha norma.
Visto que se trata de un derecho de los “trabajadores”, hay que buscar a quienes se refiere la normativa. El concepto de trabajador se encuentra en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores:
“La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.”
¿Estamos los abogados incluidos en dicho concepto?
Yo considero que NO porque no prestamos los servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica denominada empleador o empresario.
En primer lugar, el artículo 22 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita establece bajo el epígrafe “Gestión colegial de los servicios de asistencia letrada, de defensa y de representación gratuitas” que
“Los Consejos Generales de la Abogacía Española ... y sus respectivos Colegios regularán y organizarán a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición...”
Y lo que nos llega a los abogados que prestamos el Turno de Oficio, es la designación realizada por el Colegio, la cual no es una actuación imperativa dentro de su ámbito de organización y dirección de un empresario, sino que
“La abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades funcionales y a la justicia.”
“En el ejercicio profesional, el abogado queda sometido a la normativa legal y estatutaria, al fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional de la abogacía y al consiguiente régimen disciplinario colegial”.
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Esto es lo que declara el artículo 1 del Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio), y es aplicable tanto a los abogados particulares como a los que prestan el Turno de Oficio.
En consecuencia, desde el punto legal el derecho de huelga no estaría reconocido a los abogados que prestan el Turno de Oficio.
Asimismo, las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y demás órganos jurisdiccionales, a las que seguramente se referirán otros Ponentes, sin entrar a realizar una declaración expresa, van en el sentido de no reconocerlo y, en cualquier caso, hacer prevalecer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la defensa, revocando resoluciones de distintos Colegios de Abogados.
II.- HUELGA DE LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
Respecto a la Comunidad de Madrid, mediante Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, se aprobó el traspaso a la misma de funciones y servicios estatales relativos a personal laboral y a la provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, entre las que se incluyen el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las subvenciones correspondientes a las actuaciones profesionales en el ámbito de la Justicia Gratuita. Y en virtud de dicho traspaso de competencias, la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid aprobó el Decreto 86/2003, de 19/junio, publicado en B.O.C.M. 24/junio/2003 (en vigor desde el día siguiente a su publicación salvo los baremos) por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el cual hasta la fecha se mantiene vigente.
En el último trimestre del año 2010 se agudizan los problemas para los abogados que prestamos el Turno de Oficio en los Colegios madrileños; así:
- La Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid abona en el primer trimestre de 2010 la mayor parte de las retribuciones del ejercicio 2009.
- De la misma forma, esta Consejería no realiza ningún abono de las retribuciones que los Colegiados inscritos en el Turno de Oficio venimos devengando por los distintos turnos realizados durante el ejercicio 2010.
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- Los Colegios de Abogados tienen bastantes problemas para seguir abriendo líneas de crédito o “confirming”, dado que la Comunidad de Madrid no se compromete a realizar los pagos en ninguna fecha concreta. Se incrementan los intereses que se han de abonar y se hace insostenible su petición o mantenimiento por los Colegios; en Alcalá de Henares no se pudo suscribir a partir del verano del 2010.
- A finales de 2010, por la Comunidad de Madrid se anuncia a los Colegios de Abogados que, por la situación económica, no sabe cuando va a pagar el 2010, ni qué ocurrirá con el año 2011.
En esta situación, se produce la concentración ante la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid (Puerta del Sol) el 28 de febrero de
2011.
De esa concentración cabe destacar que, por primera vez en todo el proceso de reivindicaciones sobre el Turno de Oficio, acudió a la misma el DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID y actual Presidente del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, apoyando de esta forma con su presencia las justas reivindicaciones de los abogados que prestamos el Turno de Oficio y realizando declaraciones denunciando la situación de los abogados y advirtiendo de que, si persiste la situación, el Colegio no estaría en disposición de garantizar la prestación del Turno de Oficio por los Colegiados.
Fruto de esta situación, la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid se ve obligada a actuar ante la inminencia de la puesta en práctica de medidas reivindicativas.
