miércoles, 25 de marzo de 2015
martes, 24 de marzo de 2015
INTRODUCCION EN PROCEDIMIENTOS CON DESIGNACION ABOGADO TURNO DE OFICIO, DE CAUSA DE INDEFENSION, POR FALTA DE RECURSOS PARA LLEVAR LA DEFENSA
Frente a las situaciones creadas de auténtica gravedad, que se vienen produciendo con cierta asiduidad en el día a día, en nuestras actuaciones como letrados de oficio, en los macro juicios y en otros procedimientos que conllevan desarrollar un trabajo y esfuerzo por encima de la actuación ordinaria en los juzgados, es importante marcar como objetivo, la introducción en nuestras alegaciones y escritos, en los asuntos en que somos designados, de la existencia o producción de indefensión, para la defensa de los intereses de nuestros clientes que nos ha sido adjudicada por nuestros Colegios Profesionales al estar incluidos en las listas de turnos que se confeccionan para asistir a ciudadanos en aplicación de la normativa sobre justicia gratuita , al no poder atender a los mismos, por carecer de los recursos necesarios para hacerlo, y que legalmente deben de ser facilitados por los servicios públicos de justicia gratuita.
El letrado actuante, debe hacer ver al Tribunal, la falta de medios personales, de los recursos necesarios, para la actuación de defensa que se nos requiere, al no ser facilitados por la Administración Pública, y que su persona carece de los mismos, no siendo requisito, y menos presunción de su tenencia por el Abogado, para estar inscritos en las listas de turnos existentes, y que la Ley actual, obliga a facilitar por parte de la administración de justicia competente, mediante la consiguiente “ subvención”, que deberá ser suficiente para la realización de su trabajo encaminado al cumplimiento de sus obligaciones a las que se ha comprometido. Obligaciones, deberes de defensa y en algunos casos de representación, que estarán supeditados, a la posibilidad de su realización que se ve impedida, por la falta de recursos personales, para financiar los recursos necesarios para hacerlos, y al carecer de ellos, se ve en la obligación de solicitar la suspensión del procedimiento, mientras no se habiliten los medios necesarios, para el cumplimiento de la tarea encomendada, dado que la mencionada carencia, produce plena indefensión a su cliente, por los causas expuestas de falta de recurso, que son ajenas al letrado al que se le encomienda unas actuaciones de gran complejidad, de arduo estudio, lectura o trabajo recopilatorio, de informes a realizar, con asistencia a declaraciones, comparecencias o celebración de vistas que conllevan personaciones o permanencias en los juzgados de varios días, en maratonianos horarios, y que el letrado no puede sufragar, ni mantener de su propio peculio, al carecer del mismo.
La falta de recursos o medios, precisos y necesarios que deben de ser facilitados al letrado designado de oficio, y que su omisión conlleva la solicitud de suspensión del procedimiento, por ser causa de indefensión para/con su cliente, consisten a titulo ejemplarizante:
- La compensación de los días y horas trabajados o consumidos, que dejan de ser productivos para el letrado, con la consiguiente pérdida de otras posibles fuentes de ingresos o supervivencia profesional, y de desatención de otros compromisos profesionales, cuando el asunto no se termina en días, semanas, meses e incluso años.
- Los gastos de transporte a los Juzgados, de comunicación con su cliente o con terceros, precisos para el trabajo encomendado, los gastos en alimentación, cuando las vistas son señaladas mañana y tarde.
- La no facilitación gratuita de fotocopias de las actuaciones, o en su caso de los medios de reproducción de las mismas, en el formato que fuere.
Si estos medios o recursos, no se facilitan al letrado, el letrado no puede efectuar su trabajo, dado la falta de recursos del propio letrado, para facilitarlos de forma personal o gratuita, dado que la escasa o nula “subvención” no llega para activar, conceder, conferir o proporcionar los recursos precisos o necesarios para realizar la defensa de los intereses de su cliente.
Similares o iguales alegaciones deben de ser formuladas, cuando el esfuerzo a realizar sobre el contenido de las actuaciones a realizar sobrepase los límites estándar, y se alegue que el letrado actuante, carece de los mismos. Llevando si fuera preciso, nuestra solicitud de suspensión con su pertinente alegación de indefensión hasta el Tribunal Constitucional, si no fuera atendida la solicitud de suspensión alegada, mientras no sean facilitados los oportunos recursos, para la realización del trabajo encomendado. Negación de la suspensión, si se produce, que conlleva sin duda, la negación de la tutela judicial efectiva, si el juez no suspende el procedimiento, hasta que se remedie la facilitación al letrado de los medios o recursos razonablemente precisos y necesarios. Se originara por tanto la indefensión, siguiendo la abundante jurisprudencia constitucional, cuando de forma ilegítima se prive o limite los medios de defensa producida en el seno de un proceso, produciendo en una de las partes, sin que le sea imputable, un perjuicio definitivo en sus derechos e intereses sustantivos. Se daría pues indefensión, cuando se priva a una parte o se la limita en sus medios de defensa, al no tener el letrado actuante los medios o recursos necesarios para la defensa de su cliente. En parecidas palabras se manifiesta el Tribunal Constitucional al indicar que "viene declarando reiteradamente que, en el contexto del artículo 24.1 CE, la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales.
El objetivo de esta propuesta que se formula, a la que se anima a desarrollar y cumplimentar, a todos los letrados del turno de oficio en los procedimientos ya expresados, es traspasar, nuestra reivindicación de dignificación de nuestra labor como abogados del turno, al ámbito judicial, para que resuelvan, sobre los medios necesarios, para la realización de nuestro trabajo, sin que en este caso, pueda resolverse por los tribunales, un incumplimiento de nuestras obligaciones al solicitar la suspensión de los procedimientos, sino más bien lo contrario, la imposibilidad material de su realización, por carencia de medios (estado de necesidad), para cumplirlas o realizarlas.
Fdo. Alberto Verón Izquierdo. Abogado
Vicepresidente de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT)
Presidente de la Asociación Zaragoza Turno de Oficio (ZATURNO)
jueves, 19 de marzo de 2015
La huelga de celo del turno de oficio en Madrid reduce a la mitad la asistencia jurídica gratuita
Los letrados de la justicia gratuita de la Comunidad de Madrid han atendido un 44% menos de casos que la semana pasada, según el Colegio de Abogados.
Los abogados del turno de oficio de la región están llamados a una huelga de celo que durará cinco semanas más.
Cientos de personas han podido verse afectadas por la suspensión de juicios, aunque aún no hay datos concluyentes.
