La situación se radicaliza en determinados lugares. En Castellón, un joven letrado afronta una huelga de hambre al tener pendiente de pago casi 8.000 euros |
Lograr las mismas remuneraciones en cualquier lugar de España y tener proceso más ágil de pago, son las reivindicaciones de los más de 42.000 abogados del Turno de Oficio, profesionales que cuidan los derechos de los más desfavorecidos en unas condiciones lamentables que reclaman al Gobierno que salga de las urnas. En estos días este colectivo vuelve a ser noticia por la decisión tomada de un joven abogado de Castellón, adscrito al Turno de Oficio, de emprender una huelga de hambre hasta que se le sea abonada la cantidad que se le debe, sobre los 8000 euros. Javier Díaz-Flores, (en la foto) adscrito a los Turnos de Castellón y Valencia solo ha recibido buenas palabras de los decanos de estos colegios y escasa comprensión de la Generalitat Valenciana que afirma estar en bancarrota. Mientras tanto sus compañeros de ALTODO y APROED se han solidarizado con la iniciativa de este joven letrado, que hace un año superó un cáncer, ante la preocupación de su madre y novia. La espera se hace eterna y todo el mundo espera la aportación del Ministerio de Hacienda al FLA, Fondo de Liquidez Autonómico a mediados de mes para que el Turno de Oficio en Levante quede regularizado. Mientras tantos muchos abogados como Javier se autofinancian para llegar a fin de mes, sin dejar de atender sus compromisos profesionales hacia los ciudadanos más desfavorecidos.
Hablamos con Javier Díaz-Flores; su gesta ya está publicada en un periódico de Levante y gracias a compañeros de Madrid hemos podido localizarle. Mañana miércoles será su décimo día en huelga de hambre. Castellón y Valencia son las ciudades donde realiza el Turno de Oficio desde hace dos años. “Llevamos seis meses sin cobrar y la situación es crónica. Me enfadé mucho cuando recibí circular del ICAV valenciano anunciándonos una regulación de los pagos, cuestión que no se ha logrado. No podemos cobrar a dos euros neto la hora”, afirma. A su juicio, el cambio político en la Comunidad Valenciana, con la coalición PSOE-Compromis, no ha solucionado el problema que ellos denunciaban en la oposición. “No hago esto por dinero, sino por dignificar nuestra actividad. El mensaje que se manda desde los poderes públicos es marginal, similar al que se ha dado con la Ley de Dependencia. Nosotros defendemos a los más desfavorecidos pero parece que no importa”, indica.
A juicio de este joven jurista, que sigue trabajando pese al ayuno que realiza, con este tipo de situaciones que sufren los abogados del Turno de Oficio, está en peligro el Estado de Derecho y nuestra democracia. “Ahora en campaña electoral se habla de recortes en sanidad y educación pero de Justicia no se habla nada. En uno de los mítines últimos fui a saludar a la Consellera Gabriela Bravo con quien puede conversar sobre este tema. Me afirmo que hay que esperar al FLA, Fondo de Liquidez Autonómico para que podamos cobrar; todo está tramitado pero no hay dinero para pagarnos, nos comentó. Me pareció una persona cercana y amable pero incapaz de dar una solución”. Respecto al resto de partidos políticos, nuestro interlocutor nos revela que ninguno le ha llamado o preocupado por su situación. “Creo que harán el pago antes de las elecciones para intentar ganar más votos”, señala y notamos que su ánimo se encrespa. A su juicio, ese dinero recaudado por las tasas judiciales, tal y como dice la propia ley en su artículo once, debería revertir en la mejora de la Justicia Gratuita.
Cuando contactamos con la Generalitat Valenciana un portavoz de la misma nos corrobora las palabras del propio Javier. La falta de liquidez es alarmante y se espera que el FLA reordena la situación financiera de esta CCAA. Reconocen que ese dinero de Hacienda debería haber llegado el 1 de noviembre y ahora se espera para mediados de este mes. Y es que a todos los proveedores a los que la Generalitat les debe más de un millón de euros no está cobrando ninguno. “Las arcas están vacías, no hay un euro”, comentan. Las prioridades pagos las marca la ley: la propia Generalitat está pagando los intereses de una deuda que sobrepasa los 40.000 millones de euros y el resto va para farmacias. La llegada del FLA, es por ello, necesaria para que los proveedores y abogados del Turno de Oficio cobren lo que se les adeuda. Ya la propia Consellera Bravo cuando vino a Madrid a firmar un convenio con el Ministerio de Justicia anticipada esta situación de bancarrota.También se espera que con los nuevos Presupuestos desde el 1 de enero se reconduzca la situación. Sobre Lexnet y la justicia digital, son conscientes en Valencia que no llegarán a esa fecha a tener las comunicaciones electrónicas desarrolladas al cien por cien.
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Según han informado fuentes de la Generalitat, Bravo ha recibido hoy al presidente del Consejo Valenciano de Colegio de Abogados y a los decanos de ocho instituciones colegiales de la Comunitat Valenciana, a los que ha trasmitido su compromiso en alcanzar una justicia gratuita de calidad.
Durante la reunión de trabajo, los miembros del Consejo le han transmitido las dificultades que atraviesa la justicia gratuita en la comunidad tras los recortes de los baremos de remuneración que se produjeron en 2005.
La consellera ha anunciado que solicitará un informe jurídico a la Abogacía de la Generalitat sobre las posibilidades de mejorar la retribución de los abogados del turno de oficio.
Los decanos de los colegios plantearon la necesidad de crear un "Observatorio de la Justicia", pero tras analizar el tema aceptaron la propuesta de la consellera Bravo de optar por un modelo de colaboración más ágil y eficaz, han añadido las mismas fuentes.
Se trata de un foro para la mejora de la justicia que congregará a todos los operadores jurídicos (jueces, fiscales, secretarios, abogados, funcionarios y procuradores) que identifique las necesidades de la administración de Justicia y proponga posibles soluciones, así como valore su coste y determine las vías de financiación más adecuadas.
A la reunión acudieron el presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, Mariano Durán Lalaguna; Fernando Candel, decano del colegio de Alicante; Manuel Almarcha, decano de Orihuela; Joan Tamarit, decano de Sueca; Rafael Bonmatí, decano de Valencia; Antonio Esteban, decano de Castellón, y Vicente Pascual, decano de Elche.