Así, a principios del mes de Marzo de 2011, abona el 27% del 1º
trimestre/2010, el 100% del 2º y 3º trimestre/2010, el 100% de las Guardias del
4º trimestre/2010 y el 50% de los asuntos del 4º trimestre/2010. Esa es la buena noticia. La mala es que para pagar esos conceptos se gasta toda la partida presupuestaria del Turno de Oficio para el año 2011, año que a la fecha que se prepara esta Ponencia (Abril/2012) todavía no se ha pagado.
Ante dicha situación, las Juntas de Gobierno de los dos Colegios de la Comunidad de Madrid aprueban los siguientes acuerdos (a los que se llamó generalizadamente “huelga de los abogados del turno de oficio de Madrid”):
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COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID (17/mayo/2011): Tras incluir una motivación en la que expone las vicisitudes correspondientes al año 2010 y al proceso de negociación entablado con la Consejería de Justicia para solucionar el conflicto, que concluye afirmando:
“Cuarto.- El incumplimiento por la Comunidad de Madrid de sus obligaciones legales y su sistemática desatención a las justas demandas de la abogacía está comprometiendo un servicio que, como ya ha advertido este Colegio, no puede prestarse sometido a semejante cúmulo de dilaciones, incertidumbres, costes y riesgos. Se contraviene así el modelo de servicio público que, a partir de la Constitución, configuran la Ley 1/1996, el Real Decreto 996/2003 y, en el ámbito de la Comunidad, el Decreto 86/2003, sobre dos ejes complementarios: la encomienda a los Colegios de Abogados de la gestión y organización de los servicios de asistencia jurídica y la financiación pública, por vía de subvención, de dichos servicios por la Administración Pública territorial competente, de modo que “el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables” (Exposición de Motivos de la Ley
1/1996).
Quinto.- Los abogados, como ellos mismos manifiestan, no pueden soportar más la asimetría entre una dedicación y esfuerzo no reconocidos y la falta de cumplimiento por la Comunidad de sus obligaciones básicas.(...)
Sexto.- En esa situación, siendo absolutamente previsible el colapso del servicio, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados se ve en la necesidad de denunciar formalmente la situación de incumplimiento y desatención del servicio público de asistencia jurídica gratuita por parte de la Comunidad de Madrid y reordenar temporalmente las prestaciones a cargo del Colegio con la finalidad de asegurar la cobertura mínima de los servicios y evitar una irreversible lesión del derecho de defensa de los ciudadanos que son sus destinatarios entre tanto el Gobierno de la Comunidad adopta las decisiones oportunas para garantizar el correcto funcionamiento de este servicio público...”
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Se acordó:
“1º) Suspender hasta nuevo acuerdo todas las designaciones de Abogados que presten los servicios de Asistencia Letrada al Detenido y Turno de Oficio, salvo cuando la no designación pueda causar un perjuicio directo e irreversible al ciudadano de cuya defensa o asistencia se trate.
2º) En general, suspender todas las actividades del Colegio en la gestión de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita que no afecten al derecho de defensa de los ciudadanos.
3º) Las anteriores determinaciones serán efectivas a partir del día 1 de junio de 2011.
4º) Dar cuenta a las instituciones competentes del riesgo de quiebra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que resulta de la situación descrita y comunicar el presente acuerdo al Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid, al Consejo General de la Abogacía Española, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y Decano del Colegio de Procuradores de Madrid.”
El Colegio de Abogados de ALCALÁ DE HENARES aprobó en fecha
19/MAYO/2011 su acuerdo en idénticos términos al Colegio de Madrid
En cuanto al Colegio de Alcalá de Henares, en el que estoy inscrito en el Turno de Oficio, según la explicación dada por el Diputado Presidente de esa Comisión en una “asamblea de abogados del Turno de Oficio” el
24/mayo/2011, ello significaba:
1º) Turno de Oficio Civil: no se efectúan designaciones.
2º) Asistencia al Detenido: La Guardia de Asistencia al Detenido sigue igual, asistiéndose en centro de detención, Juzgado y Juicio Rápido.
3º) Turno de Oficio Penal: Se dejan de realizar las declaraciones de imputados en diligencias previas y exhortos, quedando a expensas de que el Colegio resuelva puntualmente la solicitud de designación que realice el Juzgado de Instrucción.