La huelga de celo de los 5.500 abogados del turno de oficio que hay en la Comunidad de Madrid, y que se lleva desarrollando desde este lunes, ha reducido casi a la mitad la asistencia jurídica gratuita que se presta en la región. Si la semana pasada los letrados atendieron un total de 1.063 casos, en estos primeros cinco días la cifra se ha quedado en 592, un 44% menos, según datos proporcionados por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
La huelga de celo de los 5.500 abogados del turno de oficio que hay en la Comunidad de Madrid, y que se lleva desarrollando desde este lunes, ha reducido casi a la mitad la asistencia jurídica gratuita que se presta en la región. Si la semana pasada los letrados atendieron un total de 1.063 casos, en estos primeros cinco días la cifra se ha quedado en 592, un 44% menos, según datos proporcionados por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Durante la seis semanas que dure esta huelga, los abogados del turno de oficio se limitarán a prestar sólo los servicios de justicia gratuita que exige la ley, sin añadir prestaciones adicionales. Así, los letrados atenderán únicamente a detenidos, a víctimas de violencia de género, de trata o por cualquier otra cuestión relativa a los derechos humanos. Tampoco harán más horas extra en el servicio de orientación jurídica ni atenderán las peticiones para la asistencia a juicios rápidos. Según los propios letrados, esto ya ha provocado un notable retraso en cientos de casos. Las cifras todavía no son concluyentes, pero todo indica que la huelga, que ha tenido un seguimiento del 100%, según el ICAM, ha provocado que cientos de personas se hayan quedado sin que se les asigne un abogado, provocando la suspensión y el retraso de su proceso.
En su mayoría, los afectados por la huelga de celo son imputados por causas menores, como delitos de alcoholemia que no conllevan detención, impago de pensiones, pequeños robos o apropiación indebida. Esta huelga se debe a la postura que ha adoptado la Comunidad de Madrid de no revisar los precios de la justicia gratuita, según ha afirmado la decana de ICAM, Sonia Gumpert, que al principio de la huelga reconoció que los ciudadanos notarían la huelga, pero que sus derechos "no se resentirían". Gumpert también ha denunciado que la Comunidad adeuda a los letrados 15 millones de euros del segundo semestre del año pasado. Menos dotación presupuestaria Según la decana, la dotación presupuestaria en Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid es manifiestamente insuficiente para cubrir su coste real, teniendo en cuenta que desde el año 2010, ha reducido un 31% el gasto en este servicio. Así, el presupuesto 2015 de los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares para Justicia Gratuita es de 28,8 millones de euros, idéntica cifra a la designada en el ejercicio anterior, pese a que en 2014 la cantidad certificada como consecuencia de los expedientes tramitados ascendió a 31,3 millones de euros.
Según la decana, la dotación presupuestaria en Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid es manifiestamente insuficiente para cubrir su coste real, teniendo en cuenta que desde el año 2010, ha reducido un 31% el gasto en este servicio. Así, el presupuesto 2015 de los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares para Justicia Gratuita es de 28,8 millones de euros, idéntica cifra a la designada en el ejercicio anterior, pese a que en 2014 la cantidad certificada como consecuencia de los expedientes tramitados ascendió a 31,3 millones de euros.
A esta cifra, además, habría que sumar el déficit acumulado que se arrastra de los tres anteriores ejercicios y que asciende a 2,78 millones de euros. Este déficit se cubre con las cuotas de todos los colegiados madrileños. Son ellos los que están sufragando parcialmente y desde hace años este servicio público, cuya financiación corresponde, por mandato constitucional, a las administraciones públicas, incluida la subvención por tramitación de los expedientes que realizan los Colegios. Además, Madrid tiene una mayor renta per cápita y, sin embargo, la remuneración del turno de oficio por asunto es un 51% inferior a Galicia, un 99% respecto al País Vasco y un 36% respecto a Cataluña. El número de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita en 2014 ascendió 116.986, un 3,07% más con respecto a 2013.
En su mayoría, los afectados por la huelga de celo son imputados por causas menores, como delitos de alcoholemia que no conllevan detención, impago de pensiones, pequeños robos o apropiación indebida. Esta huelga se debe a la postura que ha adoptado la Comunidad de Madrid de no revisar los precios de la justicia gratuita, según ha afirmado la decana de ICAM, Sonia Gumpert, que al principio de la huelga reconoció que los ciudadanos notarían la huelga, pero que sus derechos "no se resentirían". Gumpert también ha denunciado que la Comunidad adeuda a los letrados 15 millones de euros del segundo semestre del año pasado. Menos dotación presupuestaria Según la decana, la dotación presupuestaria en Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid es manifiestamente insuficiente para cubrir su coste real, teniendo en cuenta que desde el año 2010, ha reducido un 31% el gasto en este servicio. Así, el presupuesto 2015 de los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares para Justicia Gratuita es de 28,8 millones de euros, idéntica cifra a la designada en el ejercicio anterior, pese a que en 2014 la cantidad certificada como consecuencia de los expedientes tramitados ascendió a 31,3 millones de euros.
Según la decana, la dotación presupuestaria en Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid es manifiestamente insuficiente para cubrir su coste real, teniendo en cuenta que desde el año 2010, ha reducido un 31% el gasto en este servicio. Así, el presupuesto 2015 de los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares para Justicia Gratuita es de 28,8 millones de euros, idéntica cifra a la designada en el ejercicio anterior, pese a que en 2014 la cantidad certificada como consecuencia de los expedientes tramitados ascendió a 31,3 millones de euros.
A esta cifra, además, habría que sumar el déficit acumulado que se arrastra de los tres anteriores ejercicios y que asciende a 2,78 millones de euros. Este déficit se cubre con las cuotas de todos los colegiados madrileños. Son ellos los que están sufragando parcialmente y desde hace años este servicio público, cuya financiación corresponde, por mandato constitucional, a las administraciones públicas, incluida la subvención por tramitación de los expedientes que realizan los Colegios. Además, Madrid tiene una mayor renta per cápita y, sin embargo, la remuneración del turno de oficio por asunto es un 51% inferior a Galicia, un 99% respecto al País Vasco y un 36% respecto a Cataluña. El número de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita en 2014 ascendió 116.986, un 3,07% más con respecto a 2013.
viernes, 13 de marzo de 2015
Los abogados de oficio madrileños van a la huelga hartos de cobrar 2 € la hora
Desde este lunes los abogados de oficio madrileños sólo prestarán asistencia a presos y no se asignará ningún letrado para la asistencia a imputados no detenidos ni para la asistencia a juicios rápidos.
El Colegio de Abogados de Madrid ha dicho basta. Las negociaciones entre los representantes de los letrados y la Consejería de Justicia de Madrid están rotas después de que la decana, Sonia Gumpert, y el consejero, Salvador Victoria, no hayan alcanzado un acuerdo para mejorar las retribuciones de los abogados del turno de oficio. "La política del Gobierno de Madrid es un ataque a la justicia gratuita", señalan en el Colegio de Abogados de Madrid.
Ante esta situación, desde este lunes los abogados sólo prestarán asistencia letrada a las personas privadas de libertad y no se asignará ningún letrado para la asistencia a imputados no detenidos, sea cual fuere el ilícito penal cometido y tampoco se atenderán las peticiones para la asistencia a juicios rápidos, salvo en casos excepcionales. Sin embargo, sí que serán atendidas las peticiones sobre violencia de género y trata de seres humanos.
Por ello, esta situación va a provocar un notable retraso en cientos de casos, pero como dice uno de los abogados que se dedica al turno de oficio "está mal que nos paguen con retraso, pero que se rían parece ya demasiado".
La guerra salarial
Un abogado de oficio cobra, según un estudio del Consejo General de la Abogacía, una media de dos euros a la hora. El Colegio de Abogados de Madrid recuerda que la Comunidad adeuda a los letrados 15 millones de euros del segundo semestre del año pasado. Una portavoz del colegio señala que en un juicio ordinario Madrid tiene el baremo más bajo de todas las comunidades autónomas con 240 euros y un profesional particular cobra por el mismo trabajo una media de 3.500 euros.
Un abogado de oficio cobra, según un estudio del Consejo General de la Abogacía, una media de dos euros a la hora. El Colegio de Abogados de Madrid recuerda que la Comunidad adeuda a los letrados 15 millones de euros del segundo semestre del año pasado. Una portavoz del colegio señala que en un juicio ordinario Madrid tiene el baremo más bajo de todas las comunidades autónomas con 240 euros y un profesional particular cobra por el mismo trabajo una media de 3.500 euros.
El Colegio y la Consejería comenzaron hace meses unas negociaciones para "la racionalización del sistema y la compensación económica" que reciben estos profesionales. Pero "la reiterada actitud de desprecio, abandono e ignorancia de la justicia gratuita y del turno de oficio por parte de la Consejería" ha hecho que se rompan las negociaciones, según los mismos portavoces de los letrados.
El Colegio de Abogados de Madrid cree que el presupuesto de Justicia de la Comunidad de Madrid es, "desde hace años, manifiestamente insuficiente para cubrir la demanda de la ciudadanía de asistencia letrada gratuita".
La Comunidad se hizo con las competencias de Justicia en 2003. Desde entonces, no sólo no se ha subido la asignación sino que el baremo se bajó un 20% en 2012. En las conversaciones se pidió recuperar el 20% que se perdió ese año y la subvención delServicio de Orientación Jurídica suprimida, unos 550.000 euros anuales. No se aceptaron esas reivindicaciones.
La oferta del Ejecutivo regional era "claramente insuficientes", según fuentes del colegio. Recuerdan también el retraso sistemático en el pago de los procesos. El retraso legal es de 60 días y en Madrid el real es de 150 días.
Las asociaciones profesionales del sector secundarán las movilizaciones propuestas, mientras que la propia decana quiere comparecer ante los grupos políticos en la Asamblea de Madrid para explicar la situación.
La respuesta de la Comunidad
Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid indicaron que el Gobierno no ha cambiado de postura en los últimos días. El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, aseguró que respetaba las quejas del Colegio de Abogados por los pagos al turno de oficio, pero aseguró que se abonan "en plazos adecuados" y, de hecho, "ya se ha liquidado todo el primer semestre de 2014".
Además, negó que se esté ocasionando "perjuicio" a los abogados por los retrasos en unos pagos que "son los adecuados" y cuyo plazo de abono es más corto que en otras comunidades autónomas.
"No es retraso -añadió- sino una labor de inspección y de supervisión de cada expediente que se realiza en un plazo más que razonable". Como ejemplo repitió que ahora se están revisando los expedientes del tercer trimestre de 2014". Por otra parte, el consejero explicó que los abogados de la Comunidad de Madrid reciben cantidades más altas que en las regiones donde paga el Ministerio de Justicia y añadió que cobran cantidades superiores a la media nacional.
Las asociaciones profesionales del sector secundarán las movilizaciones propuestas, mientras que la propia decana quiere comparecer ante los grupos políticos en la Asamblea de Madrid para explicar la situación.
La respuesta de la Comunidad
Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid indicaron que el Gobierno no ha cambiado de postura en los últimos días. El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, aseguró que respetaba las quejas del Colegio de Abogados por los pagos al turno de oficio, pero aseguró que se abonan "en plazos adecuados" y, de hecho, "ya se ha liquidado todo el primer semestre de 2014".
Además, negó que se esté ocasionando "perjuicio" a los abogados por los retrasos en unos pagos que "son los adecuados" y cuyo plazo de abono es más corto que en otras comunidades autónomas.
"No es retraso -añadió- sino una labor de inspección y de supervisión de cada expediente que se realiza en un plazo más que razonable". Como ejemplo repitió que ahora se están revisando los expedientes del tercer trimestre de 2014". Por otra parte, el consejero explicó que los abogados de la Comunidad de Madrid reciben cantidades más altas que en las regiones donde paga el Ministerio de Justicia y añadió que cobran cantidades superiores a la media nacional.
COMUNICADO DE LAS ASOCIACIONES DE LETRADOS DE MADRID
COMUNICADO
Las Asociaciones de Letrados de Madrid que suscriben (ALA Asociación Libre de Abogados, APAEM Asociación Profesional de Extranjería de Madrid, ALTODO Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno , CEAT Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio …), ante la suspensión del servicio de asistencia jurídica gratuita en Madrid y Alcalá de Henares a partir del 9 de marzo, DECLARAMOS:
Que es obligación del Estado el prestar una asistencia jurídica gratuita efectiva, el TEDH ha señalado (Kamsonski v Austria) que no basta una designación del letrado de oficio sin presupuestos adecuados que garanticen la representación efectiva.
Que la asistencia legal debe estar disponible en todas las fases del proceso, incluida la de custodia policial y su investigación preliminar (Caso Biba v Greece).
Que la infracción del Estado y en especial de la Comunidad de Madrid al Art. 6 CEDH viene siendo reiterada y tiene por objeto negar al justiciable una actuación y defensa activa, pese a que son los propios letrados del turno de oficio, quienes suplen y cubren las carencias en la defensa efectiva en especial las de presupuesto básico.
Que consideramos positivo el Acuerdo del ICAM con la tarea de impulsar la defensa del derecho a la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio y, apoyamos las campañas en contra de la Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Que reiteran su deseo de aunar esfuerzos en la realización de acciones, que tengan como objetivo difundir entre la ciudadanía la defensa del servicio público del acceso a la justicia gratuita, y la defensa del turno de oficio de los letrados que la ejercen.
Que expresan la necesidad de acciones tanto a nivel de la ciudadanía, letrados, como de los órganos colegiales, instituciones y la Administración en defensa del derecho a la justicia gratuita y el turno de oficio, dado el estado de la tramitación parlamentaria de la reforma de la LAJG.
Que es necesario impulsar mecanismos de visibilización de la vulneración del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita por parte de la Administración y la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia, que afecta a sectores como el del propio Registro Civil.