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4º) Violencia contra la Mujer: Se mantiene, realizándose también la designación para el ejercicio de la acción civil derivada (divorcio, ...).
5º) Servicio de Orientación Jurídica: Se suspenden las designaciones salvo que se pueda causar indefensión al solicitante.
6º) Las Oficinas Judiciales (en pueblos por convenio con la Comunidad de Madrid) se mantienen porque en ese caso sí está al día la Administración.
Tras la paralización de esos acuerdos en el mes de Junio de 2011 ante la expectativa de inicio de negociaciones con la nueva Consejera de Justicia designada tras las elecciones autonómicas de Mayo/2011, finalmente a partir de Septiembre de 2011 se vuelve a la normalidad en las designaciones, al menos en Alcalá de Henares.
Todavía no se han podido analizar plenamente las consecuencias porque, entre otros aspectos, desgraciadamente los Abogados del Turno de Oficio en la Comunidad de Madrid no han cobrado el año 2011, pudiendo confirmar los Colegios si se ha producido un ahorro por parte de la Consejería de Justicia al no haber designaciones durante algunos meses. Mi opinión es que no al menos en los procesos civiles, porque en Alcalá de Henares se paralizaron las designaciones pero se reanudaron en septiembre de 2011 y no se ha dejado ninguna solicitud sin cumplimentar.
III.- ACTUACIONES PROPIAS DE UNA HUELGA
A la fecha de la preparación de esta intervención (mes de abril de 2012), la Comunidad de Madrid no ha pagado lo que adeuda del año 2011 (íntegro) ni el primer trimestre de 2012, no existiendo visos de que vaya a hacerlo pronto.
No sólo eso; en el diario “LA RAZÓN” del 26/marzo/2012 se publicó una información acerca del nuevo programa informático de la Consejería de Justicia por el que, entre otras ventajas, permitirá controlar las actuaciones realizadas por el turno de oficio de forma que “a partir de ahora, sólo se procederá a pagar aquellos casos a los que la Comisión de Justicia Gratuita les reconozca este derecho”.
En Madrid la Comisión de Justicia Gratuita tarda varios meses (incluso más de un año) en resolver definitivamente la resolución del derecho a la justicia gratuita, con lo que se produce la situación real de que el abogado inicia su actuación con la designación provisional del Colegio y luego, con el
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transcurso de los meses, recibe la resolución denegatoria del derecho a la justicia gratuita de su cliente, con lo que el abogado pasaría a ser un esclavo.
Ello constituye una actuación manifiestamente contraria a la legalidad vigente, porque el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (Real Decreto
936/2003 de 25 de julio) establece en su artículo 38 que “Los abogados y
procuradores devengarán la retribución correspondiente a su actuación, en los porcentajes establecidos en el anexo II, una vez acrediten documentalmente ante sus respectivos colegios la intervención profesional realizada...”, y el Anexo III determina que “Los abogados y procuradores devengarán la indemnización correspondiente a su actuación en el turno de oficio, con arreglo a los siguientes porcentajes:
1.- Un 70 por 100 (sin ser exhaustivo):
a)- En procesos civiles, incluidos los de familia, a la presentación de la copia de la providencia de admisión de demanda o teniendo por formulada la contestación de ésta.
...c)- En procedimientos penales, a la presentación de la copia de la diligencia o solicitud de actuación procesal en que intervenga el letrado ... o de apertura del juicio oral...
2.- El restante 30 por 100 de los asuntos procedentes, a la presentación de la copia de la sentencia o resolución que ponga fin a la instancia...”
En cualquier actuación de huelga, tanto los Colegios de Abogados y Consejos Autonómicos como los propios abogados que prestan el turno de oficio, además de otras cuestiones que seguramente harán mención el resto de ponentes, deben de tener muy presente el artículo 463 del Código Penal, que condena como autores de un delito de obstrucción a la Justicia al abogado que dejase de comparecer voluntariamente sin justa causa ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional aunque no provoque la suspensión, y también el artículo 467, que condena por deslealtad profesional al abogado que perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados.