Que los Informes del Observatorio de Justicia y la Memoria del 2014 del ICAM, demuestran los recortes en el acceso a la justicia gratuita, y los baremos de pago inaceptables a los letrados del turno de oficio, cuya asfixia económica sólo tiene por objeto la privatización del servicio , y su práctica desaparición.
Llamamos a los compañeros letrados del turno de oficio de Madrid y Alcalá de Henares a movilizarnos en defensa del servicio público de asistencia letrada gratuita para todos los ciudadanos, para ello realizaremos en breve una serie de acciones, para lo cual pediremos vuestra participación.
Madrid , 9 de marzo de 2015
APAEM, ALA, ALTODO, CEAT
Las Asociaciones de Letrados de Madrid que suscriben (ALA Asociación Libre de Abogados, APAEM Asociación Profesional de Extranjería de Madrid, ALTODO Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno , CEAT Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio …), ante la suspensión del servicio de asistencia jurídica gratuita en Madrid y Alcalá de Henares a partir del 9 de marzo, DECLARAMOS:
Que es obligación del Estado el prestar una asistencia jurídica gratuita efectiva, el TEDH ha señalado (Kamsonski v Austria) que no basta una designación del letrado de oficio sin presupuestos adecuados que garanticen la representación efectiva.
Que la asistencia legal debe estar disponible en todas las fases del proceso, incluida la de custodia policial y su investigación preliminar (Caso Biba v Greece).
Que la infracción del Estado y en especial de la Comunidad de Madrid al Art. 6 CEDH viene siendo reiterada y tiene por objeto negar al justiciable una actuación y defensa activa, pese a que son los propios letrados del turno de oficio, quienes suplen y cubren las carencias en la defensa efectiva en especial las de presupuesto básico.
Que consideramos positivo el Acuerdo del ICAM con la tarea de impulsar la defensa del derecho a la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio y, apoyamos las campañas en contra de la Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Que reiteran su deseo de aunar esfuerzos en la realización de acciones, que tengan como objetivo difundir entre la ciudadanía la defensa del servicio público del acceso a la justicia gratuita, y la defensa del turno de oficio de los letrados que la ejercen.
Que expresan la necesidad de acciones tanto a nivel de la ciudadanía, letrados, como de los órganos colegiales, instituciones y la Administración en defensa del derecho a la justicia gratuita y el turno de oficio, dado el estado de la tramitación parlamentaria de la reforma de la LAJG.
Que es necesario impulsar mecanismos de visibilización de la vulneración del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita por parte de la Administración y la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia, que afecta a sectores como el del propio Registro Civil.
Que los Informes del Observatorio de Justicia y la Memoria del 2014 del ICAM, demuestran los recortes en el acceso a la justicia gratuita, y los baremos de pago inaceptables a los letrados del turno de oficio, cuya asfixia económica sólo tiene por objeto la privatización del servicio , y su práctica desaparición.
Llamamos a los compañeros letrados del turno de oficio de Madrid y Alcalá de Henares a movilizarnos en defensa del servicio público de asistencia letrada gratuita para todos los ciudadanos, para ello realizaremos en breve una serie de acciones, para lo cual pediremos vuestra participación.
Madrid , 9 de marzo de 2015
APAEM, ALA, ALTODO, CEAT
domingo, 8 de marzo de 2015
El decano del ICAV mantiene la petición de que se mejoren los baremos de los abogados del turno de oficio
- El ICAV tramita cada años 50.00 expedientes electrónicos de Justicia GratuitaEl decano del ICAV ha realizado estas manifestaciones una vez que se han hecho públicos los datos de tramitación de expedientes electrónicos. El ICAV tramita cada año unos 50.000 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita, una cifra que apenas presenta cambios de 2013 a 2014. Según explican desde el propio ICAV con este sistema se ahorran gestiones tanto al ciudadano como a la propia Administración y se evitan costes. Para la institución colegial, el expediente electrónico de Justicia Gratuita aporta transparencia en la gestión, elimina los errores del expediente administrativo y reduce el coste económico y los plazos de tramitación hasta en cuarenta días. Así la digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad. En un plazo máximo de 48 horas, el ICAV tiene en su poder toda la información necesaria para tramitar la concesión del beneficio de Justicia Gratuita.
viernes, 27 de febrero de 2015
EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID REDUCIRA SU ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA POR FALTA DE FINANCIACION
Victoria asegura que paga a los abogados de oficio "más y en un plazo más corto" que en otras regiones
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado este jueves que durante un periodo de seis semanas van a limitar a prestar los servicios de justicia gratuita y turno de oficio que exige la ley, sin añadir prestaciones adicionales como vienen haciendo, al considerar que este servicio cuenta con una "infradotación presupuestaria endémica" por parte de la Comunidad de Madrid, que está obligado a sufragar el gasto.
Así lo ha asegurado en rueda de prensa la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, quien ha asegurado que se han roto las negociaciones con la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para actualizar el pago a los abogados del Turno de Oficio y recuperar la reducción del 20 por ciento efectuado en 2012.
Por ello, Gumpert ha anunciado que a partir del 9 de marzo y durante seis semanas, el servicio de guardia de asistencia al detenido sólo se dirigirá a detenidos, víctimas de violencia de género y víctimas de trata. Además, el servicio de orientación jurídica se limitará "al cumplimiento estricto de las obligaciones legales", evitando las prestaciones adicionales que se llevaban a cabo. Finalmente, en cuanto a la justicia gratuita, tramitarán todos los expedientes siempre que incluyan la información completa ya sea por los órganos judiciales o por los ciudadanos.
En este sentido, la decana ha incidido en que la Comunidad de Madrid adeuda al Colegio de Abogados el tercer y cuarto trimestre de 2014, con un montante superior a los 15,2 millones de euros que el Gobierno regional se ha comprometido a pagar a finales de marzo. Sobre ello, Gumpert ha incidido que les están pagando en un promedio de 146 días, cuando la ley dicta que el pago a proveedores del sector privado debe realizarse en un máximo de 60 días.
Así, Gumpert ha recordado que la parte de sus servicios que no están siendo financiados por la Comunidad deben ser financiadas por las cuotas de los colegiados. "Sería impensable que los médicos tuvieran que asumir parte del coste de la Sanidad", ha remarcado.
La decana, que ha asegurado que no van a "cruzar la línea roja" de dejar a la ciudadanía sin los servicios jurídicos esenciales que exige la ley, ha apuntado que estarán "dispuestos a retomar conversaciones con la Comunidad en cualquier momento".
viernes, 6 de febrero de 2015
El Principado pagará en marzo sus atrasos del turno de oficio y en mayo comenzará a abonarlos regularmente
El Gobierno asturiano abonará el mes de marzo los trimestres atrasados del turno de oficio a los colegios de abogados de Oviedo y de Gijón y a partir de mayo empezará a abonarlos con un plan de pagos regular, reduciendo así a tres meses el tiempo de cobro, que en estos momentos suma una media de 4,4 meses.
OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, ha firmado un acuerdo en este sentido con el decano del Colegio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero, y el vicedecano del colegio de Abogados de Oviedo, Luis Albo Aguirre. Los tres han comparecido en rueda de prensa junto con el director general de Jusitica, José Luis Villaverde.
El Gobierno autonómico adeuda en estos momentos el segundo (1,6 millones) el tercer (1,09 millones) y el tercer trimestre (1,5 millones) de 2014. En total, la partida destinada al turno de oficio en 2014 fue de 5,7 millones de euros. El play incluye el pago de los tres trimestres entre la primera mitad de marzo y principios del mes de mayo, y partir de ese momento se abonoarían las cantidades con regularidad trimestral.
Tanto Herero como Villaverde y Martínez han vinculado los retraso acumulados a cuestiones técnicas del aparato burocrático. Así ha cifrado el incremento presupuestario en materia de justicia gratuita que ha venido afrontando el Gobierno autonómico en los últimos tres años: un 40% en 2012 (hasta los 3,8 millones), un 28,9% en 2013 (hasta los 4,9 millones) y un 16,28% en 2014 (hasta los 4,4 millones).
Ambos representantes colegiados han mostrado su satisfacción por este acuerdo firmado, que eliminar la "irregularidad" en los gastos, según ha explicado Sergio Herrero. Luis Albo ha valorado el "esfuerzo de gobernanza de la Consejería" que permite que el servicio de justicia gratuita se pueda seguir prestando durante las 24 horas y los 365 días del año.
LEY DE TASAS
Guillermo Martínez exigió al Gobierno central que cumpla con el mandato de la Ley de Tasas, en la que se prevé destinar una cantidad del dinero recaudado a sufragar el turno de oficio, circunstancia que hasta la fecha no ha hecho. "Asturias se ha mostrado en contra de esta norma, porque siempre ha considerado a la administración de justicia un servicio público, pero si la ley contempla destinar parte del dinero recaudado a la asistencia jurídica gratuita el Ejecutivo del señor Rajoy debe cumplir con ella", puntualizó el titular de Presidencia.
No es la primera vez que el Gobierno asturiano reclama al Ministerio de Justicia que cumpla sus compromisos con Asturias. El Consejero de Presidencia lo ha hecho en reiteradas ocasiones, tanto en encuentros personales con el Secretario de Estado de Justicia; en las conferencias sectoriales, la primera en diciembre de 2013 y la segunda en noviembre de 2014; en las reuniones técnicas de los directores generales de las comunidades autónomas en el ámbito de la Dirección General de Justicia, o en los foros más específicos, como el Grupo de Trabajo que debatió la propuesta de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que aún no ha sido presentada por el Ejecutivo central.
Guillermo Martínez demandó también que el Gobierno de España, con las comunidades autónomas con competencias transferidas de justicia, establezca un sistema que garantice la financiación suficiente para mantener el sistema de asistencia jurídica gratuita. "Así lo hemos solicitado como le decía en todas las ocasiones en las que nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia e, incluso, lo planteamos en una propuesta conjunta con Andalucía y Canarias de un modelo de financiación en el que la distribución y reparto ha de hacerse anualmente aplicando un criterio ponderado y proporcional que armonice lo recaudado en cada territorio por las tasas judiciales con el número potencial de personas con derecho a la asistencia jurídica gratuita", afirmó el Consejero de Presidencia.
El impacto real de la entrada en vigor de la Ley de Tasas, por la que se modifica la Asistencia Jurídica Gratuita, tuvo ya su reflejo económico durante el tercer y cuarto trimestre de 2013, con un incremento de 44.000 y 42.000 euros, respectivamente, respecto a los mismos periodos del año anterior, experimentando una espectacular subida en el primer y segundo trimestre de 2014 con subidas de 282.000 y 208.000 euros, respectivamente. De hecho el incremento presupuestario de 2015 en parte está destinado a amortizar las subidas producidas por la entrada en vigor de la ley de tasas, a expensas de que el Ministerio de Justicia ofrezca una solución satisfactoria en la financiación que corresponde a Asturias.
FINALMENTE, LA JUNTA CUMPLE, MAS VALE TARDE QUE NUNCA
La Junta de Andalucía abona 23,7 millones a abogados y procuradores para liquidar los servicios de asistencia jurídica gratuita de 2014
Con este abono, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, cumple el compromiso contraído con estos profesionales a finales de diciembre para sufragar todos los servicios correspondientes a 2014 y garantizar así esta asistencia jurídica fundamental para la ciudadanía sin recursos, ha destacado la Junta en una nota.
De esta cantidad abonada, la mayor parte --23,1 millones-- corresponde a los letrados, mientras que 610.050 euros se destinan a los procuradores.
El departamento que dirige Emilio de Llera cumple así lo acordado con letrados y procuradores para culminar ahora el pago total del pasado ejercicio, una cuantía que se suma al abono parcial ya realizado a finales de diciembre cuando se aportaron otros 6,8 millones de euros.
El consejero ha asegurado que "este abono pone de relieve que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario para el Gobierno andaluz y forma parte de las políticas sociales y por la igualdad que venimos defendiendo", destacando "la importancia de este servicio para garantizar la igualdad de la ciudadanía ante la justicia y que queremos situar al mismo nivel de la educación, la salud y la dependencia".
Asimismo, ha resaltado el "gran esfuerzo" de la Junta en el sostenimiento de la justicia gratuita "pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales" y ha cuantificado en cerca de 66,6 millones de euros la cantidad que la Administración autonómica ha venido abonando desde 2014 hasta ahora.
De esta cantidad, 61,1 millones se han destinado a los abogados y el resto --5,4 millones-- a los procuradores. Según el consejero, "este gran esfuerzo nos ha permitido reducir los plazos de los pagos y el volumen de las cuantías pendientes hasta liquidarlas por completo y ponernos al día con abogados y procuradores".
IMPLICACIÓN Y ESFUERZO DE ABOGADOS Y PROCURADORES
El consejero ha valorado también "el esfuerzo, implicación y profesionalidad" de los abogados y procuradores en la prestación de un servicio eficaz y de calidad a la ciudadanía y ha elogiado, al mismo tiempo, el clima de diálogo y acuerdo con los consejos andaluces de estos colegios profesionales para garantizar su prestación.
Más de 300.000 personas se benefician al año en Andalucía de la asistencia jurídica gratuita que prestan más de 9.000 profesionales, entre abogados --7.000-- y procuradores --2.000--.
De Llera ha subrayado también "la falta de respaldo financiero del Estado para la financiación de este servicio" y, a este respecto, ha censurado el "incumplimiento" hasta la fecha por parte del Ministerio de Justicia de la ley de tasas, que refleja en su texto la obligatoriedad de destinar su recaudación a la financiación de este servicio.
Así, ha aseverado que "Andalucía no ha recibido ni un solo euro hasta la fecha y el Ministerio ha recaudado ya más de 54 millones de euros en la comunidad por estas tasas judiciales sin destinar, por tanto, nada para el sostenimiento de este servicio esencial para la ciudadanía como así contempla la norma".
NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN
Para la mejora de la justicia gratuita, la Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión, denominado 'Temisa', que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos.
Esta nueva tecnología, puesta en marcha el pasado mes de octubre, los consejos andaluces de abogados y procuradores remiten telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.
domingo, 1 de febrero de 2015
LA JUNTA DE ANDALUCIA MINTIO A LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO
Día 16/01/2015 - 18.54h
La ATOH afirma que el colectivo solo ha ha recibido las cantidades correspondientes al primer trimestre 2014
La Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Huelva (ATOH) ha acusado a la Junta de Andalucía de incumplir su compromiso de abonar en la primera semana de enero al colectivo de abogados y procuradores cantidades atrasadas del pasado año.
Según la asociación, los abogados han percibido tan solo las guardias realizadas en el primer trimestre de 2014, de forma que la Junta deja todavía pendiente el resto de los servicios prestados durante el pasado año.
Según la asociación, los abogados han percibido tan solo las guardias realizadas en el primer trimestre de 2014, de forma que la Junta deja todavía pendiente el resto de los servicios prestados durante el pasado año.
Cada abogado ha recibido cantidades que oscilan entre los 100 y los 200 euros, cifra ésta muy alejada de los miles de euros que cada uno de ellos tiene pendiente de cobrar, por lo quela ATOH ha preguntado el destino de los 30 millones de euros que el consejero dijo que llegaría al colectivo.
jueves, 8 de enero de 2015
La Junta de Andalucía implanta un nuevo sistema para la gestión de la justicia gratuita
La Junta ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión de la justicia gratuita, denominado 'Temisa', con el objetivo de agilizar los trámites y aportar más transparencia a sus procedimientos, además de reducir el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos.
SEVILLA 6 (EUROPA PRESS)
Según ha informado en una nota la Consejería de Justicia e Interior, esta nueva aplicación tecnológica tiene como objetivo mejorar la gestión del programa de asistencia jurídica gratuita y homogeneizar al mismo tiempo toda la información aportada por los cerca de 9.000 abogados y procuradores encargados de la prestación de un servicio fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza la defensa legal ante los tribunales para aquellas personas que no disponen de recursos suficientes para ello.
El departamento que dirige Emilio de Llera ha puesto de relieve que con esta aplicación los consejos andaluces de abogados y procuradores remiten a la Junta las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel, al mismo tiempo que ha permitido a la Administración autonómica verificar automáticamente las actuaciones certificadas que se han de abonar.
Actualmente, esta nueva tecnología ya se encuentra operativa para los pagos de los servicios prestados por letrados y procuradores mientras que para el procedimiento de reconocimiento del derecho de la ciudadanía a beneficiarse de la justicia gratuita su puesta en marcha está prevista para este año.
'Temisa' tendrá también beneficios económicos y medioambientales al evitar el uso del papel para la realización de estas gestiones, ya que a partir de ahora pueden tramitarse de forma telemática. Así, los abogados y procuradores andaluces pueden presentar los escritos de justificación de los casos atendidos en materia de justicia gratuita desde sus propios ordenadores, lo que facilita de esta forma toda su tramitación.
Este avance tecnológico en la gestión de la justicia gratuita se ha enmarcado dentro del compromiso del Gobierno andaluz con este servicio esencial para la ciudadanía, un esfuerzo que ha permitido recientemente culminar la liquidación de todos los servicios prestados por abogados y procuradores durante 2014 con el abono de cerca de treinta millones de euros por este concepto.
La asistencia jurídica gratuita es un derecho básico que garantiza la representación letrada de los ciudadanos en procesos judiciales y su sostenimiento ha sido siempre una prioridad para la Junta, que hace frente a los gastos que genera el turno de oficio como es la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación. El Gobierno andaluz considera este servicio como un elemento más de las políticas sociales y por la igualdad que beneficia cada año a más de 300.000 personas.
SIMULADOR PARA CONOCER EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA
En el marco de esos avances, se ha instalado en la web de la Consejería de Justicia e Interior (http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/justicia/simulador-justicia.html) un simulador económico de que permite saber al instante si un ciudadano tiene derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.
En este simulador puesto en marcha el pasado mes de junio se hace una serie de preguntas para que el usuario pueda verificar si es beneficiario de la justicia gratuita, entre ellas si es víctima de violencia de género, tiene una discapacidad, ha sufrido un accidente que le ha dejado secuelas permanentes, el número de personas que forman la unidad familiar y los ingresos económicos que percibe.
domingo, 28 de diciembre de 2014
ANDALUCÍA SALE DE LA MOROSIDAD, EN LOS PAGOS DEL TURNO DE OFICIO. ARAGON, SU CONSEJERIA, NI TAN SIQUIERA ANUNCIA SALIR DE ELLA
Justicia pone al día los pagos del turno de oficio, al abonar 30 millones
Abogados y procuradores califican de "hito histórico" el pago de la deuda acumulada
Los pagos del turno de oficio a abogados y procuradores, que acumulaban un retraso de un año, serán puestos al día a primeros del 2015 año, algo que no sucedía desde hace 30 años, según el consejero Emilio Llera. Las transferencias hechas alcanzan los 29,8 millones de euros.
La decisión fue aplaudida por los colegios andaluces de abogados y procuradores, que la calificaron de “hito histórico”.
Llera lamentó que “el Gobierno central no haya cumplido con sus compromisos” porque, pese a que la ley de tasas establece que el importe de estas se vinculará a la justicia gratuita, de los 54 millones de euros recaudados por la Administración central por tasas en Andalucía no se haya remitido “ni un euro” a la comunidad.
El Gobierno andaluz invertirá este año en justicia gratuita un total de 66 millones de euros, sumando las transferencias de 29,8 millones de euros que se librarán en los próximos días para liquidar las deudas con abogados y procuradores.
La cantidad anual destinada por la Administración regional para justicia gratuita, a la que acuden en la región unas 300.000 personas en Andalucía, oscila entre los 35 y los 38 millones de euros. Llera garantizó que a partir del 2015 se mantendrá la puntualidad en los pagos, que serán efectuados trimestralmente.
El consejero dijo que la justicia gratuita, asistida en la región por unos 7.000 abogados y unos 2.100 procuradores, es una prioridad del Gobierno andaluz por tratar se de "otra política social más, que debe estar a la altura de la educación, la sanidad y la dependencia
La decisión fue aplaudida por los colegios andaluces de abogados y procuradores, que la calificaron de “hito histórico”.
Llera lamentó que “el Gobierno central no haya cumplido con sus compromisos” porque, pese a que la ley de tasas establece que el importe de estas se vinculará a la justicia gratuita, de los 54 millones de euros recaudados por la Administración central por tasas en Andalucía no se haya remitido “ni un euro” a la comunidad.