Frente a ello, actuaciones propias de una huelga serían:
1º) La renuncia de todos los abogados a prestar el Turno de Oficio. Entiendo que no puede realizarse con efectos retroactivos, esto es, a las designaciones anteriores al momento de la baja; en materia penal al menos,
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porque se contempla como delito en los expresados casos. Muy interesante sería estudiar si ello daría pie a reclamar a los abogados por responsabilidad patrimonial (posibilidad apuntada por el Consejo General de la Abogacía Española en su Informe C.J. Nº 2/2012), cuestión que los límites organizativos de esta ponencia sólo permiten enunciar a este ponente.
2º) La suspensión de las designaciones de varios turnos, como se hizo en el año 2011.
3º) Las ilegalidades derivadas del anunciado programa informático de la Comunidad de Madrid se evitarían con una suspensión de las designaciones aplicando del artículo 15 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que establece que
“...En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolución alguna en el plazo de quince días, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la cual, de modo inmediato, recabará el expediente al Colegio de Abogados ordenando, al mismo tiempo, la designación provisional de abogado (...), y seguirá, posteriormente, el procedimiento fijado en el artículo 17 de esta Ley.”
Y para materializar esta suspensión, los Colegios remitirían los expedientes a la Comisión a partir del día 16ª de la solicitud inicial (en Alcalá de Henares se resuelve aproximadamente en un mes) con un impreso firmado por el justiciable dando por reproducida su solicitud ante la Comisión si no hay resolución en el plazo de 15 días.
De esta forma:
a)- Se evitaría que el abogado designado asumiese los costes del inicio de su actuación así como los riesgos derivados de decidir cesar en su actuación profesional con la resolución denegatoria de la justicia gratuita.
b)- La actuación de los Colegios de Abogados tendría igualmente un respaldo legal.
c)- No se trataría de una designación provisional del Colegio de Abogados sino de la orden de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de proceder a la designación, esto es, del Ministerio o Consejería de Justicia, teniendo en cuenta que la legislación no dice que la justicia gratuita deba ser prestada a costa de los abogados ni de los Colegios: la Administración queda obligada a abonar las actuaciones realizadas con designación provisional suya.
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IV.- CONCLUSIONES
1º) Es absolutamente imprescindible la coordinación entre los entes corporativos de la Abogacía (Colegios de Abogados, los Consejos Autonómicos y el Consejo General de la Abogacía Española), de forma que se articule la unidad en la reclamación ante las diferentes Administraciones y se evite la descoordinación. Ello especialmente en las circunscripciones con más de un Colegio de Abogados, correspondiéndole la tarea de coordinación y la mayor defensa que quepa el Consejo General de la Abogacía Española.
2º) Dichos entes corporativos de la abogacía deben mantener una fluida relación y constante comunicación tanto con los abogados individuales como con las asociaciones y confederación de abogados del turno de oficio o las agrupaciones y confederación de abogados jóvenes, haciéndoles participar tanto en el tratamiento de todas las cuestiones derivadas del Turno de Oficio como en la toma de decisiones.
3º) El derecho de huelga no está reconocido legalmente a los abogados del turno de oficio; ello no obstante, los abogados individualmente y de forma colectiva sus órganos de gobierno y representación (colegios territoriales, consejos autonómicos y Consejo General de la Abogacía) pueden adoptar medidas que conlleven consecuencias similares a las derivadas del ejercicio del derecho de huelga.
4º) Individualmente, los abogados pueden renunciar a la prestación del turno de oficio, que deberá ser unánime (tanto en los que lo prestan como en los demás inscritos) y en todos los territorios para que surta los efectos de una huelga.
5º) Las demás medidas deben ser aprobadas por los Consejos General y Autonómicos, así como por los respectivos Colegios por tener estos órganos atribuida la gestión de los servicios de asistencia letrada de defensa gratuita.
6º) La obligación de garantizar la defensa y la asistencia de abogado es de los poderes públicos y no de los Abogados individuales o de sus Colegios (art. 546.1 LOPJ), por lo que las medidas que adopten los abogados y sus Colegios, incluidas la renuncia, la huelga o la paralización de las designaciones del Turno de Oficio, correctamente articuladas son lícitas.
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