El Gobierno andaluz invertirá este año en justicia gratuita un total de 66 millones de euros, sumando las transferencias de 29,8 millones de euros que se librarán en los próximos días para liquidar las deudas con abogados y procuradores.
La cantidad anual destinada por la Administración regional para justicia gratuita, a la que acuden en la región unas 300.000 personas en Andalucía, oscila entre los 35 y los 38 millones de euros. Llera garantizó que a partir del 2015 se mantendrá la puntualidad en los pagos, que serán efectuados trimestralmente.
El consejero dijo que la justicia gratuita, asistida en la región por unos 7.000 abogados y unos 2.100 procuradores, es una prioridad del Gobierno andaluz por tratar se de "otra política social más, que debe estar a la altura de la educación, la sanidad y la dependencia
miércoles, 3 de diciembre de 2014
ARAGON LA COMUNIDAD AUTONOMAS MAS MOROSA CON LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO
EL MINISTRO DE JUSTICIA, INDICA QUE MEJORARA LA JUSTICIA GRATUITA
En este sentido ha dicho que ya se ha introducido una enmienda en la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2015 para financiar con seis millones de euros la partida destinada a justicia gratuita y que el reparto de esta cantidad se materializará a través de convenios con las comunidades autónomas para garantizar la mejor prestación del servicio.
Esperemos, que DGA con este impulso económico, pague todo lo adeudado a los abogados aragoneses, dado que llevamos mas de tres años soportando una deuda y un retrasos de 12 meses en los pagos, y lo peor de todo, oyendo a unos y otros, la buena labor realizadas en Turno de Oficio y Servicios de Orientación Jurídica , pero manteniendo, año tras, la morosidad con el colectivo de abogados. Hasta el punto, que el resto de las Comunidades Autónomas, se han puesto al día, y Aragón, no lo ha hecho.
En este sentido ha dicho que ya se ha introducido una enmienda en la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2015 para financiar con seis millones de euros la partida destinada a justicia gratuita y que el reparto de esta cantidad se materializará a través de convenios con las comunidades autónomas para garantizar la mejor prestación del servicio.
Esperemos, que DGA con este impulso económico, pague todo lo adeudado a los abogados aragoneses, dado que llevamos mas de tres años soportando una deuda y un retrasos de 12 meses en los pagos, y lo peor de todo, oyendo a unos y otros, la buena labor realizadas en Turno de Oficio y Servicios de Orientación Jurídica , pero manteniendo, año tras, la morosidad con el colectivo de abogados. Hasta el punto, que el resto de las Comunidades Autónomas, se han puesto al día, y Aragón, no lo ha hecho.
domingo, 16 de noviembre de 2014
EL MINISTERIO DE JUSTICIA ESCUCHA, LAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y EL " NO" AL PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA, DE LA ABOGACIA ASOCIATIVA
El martes 12 de noviembre de 2014, tuvo lugar la reunión de los representantes de diversas Asociaciones en defensa del turno de oficio, de las de los abogados que se esfuerzan en ello y defienden sus intereses, de sus especialidades, así como de la abogacía joven, con la Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia y con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.
La Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, escuchó de propia mano, de los abogados que trabajan en el turno de oficio, los motivos y la falta de acuerdo, con el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita, en la actualidad paralizado o en suspenso, en el Congreso de los Diputados, gracias a las presiones de los abogados y las consideraciones del nuevo Ministro de Justicia.
Además de escuchar nuestra quejas y reivindicaciones, se hicieron nuevas propuestas alternativas, mejorando las ya realizadas, durante más de año y medio de elaboración de enmiendas, a los sucesivos borradores y anteproyectos a la ley reguladora de la Justicia Gratuita en España.
Así pudo hablarse, en otras muchas, de la propuesta de supresión del doble control en las designaciones, la eliminación de la doble designación, primero provisional y después definitiva, en una única y definitiva designación, que ahorraría tiempo y burocracia, en la concesión de abogado y procurador. Exponiendo la inconsistencia de mantener dos controles, el primero por Colegios de Abogados y el segundo por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
También se manifestaron los problemas que se están creando sobre todo en los Juzgados de lo Penal, ante la avalancha de juras de cuentas, provocadas por los impagos producidos en las actuaciones de los abogados de oficio, por la no concesión de la justicia gratuita, y la obligada reclamación al solicitante de justicia gratuita, al que se le deniega en muchos casos el derecho a litigar, por no presentar la documentación pertinente, para luego finalmente resultar insolventes en las juras de cuentas, y no cobrar los abogados y procuradores por su trabajo. Estas reclamaciones económicas de los abogados del turno de oficio, obligadas por ley, para el cobro de sus retribuciones, entorpecen la labor de los Juzgados de lo Penal, a la vez, que aumentan también el número de impugnaciones o recursos de las resoluciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, en los juzgados, volviendo y no evitando, las situaciones ya superadas históricamente, en las que los Jueces eran los que resolvían en piezas separadas las concesiones o no de la Justicia Gratuita, a los usuarios del servicio público. Se dijo que un servicio público como el de la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos, no debe ser reclamado su pago a los usuarios, por el abogado o procurador actuante en el asunto encomendado. El abogado y procurador debe ser retribuido por la totalidad de sus prestaciones, por quien le encomienda el servicio, no por quien lo disfruta. Las prestaciones realizadas tienen un contenido de gratuidad para el ciudadano, que en caso de que no se conceda el derecho a asesoramiento y defensa, será el Estado o la Comunidad Autónoma competente, quien deberá reclamar al ciudadano las prestaciones que ha realizado, y en caso de no pago voluntario, exigir por la vía de reclamo estipulada legalmente, en su caso por el procedimiento de apremio.
Se hizo incapié, que las resoluciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, al ser resoluciones administrativas, deben ser recurridas en la jurisdicción contencioso-administrativa, liberando al Tribunal o Juzgado que lleva el asunto encomendado, para el que el usuario del servicio, reclama la gratuidad de la actuación del letrado y procurador designado. La resolución denegatoria de justicia gratuita, debería conllevar la consiguiente liquidación del servicio realizado al ciudadano, y posibilitar su recurso en la jurisdicción contencioso administrativa, como cualquier otra resolución de carácter administrativo. El letrado y procurador, deben cobrar sus retribuciones por las prestaciones realizadas, a cargo del pagador público, que es quien en definitiva le encarga la realización de sus prestaciones, nunca del usuario del servicio.
Se indico, que la Ley de Justicia Gratuita, debe ser calificada de orgánica, al tratar del derecho de defensa, reconocido como derecho fundamental, por la Constitución, debe garantizar y fijar los plazos de pago de las retribuciones de abogados y procuradores de oficio expresamente, dando plena seguridad de su abono, desbancar que los ingresos que perciben abogados y procuradores, se denominen subvención, dado que no responden esta calificación jurídica, a la verdadera naturaleza de los abonos percibidos, habiéndose fallado por los tribunales, en el sentido de no considerar los pagos subvenciones, en dos sentencias firmes en la actualidad.
En definitiva, se intentó mostrar, que la lucha por la dignidad, por el trabajo bien realizado por los abogados y procuradores de oficio, debe ser reconocida plenamente, advirtiendo de que la falta de una regulación efectiva y racional, solo podrá traer como consecuencia el caos en los tribunales de justicia, y un empeoramiento en las relaciones con la Administración de Justicia, a la que se ha concedido un tiempo, para que reflexione con honestidad sobre la situación creada por el proyecto de ley.
Creyendo que si no se produce, un cambio drástico en el desarrollo legislativo en la materia, para el que se necesita una verdadera negociación, con el consiguiente avance en las propuestas mostradas, nos veremos abocados al planteamiento de medidas contundentes, a las que hemos dado un respiro, suspendiéndolas, al igual que se ha hecho con el proyecto de ley, para constatar si el nuevo talante ministerial, fructifica en verdaderos cambios, que denoten beneficios, frente a la situación actual, para "los trabajadores" (otros les llaman operadores jurídicos) de " la defensa de los ciudadanos" que por su situación económica precisan de un asesoramiento y defensa jurídica gratuito, tal y como indica nuestra Constitución.
Fdo. Alberto Verón Izquierdo
Vicepresidente Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT)
Presidente de la Asociación Zaragoza. Turno de Oficio (ZATURNO)
NINGUNA PRESTACION SIN RETRIBUCION,
La Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, escuchó de propia mano, de los abogados que trabajan en el turno de oficio, los motivos y la falta de acuerdo, con el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita, en la actualidad paralizado o en suspenso, en el Congreso de los Diputados, gracias a las presiones de los abogados y las consideraciones del nuevo Ministro de Justicia.
Además de escuchar nuestra quejas y reivindicaciones, se hicieron nuevas propuestas alternativas, mejorando las ya realizadas, durante más de año y medio de elaboración de enmiendas, a los sucesivos borradores y anteproyectos a la ley reguladora de la Justicia Gratuita en España.
Así pudo hablarse, en otras muchas, de la propuesta de supresión del doble control en las designaciones, la eliminación de la doble designación, primero provisional y después definitiva, en una única y definitiva designación, que ahorraría tiempo y burocracia, en la concesión de abogado y procurador. Exponiendo la inconsistencia de mantener dos controles, el primero por Colegios de Abogados y el segundo por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
También se manifestaron los problemas que se están creando sobre todo en los Juzgados de lo Penal, ante la avalancha de juras de cuentas, provocadas por los impagos producidos en las actuaciones de los abogados de oficio, por la no concesión de la justicia gratuita, y la obligada reclamación al solicitante de justicia gratuita, al que se le deniega en muchos casos el derecho a litigar, por no presentar la documentación pertinente, para luego finalmente resultar insolventes en las juras de cuentas, y no cobrar los abogados y procuradores por su trabajo. Estas reclamaciones económicas de los abogados del turno de oficio, obligadas por ley, para el cobro de sus retribuciones, entorpecen la labor de los Juzgados de lo Penal, a la vez, que aumentan también el número de impugnaciones o recursos de las resoluciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, en los juzgados, volviendo y no evitando, las situaciones ya superadas históricamente, en las que los Jueces eran los que resolvían en piezas separadas las concesiones o no de la Justicia Gratuita, a los usuarios del servicio público. Se dijo que un servicio público como el de la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos, no debe ser reclamado su pago a los usuarios, por el abogado o procurador actuante en el asunto encomendado. El abogado y procurador debe ser retribuido por la totalidad de sus prestaciones, por quien le encomienda el servicio, no por quien lo disfruta. Las prestaciones realizadas tienen un contenido de gratuidad para el ciudadano, que en caso de que no se conceda el derecho a asesoramiento y defensa, será el Estado o la Comunidad Autónoma competente, quien deberá reclamar al ciudadano las prestaciones que ha realizado, y en caso de no pago voluntario, exigir por la vía de reclamo estipulada legalmente, en su caso por el procedimiento de apremio.
Se hizo incapié, que las resoluciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, al ser resoluciones administrativas, deben ser recurridas en la jurisdicción contencioso-administrativa, liberando al Tribunal o Juzgado que lleva el asunto encomendado, para el que el usuario del servicio, reclama la gratuidad de la actuación del letrado y procurador designado. La resolución denegatoria de justicia gratuita, debería conllevar la consiguiente liquidación del servicio realizado al ciudadano, y posibilitar su recurso en la jurisdicción contencioso administrativa, como cualquier otra resolución de carácter administrativo. El letrado y procurador, deben cobrar sus retribuciones por las prestaciones realizadas, a cargo del pagador público, que es quien en definitiva le encarga la realización de sus prestaciones, nunca del usuario del servicio.
Se indico, que la Ley de Justicia Gratuita, debe ser calificada de orgánica, al tratar del derecho de defensa, reconocido como derecho fundamental, por la Constitución, debe garantizar y fijar los plazos de pago de las retribuciones de abogados y procuradores de oficio expresamente, dando plena seguridad de su abono, desbancar que los ingresos que perciben abogados y procuradores, se denominen subvención, dado que no responden esta calificación jurídica, a la verdadera naturaleza de los abonos percibidos, habiéndose fallado por los tribunales, en el sentido de no considerar los pagos subvenciones, en dos sentencias firmes en la actualidad.
En definitiva, se intentó mostrar, que la lucha por la dignidad, por el trabajo bien realizado por los abogados y procuradores de oficio, debe ser reconocida plenamente, advirtiendo de que la falta de una regulación efectiva y racional, solo podrá traer como consecuencia el caos en los tribunales de justicia, y un empeoramiento en las relaciones con la Administración de Justicia, a la que se ha concedido un tiempo, para que reflexione con honestidad sobre la situación creada por el proyecto de ley.
Creyendo que si no se produce, un cambio drástico en el desarrollo legislativo en la materia, para el que se necesita una verdadera negociación, con el consiguiente avance en las propuestas mostradas, nos veremos abocados al planteamiento de medidas contundentes, a las que hemos dado un respiro, suspendiéndolas, al igual que se ha hecho con el proyecto de ley, para constatar si el nuevo talante ministerial, fructifica en verdaderos cambios, que denoten beneficios, frente a la situación actual, para "los trabajadores" (otros les llaman operadores jurídicos) de " la defensa de los ciudadanos" que por su situación económica precisan de un asesoramiento y defensa jurídica gratuito, tal y como indica nuestra Constitución.
Fdo. Alberto Verón Izquierdo
Vicepresidente Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT)
Presidente de la Asociación Zaragoza. Turno de Oficio (ZATURNO)
NINGUNA PRESTACION SIN RETRIBUCION,
ARAGON LA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE MAS TARDA EN PAGAR EL TURNO DE OFICIO.
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